Venezuela es, entre los tres países de América Latina que han escogido claramente el escabroso camino del “socialismo del siglo XXI”, el único donde hay un espacio para la actuación de los partidos y movimientos opositores. Un ámbito precario, pero factible de aprovechar.
Esto lo ha confirmado el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela al anunciar el lunes 17 de enero que ha aprobado tres solicitudes de iniciar el procedimiento para convocar a un posible referendo revocatorio de Nicolás Maduro, como presidente de la República Bolivariana.
En Venezuela, el referendo revocatorio es un instrumento de participación política ciudadana establecido en la Constitución. Para activar el procedimiento se requiere que sea solicitado por al menos el 20 por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro electoral. Y para revocar el mandato del presidente tiene que votar en el referendo, a favor de la revocatoria, un porcentaje igual o mayor de la cantidad de votos con la que fue electo.
Pero la presidencia de Nicolás Maduro no es reconocida como legítima por la oposición, que apelando a una disposición constitucional designó a Juan Guaidó como presidente interino con el reconocimiento internacional de más de 50 países, a la cabeza algunas de las principales democracias del mundo.
Es por eso que una parte de la oposición venezolana no está de acuerdo con la petición del referendo revocatorio. Creen que eso significa reconocer como legítima la presidencia de Maduro, pues constitucionalmente solo se puede revocar el mandato de un presidente que tiene legitimidad.
Sin embargo, quienes promueven la iniciativa del referendo revocatorio argumentan que para todos los efectos Maduro es el presidente de Venezuela; domina sobre el territorio nacional y tiene el control del Estado. De manera que por pragmatismo político hay que utilizar los recursos legales y constitucionales disponibles para (tratar de) cambiar el gobierno. La alternativa es no hacer nada, aseguran.
La declaratoria de ilegitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro, por haber sido fraudulentamente electo en unos comicios que no se ajustaron a los estándares internacionales democráticos, fue una estrategia política venezolana y externa para poner fin a la dictadura. Pero tres años después de que la OEA declaró la ilegitimidad de Maduro, el 10 de enero de 2019, es evidente que esa estrategia fracasó. Ni las sanciones internacionales ni las masivas movilizaciones callejeras, ni el intento de una acción cívica-militar como la que en 1958 derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, pudieron sacar del poder al ilegítimo presidente de Venezuela.
El diputado opositor Omar Ávila, secretario del partido Unidad Visión Venezuela, escribe en un artículo titulado “Nuestra arma es el voto” que fue publicado en el periódico El Nacional este martes 18 de enero, que “con votos sí se puede salir del Gobierno”. Y enumera los episodios de cuando la oposición venezolana ha ganado participando en elecciones, y las derrotas que ha sufrido cuando dejándose llevar por el inmediatismo han recurrido al todo o nada y creído en “salidas mágicas”.
Lo que deben hacer los movimientos opositores venezolanos es unificarse, sostiene Ávila, “recuperar la confianza de la gente a través de la honestidad y de la sensatez al momento de hacer política… ratificar que la ruta es electoral y que el voto es nuestro instrumento de cambio, la única arma con la que contamos los demócratas”.
Sin duda que es una interesante lección para quienes puedan y quieran aprender de las experiencias ajenas.