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CONTENIDO EXCLUSIVO.“Es un golpe muy duro y triste” y “nosotros no somos enemigos del Gobierno”, son las consideraciones de altos jerarcas de la Iglesia católica sobre la decisión de la dictadura, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), de expulsar de Nicaragua al sacerdote colombiano Luis Arilio Carrillo y suspender la residencia al sacerdote salvadoreño Julio César Melgar.
Carrillo, quien estuvo cuatro años en la Diócesis de Estelí, a cargo de monseñor Abelardo Mata, abandonó el país el pasado 16 de octubre por órdenes de la DGME. A inicios de septiembre las autoridades le habían suspendido su residencia permanente, que era válida por cinco años. De acuerdo con la legalidad del documento, su permiso de estancia vencía hasta el 15 de enero de 2022. Pero en una abusiva e ilegal decisión de la DGME le fue reducida a un mes.
A su salida, el religioso afirmó que nunca estuvo de acuerdo con la decisión de quitarle su residencia y dejarlo en un «limbo migratorio» que dependía de callarse o irse, por lo que sostiene que la acción fue en represalia por no quedarse callado ante las políticas de abuso del régimen Ortega Murillo.
Golpe duro a la Iglesia
Monseñor Miguel Mántica, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, dijo que la Iglesia católica tiene muchos misioneros extranjeros en Nicaragua que sirven al pueblo con obras materiales y llevándoles la palabra de Dios. Aseguró que todos han colaborado con la población para evitar que la pandemia generada por el coronavirus cobre vidas.
“Es muy triste que no se les dé el permiso de estar aquí en Nicaragua. Es muy triste porque los sacerdotes misioneros son para nosotros una fuerza, entonces es un golpe duro para la Iglesia jerárquica y por lo tanto para todo el pueblo de Dios”, dijo monseñor Mántica.
A inicios de septiembre, el régimen también quitó la residencia al padre Julio César Melgar, de origen salvadoreño, quien también brinda sus servicios sacerdotales en la Diócesis de Estelí, a cargo de monseñor Juan Abelardo Mata.
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“El sacerdote predica la palabra de Dios y cada cual la escucha y mira si es para sí mismo. No se trata de que yo estoy hablando contra tal persona o contra tal institución. Yo digo algo y eso que yo digo a veces le está cayendo a alguien, pero no estoy diciendo: ‘Es fulano o zutano’. Aquí cae bien el dicho que dice: al que le caiga el guante, que se lo plante”, explicó monseñor Mántica sobre la posibilidad de que la dictadura se sienta aludida con los mensajes de los religiosos.
Cierne una nueva expulsión
El padre Melgar tiene una residencia permanente que renueva cada cinco años, pero este año está en espera después que la DGME decidiera mandarlo a renovar. Su residencia tenía una vigencia de al menos cuatro años más, es decir, que hasta 2023 le correspondía hacer la nueva gestión. Melgar podría ser el siguiente religioso que la dictadura expulse del país.
“Lo único que yo sé es que las alcaldías en los pueblos han estado visitando a los sacerdotes extranjeros, pero no sé si algunos de ellos está con problemas de renovar su permiso”, dijo monseñor Mántica.
El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, dijo que “sé que a algunos (sacerdotes) los han llamado. Yo los estuve llamando y sé que Migración los llamó para ver su situación. Estoy tratando de comunicarme con ellos para ver qué les dijeron, otros me dijeron que no los han llamado”.
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El cardenal Brenes no sabe con precisión cuántos son los sacerdotes extranjeros que cumplen misiones solidarias en Nicaragua citados por la DGME y que podrían ser expulsados, pero no descartó que próximamente emitan un comunicado como Conferencia Episcopal sobre este tema.
Cardenal: “No somos enemigos del Gobierno”
El cardenal Brenes coincide con monseñor Mántica en relación con que los sacerdotes no critican directamente a una persona o institución. Sobre si considera que la dictadura pretende callar a los religiosos dijo que “nosotros no hablamos, sino que el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Seguiremos anunciando el evangelio porque esa es nuestra misión, durante más de dos mil años siempre ha sido ese problema, pero la Iglesia pues sigue adelante anunciando la voz del evangelio porque esa es una voz que la anima el Espíritu Santo, nosotros solo somos instrumentos”.
“Nosotros no somos enemigos del Gobierno. Lo hemos dicho desde la Conferencia Episcopal y nosotros no somos sus enemigos. Nosotros anunciamos la palabra del Señor y a veces, no solamente el Gobierno, sino también otros se lo toman a mal, pero nosotros queremos ser fieles al evangelio y seguiremos desde el evangelio en nuestro trabajo como religiosos, nuestra base está en el evangelio y no somos líderes políticos sino que religiosos”, aseguró el cardenal.
Expulsiones no son nuevas
No obstante, el orteguismo, que actualmente se autodenomina como sistema cristiano, socialista y solidario, desde su primera dictadura en los años 80 ha cometido actos de represalia contra los sacerdotes que han tenido el valor de cuestionar sus abusos.
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Monseñor Pablo Antonio Vega fue obispo de Juigalpa en los años 80 y en 1986 los sandinistas cometieron varios crímenes contra laicos y campesinos de la zona, por lo que Vega los denunció ante medios de comunicación nacionales e internacionales. Incluso fue hasta Washington a exponer estos crímenes ante el Departamento de Estado de EE. UU.
A su regreso Vega fue detenido y montado en un helicóptero y lo dejaron tirado en la montaña fronteriza con Honduras. Unos contras lo encontraron y lo salvaron de morir en medio de la nada. Volvió al país hasta los años 90.
En 1995 hubo en diferentes parroquias de Managua, Masaya y León más de una docena de ataques con tacos de dinamita. Estos reiterados ataques terroristas alarmaron a las autoridades eclesiales, ya que al año siguiente estaba programada la segunda visita del papa Juan Pablo II.
A través de la historia de Nicaragua son múltiples los abusos, ataques, amenazas, humillaciones públicas, expulsiones, entre otros, que ha cometido la dictadura en contra de los religiosos de la Iglesia católica, sobre todo en el marco de las protestas ciudadanas que se desataron en abril de 2018.
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Los nuevos ataques
En abril de 2019, la Iglesia católica retiró de Nicaragua a monseñor Silvio José Báez, un obispo que durante diez años ha sido una de las voces más críticas en este país, denunciando las injusticias del régimen de Ortega. Altos jerarcas de esta religión atribuyeron la decisión al papa Francisco, no obstante, en el contexto de las protestas sociales la dictadura intentó involucrarlo en un supuesto complot para dar un golpe de Estado.
En octubre de 2018, monseñor Báez denunció que estaba siendo asediado en su casa por motorizados en el marco de una campaña de represión, desprestigio y acoso que impulsó en su contra la dictadura. En ese momento, Javier Báez, hermano del carmelita, responsabilizó a “la familia Ortega Murillo y su círculo de seguidores de todas las amenazas de muerte” contra Silvio Báez.
Sacerdotes obligados a exiliarse
Al sacerdote de la iglesia San Sebastián, en Masaya, César Augusto Gutiérrez, las amenazas de muerte y la posibilidad de ser encarcelado por supuestamente financiar al terrorismo lo llevaron a exiliarse. Este fue el primer caso de un sacerdote que tuvo que salir del país por el asedio, persecución y amenazas. Durante la lucha que se mantuvo en el barrio Monimbó, el sacerdote Gutiérrez ayudó a los manifestantes con alimentos y bendijo a las víctimas de la represión del régimen.
“Que me iban a matar, de que me iban a hacer una emboscada, que no les importaba si iba acompañado o solo, que yo estaba muy metido con los muchachos, y que por eso me querían matar”, relató a LA PRENSA en ese momento.
En junio de 2019 el sacerdote Pedro Denis Obando, párroco de la Catedral de Estelí, abandonó el país por las amenazas de muerte que recibía, principalmente de paramilitares que lo presionaban para que se convirtiera en informante de los movimientos de monseñor Mata. El obispo de la Diócesis de Estelí, quien ayudó a salir del país a Obando, aseguró en ese momento a LA PRENSA que el sacerdote era continuamente asediado porque también denunciaba las violaciones a los derechos humanos.
Ataques a templos católicos
Es claro que muchos fanáticos orteguistas ven como enemiga a la Iglesia católica. Estos azuzados por los discursos de odio de Murillo y en otras ocasiones bajo órdenes directas del régimen han dañado templos religiosos, como en el ataque armado a la iglesia Divina Misericordia, en julio de 2018, donde se refugiaron estudiantes que protestaban contra Ortega. La iglesia fue rafagueada.
El ataque más reciente contra la Iglesia católica fue cuando un encapuchado lanzó el viernes 31 de julio una bomba molotov adentro de la capilla de la Catedral de Managua, lo que provocó un incendio que calcinó la imagen de la Sangre de Cristo. “Este fue un acto planificado, planificado con mucha calma… es un acto terrorista, un acto de amedrentar a la Iglesia en su misión evangelizadora”, sentenció el cardenal Leopoldo Brenes en ese momento.
“Muchos nos pueden considerar así (sus enemigos), pero nosotros no somos enemigos de nadie. Nosotros somos promotores de la paz, casualmente en este momento en Roma, el papa está haciendo un gran encuentro por la paz y nosotros durante el mes de septiembre tenemos una oración por la paz de la patria”, dijo el cardenal Brenes.