En medio del incremento de la violencia de género y la falta de protección oficial que en 2021 cobró la vida de 71 mujeres, dejó huérfanos a más de cien menores y provocó 135 femicidios frustrados, la Policía Nacional está reabriendo las Comisarías de la Mujer y la Niñez en todos los municipios del país. Supuestamente el objetivo es contribuir a reducir los niveles de violencia hacia la mujer.
Sin embargo, organizaciones feministas consideran que su reapertura no compensa la inoperancia policial, que mantiene desprotegidas y expuestas a las mujeres a la violencia machista. Y aseguran que el resurgimiento de las Comisarías solo busca recuperar un poco de la credibilidad y respeto que la institución perdió a raíz de la represión desatada en las protestas de 2018.
Según registro oficiales, las Comisarías de la Mujer surgieron en 1993 en el distrito V de Managua; dicha oficina era parte de un proyecto piloto financiado por la cooperación internacional. Pero su nacimiento oficial fue en 1996 cuando las incluyeron una dependencia de la institución en la Ley 228 de la Policía Nacional.
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Las cerraron en 2016 por falta de presupuesto
En 1997 se abrió la segunda en Ciudad Sandino. En 2007 cuando Daniel Ortega retomó el poder ya existían en todas las cabeceras departamentales del país; y en 2014 había una oficina en cada uno de los 153 municipios del país y contaban con personal capacitado para atender las denuncias. Pero en 2016 con el pretexto de que no había presupuesto para mantenerlas, las cerraron.
Las organizaciones feministas consideran que el desmantelamiento de las Comisarías fue una decisión de Ortega como parte del proceso de cercenamiento de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Esto proporcionó impunidad y más violencia contra las mujeres.
Pero cuatro años después y en medio de la peor crisis económica que afectó al país en las últimas décadas se anunció su reapertura.
Medios oficialistas informaron que que como parte de la campaña Mujeres por la Vida, el pasado 6 de enero reinauguraron las oficinas de la Comisaría de la Mujer en Nandaime, Granada y con la inauguración de la ubicada en Belén, Rivas son ya 102 Comisarías las que se han reabierto en todo el país.
En su momento fueron efectivas, pero por el trabajo conjunto con la sociedad civil
Las comisarías han abierto sus puertas con la promesa de ofrecer servicio permanente con personal capacitado para “atender casos que atentan contra la dignidad e integridad física de las mujeres”; y con el “con el fin de brindar una atención integral y oportuna en cada caso”.
Para Martha Flores, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, la reapertura busca únicamente “lavarle la cara” a la policía; ya que ante la represión desatada a raíz de las protestas, la institución perdió toda credibilidad y respeto. “Hay desconfianza total en la policía, ellos no me protegen, quien me protege es mi familia o mis vecinos”, asegura.
Flores admite que en su momento el trabajo conjunto entre las Comisarías y las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres fue tan efectivo que incluso redujo los femicidios. La Red de Mujeres contra la Violencia integró el comité técnico tripartito y se involucró de lleno en el funcionamiento de las Comisarías. Pero ante el desmantelamiento de estas estructuras de trabajo conjunto entre la policía y organizaciones de la sociedad civil; y la alta rotación del personal especializado que brindaba sus servicios en estas instancias, no espera ningún beneficio para las mujeres
“Existían las comisiones intersectoriales que trabajábamos en conjunto. Cuando iniciamos se registraban 90 femicidios en el año pero logramos que eso bajara hasta 49 que fue la cifra más baja. Pero lamentablemente ese trabajo duró poco porque inició el manoseo de Ley 779. Primero, cuando a través de una reforma impusieron la mediación; y luego cuando a través de un reglamento pasaron el femicidio al ámbito privado y a las personas con las que la mujer se relaciona. Ahora solo se reconocen como femicidios los asesinatos cometidos por hombres con quienes las mujeres estaban relacionadas”, lamenta Flores.
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Aconsejan usar los servicios de las Comisarías pero también denunciar
Según un estudio realizado por la socióloga Ruth Marina Matamoros, del Grupo Venancia de Matagalpa, en las Comisarías iniciaba el camino hacia la justicia que emprendían las mujeres que denunciaban violencia. El acompañamiento y atención lo complementaban los 40 centros de mujeres que funcionaban en todo el país. Pero incluso antes del cierre, la reforma a la Ley 779 las había debilitado.
Las organizaciones feministas consideran como un gran retroceso que se haya establecido la mediación como alternativa en los delitos de violencia menos grave; también que ahora se reconozcan como femicidio los asesinatos cometidos por hombres que tenían alguna relación con las mujeres. Con ello, señalan le arrebataron a las mujeres el derecho de exigir justicia y la restitución de sus derechos; pero también la oportunidad de ser indemnizadas y asistidas por el Estado.
Pese a estas circunstancias adversas Flores considera que ahora más que nunca hay mucho trabajo por hacer. Por lo que invita a las mujeres a hacer uso de los servicios que presten las Comisarías; pero no limitarse a eso. Sino también denunciar el abuso y buscar otras alternativas de protección. Pues está demostrado que en muchos de los femicidios la mujer ha denunciado y la policía no ha actuado; entonces depender solo de la protección policial puede poner sus vidas en riesgo, ya que actualmente es la familia o los vecinos los que en realidad brindan protección.
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