El Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza añadió a la lista de sanciones a siete personas y tres entidades vinculadas al régimen de Daniel Ortega, entre los que se encuentran Camila Ortega Murillo, Laureano Ortega Murillo y la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha.
La lista incluye a Cairo Amador y Lumberto Campbell, magistrados del CSE; Luis Ángel Montenegro, superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y Nahíma Díaz, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Además de la Policía Nacional, el CSE y Telcor como entidades.
Lea además: Ortega y su «búsqueda incansable» de poder durante 42 años, más de la mitad de su vida
Suiza había sancionado a 14 funcionarios del régimen, encabezando la lista la vicepresidenta designada Rosario Murillo; Juan Carlos Ortega Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. Además del director de la Policía Nacional, Francisco Díaz y los mandos policiales Ramón Avellán, Justo Pastor Urbina, Luis Pérez Olivas y Fidel Domínguez.
Otros que han sido sancionados por Suiza son la exministra de Salud, Sonia Castro; el asesor económico de Ortega, Bayardo Arce; la fiscal de la República, Ana Julia Guido y Néstor Moncada Lau, asesor del régimen.
En total el gobierno suizo ha aplicado sanciones a 21 personas y tres entidades ligadas al régimen orteguista. Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de Suiza poner fondos a su disposición. También están sujetas a una prohibición de viajar o transitar en ese país. Las medidas entraron en vigor a las 18:00 horas del 21 de enero de 2022.
Razones de las sanciones
Camila Ortega está muy involucrada en las acciones de apoyo a la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, como asesora de la Presidencia; es asistente personal del vicepresidente (su madre) y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía. También es directora de la plataforma Nicaragua Diseña y de Canal 13, señala la Secretaría de Estado de Economía (SECO).
“Es responsable de utilizar Nicaragua Diseña para apoyar las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas, que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, mediante la creación de cuentas falsas en diferentes plataformas de redes sociales. Como directora de Canal 13 ha contribuido a difundir el discurso de odio del régimen orteguista contra la oposición cívica, restringiendo la pluralidad editorial y persiguiendo a los periodistas de medios de comunicación independientes en Nicaragua”, argumenta la resolución.
Además, la señalan de contribuir “eliminando la libertad de expresión y la competencia electoral propiamente dicha. Ha jugado un papel en la supresión del pluralismo político y la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense. Por lo tanto, está asociada con personas responsables de socavar la democracia y de graves violaciones de derechos humanos y está apoyando dicha represión y violaciones”.
Laureano Ortega. “Ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal de líderes opositores y precandidatos presidenciales nicaragüenses, líderes estudiantiles y rurales, periodistas independientes, a todos los cuales se ha referido como ‘terroristas'”, sostiene el gobierno suizo.
También “ha actuado como asesor económico de su padre Daniel Ortega y del régimen orteguista a través de la agencia gubernamental ProNicaragua. Además, es responsable de operar BanCorp, entidad cuyo objetivo principal es asistir, patrocinar y apoyar económicamente las actividades represivas de su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo”.
Podría interesarle: Por qué el nombramiento de Antonia Urrejola como canciller de Chile es «una mala noticia” para Ortega
Brenda Rocha es desde mayo del año pasado la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 que, por su falta de transparencia, de verdadera oposición y de debate democrático, socavaron las instituciones y los procesos democráticos.
“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y garantizó la organización de los comicios en condiciones no democráticas. Por tanto, es responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”, señaló Suiza. Mismas razones por las que también fueron sancionados los magistrados Cairo Amador y Lumberto Campbell.
Nahíma Díaz Flores es la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Telcor). Las autoridades nicaragüenses han utilizado esta institución para silenciar a los medios de comunicación independientes, incluidas tres organizaciones de noticias desde 2018.
“Durante la campaña de las elecciones generales de 2021, Telcor estuvo implementando campañas de desinformación a gran escala”, señala Suiza.
“En su cargo, Nahíma Díaz Flores ha actuado como partidaria del régimen de Ortega, y ha comandado y operado acciones de desinformación y vigilancia a través de Telcor sobre la sociedad civil y la oposición democrática. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, y de socavar la democracia en Nicaragua”, agregan.
Luis Ángel Montenegro es el titular de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de Nicaragua (Siboif). En ese cargo es responsable de la persecución de los actores financieros que se resisten a las políticas del régimen de Ortega, así como de hacer cumplir el control del régimen sobre el sector financiero.
“Fue nombrado para ese cargo directamente por Daniel Ortega, como premio a su lealtad. En su anterior función como contralor general de la República se encargó de que las actividades financieras corruptas de Ortega no fueran auditadas y contribuyó igualmente al control del régimen por parte de Ortega”, revela el gobierno suizo.
Tres instituciones sancionadas
La Policía Nacional, antes sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, ahora es sancionada por Suiza “por ser responsable del trato degradante, incluida la tortura física y psicológica, de quienes se oponen al régimen de Ortega”.
“Es responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes sin ninguna garantía legal y democrática. La Policía Nacional fue fundamental para que Daniel Ortega no se enfrentara a ninguna oposición democrática real durante las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021”, indica la resolución de la Secretaría de Estado de Economía (SECO).
Antes de las votaciones, la Policía llevó a cabo una continua vigilancia y persecución de líderes de la oposición, allanamientos ilegales de viviendas y detenciones arbitrarias de opositores, y amenazó sistemáticamente a empleados públicos. En 2018, la Policía Nacional estuvo implicada en asesinatos de manifestantes en toda Nicaragua.
Lea también: Medardo Mairena, “muy delgado” y bajo interrogatorios en la DAJ
El Consejo Supremo Electoral (CSE) es el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, que por su falta de transparencia, verdadera oposición y debate democrático socavaron las instituciones y los procesos democráticos.
“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a elecciones libres y garantizó la organización de los comicios en condiciones no democráticas. El CSE es, por tanto, responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”, señalan.
Lea además: Monseñor Silvio Báez: ¿Seguiremos siendo indiferentes?
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), según el Gobierno de Suiza, ha sido utilizado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, incluidas tres organizaciones de noticias durante la represión de 2018 y después de las elecciones generales de 2021.
“Durante la campaña de las elecciones generales, Telcor estuvo implementando una campaña de desinformación a gran escala. Como institución encargada de la aplicación de la Ley de Ciberdelitos, Telcor ha estado comandando y operando acciones de vigilancia sobre la sociedad civil y la oposición democrática”, finalizan los argumentos.