El Gobierno cerró este jueves la segunda sesión de revisión del salario mínimo sin ningún acuerdo con sus aliados, aunque la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni) —el nuevo brazo empresarial del orteguismo—, se presentó con una propuesta de ajuste de la paga mínima de entre 3 y 5.5 por ciento.
Durante la sesión, Aprodesni planteó un ajuste de apenas 4 por ciento en los sectores agropecuario, pesca, servicios comunales, sociales y personales; industria manufacturera.
La organización pide un ajuste de 5.5 por ciento para los trabajadores que estén en sectores como construcción, establecimientos financieros y seguros; sector eléctrico y agua, sector de restaurantes y hoteles, transportes, almacenamiento y comunicaciones, y sector de minas y canteras.
Mientras los que están en la micro y pequeña industria artesanal y turística nacional sugieren que el ajuste sea del 3 por ciento.
Aprodesni confunde ajustes al sector público
Según la propuesta de Aprodesni, los únicos que no recibirían el ajuste serían zona franca, a los que ya se les aplicó un alza de 8.25 por ciento en diciembre, y los trabajadores del Gobierno central y municipal que se le dio un tres por ciento recientemente anunciado por Rosario Murillo y que se aplicará el 1 de febrero.
Sin embargo, cabe mencionar que el 3 por ciento que anunció el Gobierno realmente es un ajuste general que cada año se aplica a todos los salarios de los servidores públicos en concepto de mantenimiento de valor y no está relacionado con el salario mínimo, que es otra categoría y que permite que el poder adquisitivo de quienes reciben esa paga en el Estado recuperen parcialmente el impacto de las alzas de precios, muy distinto de la devaluación de la moneda.
Pero más que eso, lo cierto es que la propuesta de Aprodesni —cuyo tendido empresarial no es representativo comparado con el del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)—, no se ajusta a los parámetros que la Ley del Salario Mínimo establece para definir el ajuste para nueve sectores de la actividad económica.
La Ley del Salario Mínimo establece que se debe tomar como referencia el crecimiento económico más el comportamiento de la inflación, así como procurar un porcentaje para ir cerrando la brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica, que el año pasado superó los 16,200 córdobas.
El Banco Central de Nicaragua estimó que el crecimiento económico rondará el nueve por ciento en el 2021 y la inflación se ubicó en 7.21 por ciento, por lo que, si se aplica la fórmula que año con año se adoptaba en la mesa de negociación, la base inicial sería superior al 16 por ciento.
Los sindicatos sandinistas, como la Central Sandinista de Trabajadores, que en otros gobiernos solían hacer huelgas y paralizar el país en caso de que exigencias como el salario mínimo no se ajustaran a las expectativas de sus líderes, se han alineado a la decisión este año de dejar atrás el parámetro que tradicionalmente han usado cada año para establecer la base inicial para negociar.
La CST recientemente propuso un ajuste de entre 5 y 10 por ciento, igual lejos del 16 por ciento, que resultaría de la suma de la inflación y el crecimiento económico del 2021.
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Cosep sacará comunicado
Hasta ahora, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) no se ha pronunciado sobre esta negociación públicamente, sin embargo, en la reunión del 12 de enero los miembros de esta organización determinaron que luego que un grupo técnico económico haga los análisis correspondientes van a divulgar un comunicado con una sola postura.
La comisión económica y laboral del Cosep va a formular un borrador de propuesta, el cual deberá pasar a los presidentes de cada cámara para la discusión correspondiente, luego el mismo se discutirá en una de las reuniones de la organización, para que este luego sea aprobado por el consejo directivo y divulgarlo.
El régimen de Ortega debió recurrir a Aprodesni para llenar el vacío de representación del sector privado que le dejó su ruptura con el Cosep y su decisión de desaparecer el Consejo Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), en una guerra abierta contra Leonardo Torres, quien cayó en desgracia ante la dictadura.
De ahí es que Ortega dio a Aprodesni protagonismo, donde varios de sus miembros son líderes vinculados a la dictadura, un papel que en su momento jugó Conimipyme con el que entonces intentó llenar el vacío provocado por la ruptura con Cosep.
Se espera que el próximo 3 de febrero se realice la tercera sesión del salario mínimo, que debe estar acordado antes del 28 de febrero, porque el 1 de marzo debe entrar en vigencia la nueva tabla para nueve actividades económicas. En caso contrario, lo que se acuerde después de esa fecha se debe aplicar de manera retroactiva.