El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, cuestionó este viernes 25 de febrero, la acción del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes a través de los jueces condenaron a los precandidatos presidenciales que ambos, según Blinken, «no quisieron enfrentar en las urnas».
«Jueces nicaragüenses condenaron a los candidatos presidenciales que Ortega y Murillo no quisieron enfrentar en las urnas. Ahora, junto con los periodistas, la sociedad civil y los activistas, están siendo condenados a años de prisión, encarcelados por un régimen que no respeta el estado de derecho ni los derechos humanos», escribió Blinken en su cuenta de Twitter.
Desde junio pasado, el régimen mantiene prisioneros a los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre, en su mayoría acusados y condenados por el delito de menoscabo a la integridad nacional.
Cambio de medida «un paso positivo»
Por su parte, Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en Managua, reaccionó al cambio de medida cautelar que el régimen a través del Ministerio Público realizó a cinco presos políticos por razones «humanitarias» referente a su situación de salud. Sullivan valoró como «un paso positivo» dicho cambio.
Arturo Cruz Sequeira, exaspirante presidencial; Francisco Aguirre Sacasa, exdiplomático nicaragüense y José Pallais Arana, opositor y jurista fueron los primeros tres presos políticos a los que se les cambió la medida cautelar, que consiste en mandarlos a sus casas bajo arresto domiciliar. Ellos permanecían desde sus detenciones en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el nuevo Chipote.
Este jueves fueron cambiados al régimen de arresto domiciliario Edgard Parrales, de 79 años, y Mauricio Díaz, exdiplomático de 71 años, y directivo del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), al que el régimen de Ortega suspendió la personería jurídica en agosto pasado.
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La nota de prensa en la que se anunció el cambio de medida de Parrales y Díaz afirma que la medida se está tomando para ambos presos políticos por su delicado estado de salud. Refiere que «la correspondiente autoridad judicial» autorizó el cambio, pero no detalla a partir de cuándo serán trasladados a sus hogares.
Díaz fue condenado a nueve años de cárcel e inhabilitado de participar en cargos públicos del país.
