Mientras el régimen de Daniel Ortega cierra otro año marcado por los ataques contra los líderes de la Iglesia católica, la presidenta de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez no cree que el dictador acepte a la Iglesia católica como mediadora en un eventual diálogo entre la oposición y el dictador en el 2022 e insiste en que no puede haber acercamiento sin que antes cambien las circunstancias actuales, como la liberación de los presos políticos.
Los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), encabezada por Leopoldo José Brenes, fueron mediadores en la mesa de diálogo entre Ortega y los sectores opositores, que se agruparon en la Alianza Cívica. Pero en un mes que duraron los encuentros (del 16 de mayo al 16 de junio), se recrudeció la represión armada contra las manifestaciones civiles que demandaban la salida de Ortega del poder, lo que generó el fin de las conversaciones.
El año 2018 terminó con más de 300 muertos por la represión de la Policía en coordinación con civiles armados, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2019 se intentó un nuevo diálogo con Ortega con algunos actores políticos diferentes de la oposición y sin la mediación de la CEN. Se le llamó el diálogo del Incae (Instituto Centroamericano de Admin de Empresas), porque se realizó en las instalaciones de ese centro ubicado en Managua. Aunque este diálogo tuvo como resultado la liberación de la mayoría de las personas detenidas por participar en las protestas, Ortega prosiguió la represión, violaciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y otras anulaciones de derecho.
Muchos de los presos son personajes que participaron en el diálogo, entre estos Lesther Alemán, el joven de 20 años que retó a Ortega a dejar el poder al inicio del diálogo.
La Iglesia católica no se ha escapado de la afrenta del orteguismo. En más de tres años, han habido sacerdotes y obispos agredidos por fanáticos de Ortega, expulsados del país; iglesias robadas, vandalizadas y hasta se produjo un ataque calificado de “terrorismo” por el cardenal Brenes cuando explotó una bomba en la catedral de Managua, que incinero a la imagen de la Sangre de Cristo el 31 de julio de 2020.
Los críticos han valorado que Ortega y su esposa incitan esos ataques a través de sus discursos, en que han llamado “golpistas”, “terroristas”, “hijos del demonio”, “fariseos” entre otros calificativos a los sacerdotes y obispos.
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Esta condición defensiva y ofensiva del régimen Ortega Murillo contra la Iglesia católica y contra todo tipo de crítica, confirma que no hay esperanza de un diálogo serio con Ortega, según la defensora de derechos humanos y presidenta de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Núñez valoró que hacer un nuevo diálogo con Ortega sin cambiar estas condiciones y sin que él cambie su discurso agresivo, significaría correr el riesgo de desnaturalizar el concepto de diálogo.
“El diálogo no hay que rechazarlo de ninguna manera como un mecanismo idóneo en todas partes y en toda circunstancia como la solución pacífica de las controversias, pero aquí lo que hay es un sometiendo total y absoluto. Este hombre es un déspota y tiene cerradas las puertas para ser receptivo, empezando porque está en una posición de descalificación total y permanente”, manifestó Núñez.
Por otra parte, la defensora de DD.HH. agregó que un requisito indispensable sería poner en libertad a todos los presos políticos previamente a un diálogo.
“Si están los presos en las cárceles, esto se convierte prácticamente en una situación de desventaja para la contra parte de Ortega, y entonces él los usaría como ficha de cambio. No debemos de permitir nunca que él quiera usar a los presos políticos como fichas de cambio”, afirmó Núñez.
Quiere dialogar con desesperados
Núñez agregó que el diálogo ideal para la dictadura orteguista es un “diálogo con desesperados” que cedan a todo lo que pide.
“Él quiere llevar a la desesperación a la gente, para que bajo la desesperación más las cárceles llenas, cedan a lo que él quiera e imponer su voluntad”, valoró.
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Para Núñez es imposible pensar en estas circunstancias en un diálogo con Ortega, porque considera que los objetivos de él se oponen a la naturaleza de una verdadera negociación.
“Él quiere permanecer en el poder, entonces como todas sus acciones las condiciona a eso, definitivamente no se establece el diálogo, es imposible”, manifestó.
La defensora de DD.HH además apuntó que será muy difícil que la Iglesia católica vuelva a querer mediar un diálogo, aunque es el sector que tiene la mayor confianza de la ciudadanía nicaragüense para hacerlo, pero también consideró que Ortega tampoco querrá mediadores nacionales.
“Veo muy difícil que él acepte de nuevo a la Iglesia (católica) como mediadores. Él no querrá mediadores nacionales, porque él tiene un desprecio y además un sentimiento de venganza en contra de toda la gente que de alguna manera se unió al abstencionismo del 7 de noviembre”, agregó la defensora de DD.HH.
El Cenidh que encabeza Núñez es una de las organizaciones a la que Ortega le canceló su personería jurídica en 2018. Este organismo estuvo al frente de las denuncias contra el régimen orteguista, en medio de la brutal represión contra las protestas civiles.
En 2020, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó un reporte titulado “Ataque a la Iglesia católica en Nicaragua”, que registra los 23 casos más destacados de agresiones y ataques directos a la Iglesia católica, entre estos los siguientes:
Ataque con ácido a un sacerdote
El 5 de diciembre del 2018, tres días después que Daniel Ortega arremetiera contra los obispos católicos, acusándoles de criminales y golpistas, se registró en la Catedral de Managua el ataque de Elis Leonidovna Gonn, una mujer que nacionalidad rusa que roció con ácido sulfúrico al sacerdote Mario Guevara, mientras este realizaba confesiones.
La mujer fue condenada a 8 años de cárcel por los delitos de lesiones graves y exposición de personas al
peligro, pero no cumplió ni un año en prisión pues el régimen Ortega Murillo la liberó y mandó a Italia en un
vuelo comercial.
El 15 de julio de 2019, fuerzas de choque gubernamentales y parapolicías en la Catedral de León atacaron a los asistentes a un oficio religioso por el aniversario del monaguillo Sandor Dolmus, asesinado en junio 2018. Los fanáticos del régimen con abierta provocación colocaron una tarima frente al atrio del templo e hicieron sonar música partidaria mientras se realizaba la misa.
El 28 de agosto de 2019, fuerzas del choque del FSLN en complicidad con la policía rodearon, acosaron y atacaron la iglesia San Miguel Arcángel, de Masaya y a los asistentes de un oficio religioso por los presos políticos. El padre Edwin Román recibió amenazas de muerte de oficiales de la policía y un día antes, denunció intensa vigilancia de los uniformados que permanecieron frente a las puertas del templo y las calles aledañas, bloqueando incluso el tráfico vehicular.
El 14 de noviembre de 2019, nueve madres iniciaron huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya,
miembros de la DOEP rodearan el templo por 9 días, e impidieran que otras personas pudieran ingresar a
ofrecer ayuda humanitaria. Pero el ataque no solo fue dirigido contra las huelguistas, el régimen
también arremetió contra el templo cortándole la luz y el agua por varios meses.
El 3 de marzo de 2020, turbas orteguistas llegaron a la Catedral de Managua con pañoletas rojinegras y pancartas que decían: “Queremos la paz” y “No pudieron ni podrán”, a la misa de cuerpo presente del padre y poeta Ernesto Cardenal, en plena misa los fanáticos del régimen gritaban “es cultura pero traidor”.
Terminada la misa, familiares y amigos acompañaron y protegieron el féretro hasta sacarlo del lugar. Las turbas hostigaron y ofendieron en todo momento, también agredieron a periodistas.