Alexando Álvarez, máster en Derecho Internacional y hasta julio encargado del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó durante un foro virtual organizado por Hagamos Democracia, que existe una relación entre el incremento de la migración nicaragüense y momentos de violencia y fuertes violaciones de derechos humanos en el país.
“Lo que dicen las organizaciones internacionales es que en Nicaragua se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Desde abril de 2018 en adelante se han cometido lo que el grupo interdisciplinario de expertos independientes señaló como hechos que conforme al derecho internacional deben ser calificados como delitos de lesa humanidad y particularmente el crimen de lesa humanidad: asesinato, violación de la libertad, tortura, persecución, entre otros”, detalló Álvarez.
Durante el foro “Crímenes de lesa humanidad y el litigio internacional para las comunidades exiliadas”, organizado por Hagamos Democracia, Álvarez aclaró que las expulsiones explícitas de personas del país en el contexto de la crisis de derechos humanos que estamos experimentando en Nicaragua se han producido de manera muy excepcional y el exilio ha correspondido a otro modus operandi y el exilio funciona donde las personas abandonan el país oficiosamente donde su vida, su libertad, corren riesgo.
“Las estadísticas de Acnur que hablan sobre la migración nicaragüense durante los años que ha durado la crisis muestran de manera inequívoca que el aumento de la migración fuera de Nicaragua en el contexto de la crisis, se debe a la crisis. De hecho cuando han habido aumentos de la violencia en el contexto de la crisis, por ejemplo durante la operación limpieza en julio de 2018 aumentó la cantidad de migrantes de manera sostenida”, afirmó Álvarez.
Indicó que lo mismo ocurrió durante 2021 con una nueva etapa de criminalización, desde mayo en adelante donde se empezó a detener y criminalizar a personas de alta visibilidad pública y ha continuado después del evento electoral que hubo el 7 de noviembre.
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Detalló que los principales destinos de los nicaragüenses exiliados son Costa Rica y Estados Unidos. Las cifras de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica muestran que las solicitudes de refugio nicaragüenses en mayo 2021 fueron 1,484 y para junio de 4,381.
De igual manera los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) muestran que las deportaciones de nicaragüenses detenidos en la frontera fue de 4,451 en mayo y para junio fueron 7,472.
Otro de estos picos migratorios se presenta luego del proceso electoral en el que las deportaciones de nicaragüenses pasaron de 9,301 en octubre a 13,679 en noviembre, mes en que se realizaron las votaciones y subieron a 15,338 en diciembre.
Sobre el efecto que las implicaciones de estas migraciones causadas por las violaciones a derechos humanos Álvarez advierte: “Quiero advertirles a efecto de las expectativas que no existe una práctica desarrollada por parte de la Comisión y la Corte en las peticiones individuales que haya desarrollado litigio donde se haya declarado la responsabilidad de los estados por situaciones de exilio. Es decir por expulsión citando la norma explícitamente o por prohibición de ingreso en el contexto de crisis que se está enfrentando en Nicaragua, porque las cosas han ocurrido de otro modo en el país”.
Durante el foro, Álvarez explicó el funcionamiento de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), remarcando que la Corte recibe la información que debe llegar primero a la CIDH.