El dictador nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la cogobernante Rosario Murillo, asumieron oficialmente el 10 de enero un nuevo mandato de cinco años, pese al desconocimiento internacional al malogrado proceso electoral en Nicaragua en noviembre pasado. Su nuevo gobierno ilegítimo es fruto de 15 años de destrucción de la institucionalidad del país, que lo han convertido en un “todopoderoso”, que no ha dejado piedra sobre piedra en materia de independencia de los poderes del Estado, explican analistas, quienes advierten que la ilegitimidad de Ortega alcanza a los mismos diputados.
Junto a Ortega, quien asumió por quinta vez y cuarta consecutiva la Presidencia de Nicaragua, y Murillo su segundo mandato como vicepresidenta, 91 diputados de la Asamblea Nacional —institución que se mantiene bajo el control del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—, también quedaron instalados para el periodo 2022-2026.
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Sin embargo, los diputados electos para ocupar los 91 curules en la Asamblea Nacional, así como los cargos de presidente y vicepresidente fueron designados en las cuestionadas votaciones del pasado 7 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral (CSE), dirigido también por magistrados afines a Ortega, le asignó al partido FSLN el 75.87 de los votos, por lo que el proceso electoral, carente de garantías y libre participación de los partidos políticos, fue declarado ilegítimo por la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), Estados Unidos, Canadá y gran parte de la comunidad latinoamericana.
Destrucción del orden democrático
Ortega, de 76 años de edad, entra a otro mandato por un período de cinco años (2022-2026). La primera vez que asumió la Presidencia tenía 39 años, para el período 1985-1990. Perdió las elecciones de 1990, pero regresó a gobernar en 2007. Desde entonces ha retenido el poder con acusaciones de fraudes electorales, manipulación de las leyes, concentración de poder y represión contra todo tipo de oposición y crítica.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó este jueves 13 de enero su informe anual “América Latina: Alarmante retroceso de libertades básicas”, en el que señala que desde que Ortega retornó al poder en 2007 ha desmantelado prácticamente todos los controles institucionales al poder presidencial.
«Destituyó a legisladores de la oposición en 2016 y excluyó a partidos políticos opositores de cara a las elecciones presidenciales de 2021», argumentó el organismo internacional.
Pero no solo el Ejecutivo, el Legislativo y el Electoral están bajo el mando de Ortega, el Judicial también, que dirige la magistrada orteguista Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Es decir, en Nicaragua no existe la independencia de los poderes del Estado.
Ilegitimidad total
Especialistas consultados por LA PRENSA, sobre la legitimidad de los diputados de la Asamblea Nacional (AN), electos en las elecciones generales del 7 de noviembre y los demás poderes del Estado, explicaron que en un gobierno autoritario no existe la ilegitimidad parcial, sino total, “pues todo es controlado por el dictador”.
“Siendo este un gobierno autoritario, no existe prevalencia de la división de poderes y por tanto el poder ejecutivo, en este caso ostenta el control de los demás poderes del Estado”, opinó el internacionalista y analista político Pedro Fonseca, miembro del observatorio independiente Urnas Abiertas.
El analista político y exdiputado liberal, Eliseo Núñez, expresó que la lógica democrática no es el camino para analizar la situación actual de Nicaragua, pues “bajo la lógica totalitaria no existe un poder legislativo como tal, existe solamente un poder y es el que emana del autócrata, así que la ilegitimidad no es seccionada, es total”.
“En Nicaragua lamentablemente al no ser un sistema democrático, los controles, fiscalizaciones institucionales y sociales no existen porque se ha cooptado el Estado por parte de la dictadura y por ende se han cerrado todas las vías de participación social, llevando a que precisamente el sistema democrático fracase, deje de ser funcional y se transforme en un régimen como lo conocemos, autoritario”, reiteró Fonseca.
Así quedaron distribuidos los curules en la AN
El parlamento nicaragüense se mantiene bajo el control de Ortega, que los próximos cinco años tendrá una bancada de 75 diputados, cinco más que en el período anterior.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) tendrá una bancada de 10 diputados, cuatro menos que antes.
Los demás partidos que quedaron iguales: Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) dos; Partido Liberal Independiente (PLI), dos; una diputada por el partido Alianza por la República (Apre) y un diputado en representación al partido regional del Caribe Norte, Yatama, para un total de 91 curules.
Además, el presidente reelecto de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, es uno de los leales al régimen de Daniel Ortega. Lleva 20 años siendo diputado de la AN y en la cuestionada elección de noviembre pasado fue reelegido para cinco años más. El domingo 9 de enero también fue reelegido como presidente de la Junta Directiva del Legislativo. En el período anterior también fue presidente los cinco años (2017-2022).
¿Quién regula la legitimidad de los poderes en un país?
La internacionalista y politóloga Jazmín Balaguer explicó que en este caso internamente de Nicaragua no hay una institución que pueda hacer un contrapeso al poder que ostenta Daniel Ortega, ya que tiene una absoluta cooptación del Estado a través de la institucionalidad no de medios violentos, aunque dispone de ellos para ejercer presión sobre la población y reprimir.
“Así como tiene en todas las instituciones personas de su entera confianza y de su familia y no es su excepción en la Asamblea. Así que no habría una institución que podría hacerle contrapeso, a menos por medios legítimos”, señaló la experta.
Cuando un sistema de gobierno fracasa, como en Nicaragua, según Fonseca (en derecho internacional), la comunidad internacional, los actores internacionales, los Estados democráticos y los organismos multilaterales, a través de varios mecanismos inciden en un Estado para reorganizar políticamente al país y fortalecer el orden constitucional.
“Lamentablemente la política internacional está experimentando una situación de fragmentación y de división, lo cual hace que los organismos multilaterales desatiendan o se vean imposibilitados de afrontar situaciones como las de Nicaragua, por ejemplo”, dijo Fonseca.
El experto sostuvo que “se supone que es responsabilidad de los organismos, en este caso de la OEA o en el mejor de los casos de Naciones Unidas (ONU), es responsabilidad de estas entidades que garanticen el ejercicio pleno de las normativas constitucionales en los Estados y de contribuir a que los Estados fortalezcan el orden constitucional”.
Por su parte, el analista político y exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica, José Dávila Membreño, opinó que “cada Estado o asociación de Estados que declaren la ilegitimidad de unas elecciones o de un Gobierno, están en su derecho soberano de tomar las medidas que consideren concernientes con respecto a la decisión que han tomado”.
Esperanzas puestas en la comunidad internacional
Balaguer manifiesta que a nivel internacional es donde está la esperanza de los nicaragüenses, “y es que así como ocurre en Venezuela, donde un país afín ideológicamente, que tiene su confianza como es el caso venezolano, México es el que ha influenciado positivamente para que pueda haber un acercamiento entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro sobre los presos políticos”.
A su juicio eventualmente en Nicaragua pasará lo mismo. “De pronto con México también, para que pueda haber un acercamiento y una negociación entre diferentes organizaciones sociales (en Nicaragua) y de derechos humanos internas, para poder entablar una comunicación mucho más fluida y de una probable liberación de los presos políticos con esa mediación de un país afín, más que de un organismo multilateral como la OEA, ya que con la salida de Nicaragua y la recriminación que le hace a esta organización no están los términos o la credibilidad para poder entablar una negociación de ese tipo”, precisó.
Para Fonseca lo que queda “es incrementar las presiones para que el Gobierno déspota de Nicaragua cese la violencia, y las operaciones y pueda ceder a elecciones transparentes, de lo contrario lamentablemente no existen otros mecanismos cívicos y pacíficos (que puedan obligar a Ortega restaurar el orden democrático)”.