En vísperas de Navidad, los hijos, hijas y nietos de los presos políticos en Nicaragua, a través de cartas y dibujos han expresado sus deseos de pasar estas festividades con sus seres queridos. Son más de 160 personas encarceladas por motivos políticos quienes han sido separadas de sus familias a consecuencia de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Al acercarse las votaciones del pasado 7 de noviembre en el país, la represión se incrementó, dejando en la cárcel a más de 40 líderes opositores, entre finales de mayo de este año a la fecha. Algunas de esas personas ya cumplieron más de 200 días de detención y la dictadura ha negado la visita de hijos, nietos y demás familiares.
Ante estas acciones, los abogados de la agrupación Acción Penal señalan al régimen Ortega-Murillo de violentar el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Recientemente, Margin Pozo, esposa del crónista deportivo Miguel Mendoza, quien cumplió este jueves 185 días detenido, publicó en sus redes un dibujo que hizo su hija de 7 años expresando que quiere pasar Nochebuena junto a su padre.
El ahijado del dirigente opositor y precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, en su lista de deseos para esta Navidad, en primer lugar pidió poder ver a su padrino. Y así se pueden observar en las redes a varios niños y niñas expresando su sentir y la falta que le hacen sus familiares encarcelados por razones políticas.
A través de un pronunciamiento, los abogados de Acción Penal señalaron que «en un sistema donde existe de forma nominal una Procuraduría para la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, donde existen una serie de leyes garantes para la niñez, como el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención de Derecho del Niño, no hay ninguna instancia donde recurrir y que se pueda acceder con perspectiva tutelar a los derechos de la niñez, al derecho de visitar a sus familiares; por el contrario solo existirá omisión de violación a los derechos de la niñez por parte del Estado».
Los abogados explican que todas las personas que enfrentan procesos penales tienen derecho de recibir visitas de sus familiares, es decir, la personas que están acusadas o condenadas por delitos comunes. «Es parte del derecho que ellos tienen en un régimen de convivencia conforme la Ley del Sistema Penitenciario».
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En el caso de los presos políticos se les viola el derecho a visita por dos razones, argumentan, «uno porque son procesos totalmente ilegales, injustos, creados, con acusaciones sin fundamentos, sin elementos de pruebas, violentándose todas las garantías procesales por parte de la Fiscalía y los jueces».
«Y dos, también se violenta el hecho de que sus familiares en este caso, que sus hijos, esposas, sus nietos lo puedan visitar. Se violenta el Código de la Niñez y la Adolescencia, por negarse a que puedan compartir con sus familiares, precisamente porque están enfrentando procesos injustos», añaden.
Critican apoyo de Unicef a la CSJ
Asimismo, critican que en Nicaragua, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), organismo de las Naciones Unidas, continúe apoyando al Estado a través del Poder Judicial, cuya presidenta de esta institución, Alba Luz Ramos, está sancionada por la Unión Europea, EE. UU., el Reino Unido y Canadá, por «continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho» en Nicaragua.
«Unicef, más allá de un apoyo humanitario, que se podría justificar hacia uno de los países más pobres de América Latina, como es Nicaragua, al parecer confía en la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que pese al haber sido sancionada por ser responsable de graves violaciones a derechos humanos, que han socavado el Estado de derecho en Nicaragua, continúa apoyando al Poder Judicial con capacitaciones, diagnósticos y programas, para (supuestamente) proteger y tutelar los derechos de la niñez, mientras en realidad los niños y adolescente son víctimas de la represión estatal. En el caso de los hijos y nietos de los presos políticos, en esta Navidad solo desean estar junto a sus familiares», sostienen en el pronunciamiento.
«La crítica que nosotros hacemos es cómo es posible que Unicef sabiendo que han existido procesos penales irregulares en el contexto de la crisis sociopolítica, adolescentes en los juzgados especializados de adolescentes, detenidos, con procesos irregulares, sabiendo de que la presidenta de la CSJ está sancionada y aun siguen confiando en apoyar a los funcionarios de la CSJ, ¿vale la pena? ven ellos buenos resultados con todo el apoyo y financiamiento que están haciendo», cuestionaron.
