La realización de audiencias de juicio en contra de los presos políticos dentro de la sede policial del nuevo Chipote es otra forma que la dictadura de Daniel Ortega ha encontrado para violentar los derechos humanos y constitucionales de los procesados, señaló la experta en derecho constitucional y académica miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica, María Asunción Moreno.
La jurista señala que el artículo 121 del Código Procesal Penal (CPP) indica que “los tribunales actuarán en su propia sede…”. “El Chipote no es sede judicial y por tanto no presta condiciones para garantizar independencia e imparcialidad judicial y el libre ejercicio de la defensa. El Chipote no es una sede judicial, es una cárcel de torturas”, indicó la académica Moreno.
En la reactivación de los juicios contra los presos políticos, los primeros ya culminados con fallo de culpabilidad contra Yader Parajón y Yaser Mohamar Vado este martes 1 de febrero de 2022, Moreno agrega que se han violentado otros derechos importantes como el acceso a los familiares al sitio.
Según Moreno, la Constitución Política de Nicaragua establece que “toda persona en un proceso tiene derecho, en igualdad de condiciones al debido proceso y tutela judicial efectiva” y que “el proceso judicial deberá ser oral y público”. La jurista explica que, salvo algunas circunstancias, de orden moral y de orden público, no se debe de restringir el acceso de la prensa y público en general. En estos juicios, la dictadura no solo restringe sino que además “el lugar está lleno de antimotines con el objetivo de impedir el acceso a los familiares”.
Para la jurista, otro hecho grave en que está incurriendo el régimen orteguista es que está celebrando estos juicios con jueces técnicos, quienes no tienen competencia para actuar en juicios por los delitos que están siendo acusados los prisioneros políticos, quienes deberían de ser juzgados por un tribunal jurado.
“El artículo 34 de la Constitución Política establece como una garantía del debido proceso el derecho a ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados por la ley. Los juicios secretos que se realizan en el centro de detención el Chipote están siendo celebrados por un juez técnico que no tiene competencia para juzgar los cargos que imputan menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticia falsa”, manifestó Moreno.
De acuerdo con el artículo 565 del Código Penal, el juez técnico actuará en los juicios por delitos de violencia doméstica o intrafamiliar, abigeato, secuestro extorsivo, crimen organizado. Además, en delitos contra la libertad o integridad sexual, lavado de dinero, bienes o activos; delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho, tráfico de influencias, peculado, malversación de caudales públicos, fraude, exacciones, robo con violencia o intimidación en las personas, robo agravado, asesinato, femicidio, parricidio, homicidio, homicidio imprudente, tráfico de migrantes, tráfico de órganos, tejidos y células humanas; tráfico ilícito de vehículos, delitos contra el sistema bancario y financiero, estafa agravada, corte aprovechamiento y veda forestal, delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones, explosivos y otros materiales peligrosos.
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Por último, la doctora Moreno indica que todos los presos políticos deberían estar ya liberados, por todas las nulidades cometidas en los procesos contra ellos.
Para Moreno, todos los fiscales, jueces y policías han actuado en contra de la Constitución y todas las leyes del país. «Es más que evidente que los operadores del sistema de justicia son utilizados por el régimen de Ortega Murillo como instrumentos para la criminalización y persecución política del derecho a pensar diferente y luchar por una Nicaragua con libertad y democracia”.
