Hasta este lunes 31 de enero, 119 familias de los 170 presos políticos del régimen Ortega-Murillo coinciden en la iniciativa de buscar alternativas para la libertad de sus familiares.
Los mayoría de los familiares de los presos políticos suscriben la iniciativa oficialmente impulsada por 26 familiares de los opositores —que se encuentran desde mayo 2021 encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como el nuevo Chipote—, quienes hacen un llamado al diálogo y a la unidad nacional.
«Ante esta situación, apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra Iglesia para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes; dispuestos a escucharnos los unos a los otros para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido», señala el pronunciamiento leído el martes 25 de enero a través de una conferencia virtual, siendo el banderillazo con el que apelaron a la unión de fuerzas.
Este lunes se suscribieron los parientes de: Douglas Alfredo Cerro Lanzas, Adrián Alexander Martínez Arana, Richard de Jesús Martínez Arana, Ángel Sebastián Martínez Arana, Kennis José Vargas Gutiérrez, Luis Carlos Valle Tinoco, Walter Antonio Montenegro Rivera, Bryan Vladimir Cornejo Rivas, Pablo Emilio Téllez, Jadder Modesto Téllez, Juan Agustín Barilla Chavarría, Osman Marcel Aguilar Rodríguez y Danny de los Ángeles García González.
Firmantes del fin de semana
Este sábado 29 de enero, 14 nuevas familiares se suscribieron. Estos son parientes de los reos políticos: Augusto Ezequiel Calero Lazo, Julia Cristina Hernández Arévalo, Eduardo José Morales Gadea, Jorge Junior Marenco Rojas, Oliver José Montenegro Muñoz, Dorlin Antonio Montenegro Muñoz, Francisco Xavier Pineda Guatemala, Bernardo José Ramos Galo, Ángel de Jesús Sequeira Zamora, José Gadiel Sequeira Zamora, Gabriel Eliseo Sequeira García, José Santos Sánchez Rodríguez, Rodolfo Alexander Zamora Sandoval y Kevin Antonio Zamora Delgado.
Al pronunciamiento, el 28 de enero se sumaron otras familias, a través de una nota de prensa en la que indicaron que «manifestamos nuestra decisión de trabajar en pro de cualquier iniciativa en aras de aunar esfuerzos por la preciada libertad de cada uno de los 170 presos políticos detenidos injustamente. Reiteramos nuestro interés en que su libertad sea inmediata, incondicional, con nulidad de juicios y restablecimiento pleno de sus garantías ciudadanas».
Con estas, suman en total 119 las familias de presos políticos que están respaldando la iniciativa.
Cabe destacar que el pronunciamiento emitido el 25 de enero por los familiares de los encarcelados fue respaldada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) quien pidió un diálogo “sin precondiciones”.
Familias demandan anulación de juicios
En un comunicado, fechado el 28 de enero, los familiares de los presos políticos demandan la anulación de todos los procesos judiciales y la liberación «inmediata e incondicional» de todas las personas presas políticas.
Denuncian que durante más de ocho meses, en la mayoría de casos, a sus familiares se les ha mantenido en total indefensión y discriminación inhumana.
Señalan además que «la libertad de todas las personas presas políticas es indispensable para construir un clima de paz y justicia».
Régimen reanuda juicio contra opositores
No obstante, el régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio Público anunció este lunes que a partir del 1 de febrero iniciarán los juicios «orales y públicos» de los presos políticos que están en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote y para los que se encuentran bajo arresto domiciliario.
Además, la Fiscalía, institución sancionada por Estados Unidos, tildó a los opositores presos de «criminales y delincuentes».
«Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüenses, comprometiendo la paz y la seguridad», señaló la Fiscalía en su comunicado.
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El Ministerio Público acusa a los presos políticos de violentar la Constitución Política, la Ley No. 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua.
«Estarán siendo procesados por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos», agrega el comunicado de la Fiscalía orteguista.
Hasta el momento, el régimen Ortega-Murillo ha guardado silencio y no ha reaccionado sobre el llamado al diálogo de los familiares de los presos políticos que demandan su liberación.
