Hasta el 31 de enero de 2022 Nicaragua contabiliza un total de 177 opositores detenidos por razones políticas, es decir, siete casos más de lo reportado en diciembre de 2021 por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
El informe actualizado del Mecanismo detalla que del total de presos políticos, 167 corresponden a ciudadanos detenidos a partir de las convulsas protestas contra el régimen de Daniel Ortega en abril de 2018, y otros diez detenidos en años anteriores a la crisis y que también son considerados reos de conciencia.
En cuanto a las nuevas detenciones reportadas en el 2022, el Mecanismo señaló que solo en enero seis opositores fueron detenidos y otros cuatro, que ya habían sido encarcelados, fueron incluidos en el informe para un total de 180 reos.
Sin embargo, la cifra quedó fijada en 177 porque en ese mismo mes tres de estos ciudadanos opositores fueron excarcelados.
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«Del total de 167 personas presas políticas del contexto de abril 2018, 123 se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, 35 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como «el Chipote» en Managua. Adicionalmente 7 personas están en delegaciones municipales de la Policía y 2 en arresto domiciliario», indicó el organismo.
Aunque el 2021 fue uno de los años más funestos para los opositores, marcado por el secuestro de aspirantes a la Presidencia, empresarios, activistas, campesinos, estudiantes, abogados, diplomáticos y periodistas, lo cierto es que desde el 2018 el régimen no ha parado la cacería contra quienes se oponen a su administración.
El Mecanismo resaltó que en las detenciones y procesos de criminalización contra opositores quedó evidenciado que se trata de «ataques generalizados y sistemáticos» por medio de acciones que fueron implementadas y avaladas por las máximas autoridades, «usando todo el aparato del Estado y acompañados de discursos de descalificación contra la población desde las más altas esferas del poder».
Según el informe, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas encarcelaciones han estado marcadas por las violaciones a los derechos humanos, como lo ha denunciado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
«Las encarcelaciones han estado marcadas por violaciones a los derechos humanos y al debido proceso tales como: uso desproporcionado de la fuerza durante la captura, detenciones por parapolicías, detenciones sin orden judicial, desaparición forzada, incumplimiento de los plazos de acusación y presentación, recursos de exhibición personal declarados sin lugar, negación de información a familiares y defensores, sustracción natural del juez y aplicación desigual de la ley», denunció.
Persisten malos tratos y torturas
El Mecanismo señaló que en este nuevo informe persisten los «malos tratos y torturas a personas presas políticas y sus familias», entre los que figuran las detenciones en condiciones de máxima seguridad, discriminación en el tiempo de espera de los familiares en visitas, violación a la presunción de inocencia, y discurso de odio.
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En días anteriores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la «manipulación» del derecho penal por parte de las autoridades judiciales de Nicaragua, la falta de garantías al debido proceso en los juicios contra los presos políticos, así como «tocamientos indebidos» a abogadas y familiares de los detenidos, y urgió al Estado poner en libertad a estas personas.
La CIDH denunció que durante las audiencias que está realizando actualmente la dictadura contra los presos políticos, se han efectuado revisiones desproporcionadas donde han habido tocamientos indebidos a abogadas y familiares de los detenidos. «La Comisión condena estos hechos porque constituyen violencia sexual y afectan la dignidad de las personas», recalcó.
