Al cumplirse el nuevo plazo solicitado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para presentar el informe sobre sus gestiones diplomáticas para que el régimen Ortega-Murillo acepte una misión de alto nivel que ayude a solucionar la crisis del país, Daniel Ortega ya habrá sumido su primer gobierno de facto en la historia de Nicaragua, a partir del 10 de enero del próximo año, y el organismo deberá declararlo expresamente ilegítimo, de lo contrario estarían contradiciendo sus declaraciones, coincidieron especialistas consultados por LA PRENSA.
El pasado 8 de diciembre, el Consejo Permanente de la OEA aprobó con 25 votos a favor, una resolución en la que afirma que Nicaragua incumple sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana y pidió al régimen aceptar una misión de alto nivel. El cabildeo con el régimen fue encomendado a Almagro, quien debía entregar el informe a más tardar el pasado 17 de diciembre.
Sin embargo, Almagro informó a través de una carta al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Josué Fiallo, que no había recibido respuesta del régimen Ortega-Murillo y solicitó que se extienda el plazo para mediados de enero de 2022.
“No existiendo al momento de cursarle la presente comunicación una respuesta definitiva sobre el particular, y vista la circunstancia política y las fechas en curso, es que entiendo que sería oportuno y conveniente extender el plazo del 17 de diciembre cómo fecha límite, prorrogándolo hasta mediados del mes de enero entrante para informar al Consejo Permanente el resultado final de la gestión, si existiera acuerdo del cuerpo que preside a partir de las coordinaciones necesarias que usted entienda a bien realizar”, refirió Almagro.
OEA debe de declarar a Ortega como ilegítimo
El especialista en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo Zamora, explicó que desde la perspectiva de la OEA, por el momento lo que hay es un no reconocimiento del resultado del proceso electoral en Nicaragua, por considerarlo ilegítimo. Sin embargo, añade que a partir del 10 de enero tanto la OEA como los gobiernos que desconocieron el proceso electoral deben desconocer también el nuevo gobierno de Ortega.
«El asunto es que ya no serían elecciones ilegítimas, eso se volvería irrelevante, lo que sucede a partir de ese momento es un gobierno resultado de unas elecciones ilegítimas y que por tanto la OEA y los gobiernos tiene que desconocer el gobierno de Ortega, si no lo hacen están avalándolo. Tienen que hacerlo expresamente», dijo Murillo.
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Agregó que desde esa perspectiva, tiene sentido que Almagro haya pedido un nuevo plazo, «porque en este momento es irrelevante decir: las elecciones fueron fraudulentas, ilegítimas, etcétera, eso ya no tiene ninguna relevancia, lo que tiene relevancia es que a partir del 10 de enero (2022) los gobiernos desconozcan el gobierno de Ortega, entonces, Almagro va a poder decir que ya se trata de un gobierno que toma posesión contrario al Estado de derecho, al orden constitucional de Nicaragua».
Estados Unidos, Canadá, Unión Europea (UE) y la gran mayoría de los países latinoamericanos han declarado ilegítimas las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, y han calificado el proceso electoral como una «farsa», lo que no genera ninguna legitimidad democrática al nuevo periodo de gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes buscan permanecer en el poder cinco años más, para completar un periodo consecutivo de 20 años.
Por su parte, el politólogo, Pedro Fonseca, expresó que la declaración de ilegitimidad del nuevo período de gobierno de Ortega no depende de que sea después o antes de la toma de posesión, sino que eso va a ser el resultado precisamente de la comunicación y de las relaciones que estén tendiendo ahora mismo en este proceso de registro y de encontrarle una solución a la ruptura constitucional actualmente en marcha en Nicaragua.
Aunque reconoció que «por su puesto que lo ideal sería que tanto el secretario general como la OEA declararán como ilegítimo el gobierno de Ortega, pero habría que esperar cuáles son los avances que resultan de todo este proceso (de las gestiones diplomáticas de Almagro con el régimen)».
Cenidh: Almagro pidió un mes de más torturas
Por su lado, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humando (Cenidh), Vilma Núñez, reaccionó indignada al plazo solicitado y señaló que Almagro ha solicitado un mes más de tortura y violación de derechos humanos para los nicaragüenses.
«A mí lo que me ha indignado es que viniera Almagro y le diera un mes más, cómo es posible que haya pedido un mes más. Eso significa, un mes más de tortura, un mes más de riesgo de muerte, un mes más de violaciones de derechos humanos, eso es lo que está pidiendo Almagro», reclamó Núñez.
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Mientras tanto Fonseca, ve la situación es un poco más pasiva, ya que considera que la solicitud de prorroga de Almagro, responde a un tema de contexto, y al trabajo tanto de la Secretaria General de la OEA, como todos los órganos involucrados para poder llegar a obtener resultados positivos para darle una salida a la crisis de Nicaragua.
«Comprendemos que es una situación compleja y que implica tiempo, pero las labores de este tipo realmente han sido muy pocas y esta es una oportunidad única que debe aprovecharse de la mejor manera. Entonces, creo que esta ampliación responde a eso principalmente», comentó el politólogo.
La directora del Cenidh, añadió que Almagro debió haberle puesto a Ortega un ultimátum, antes del 10 de enero del próximo año, no extenderle el plazo. «Eso fue una barbaridad, ya habrá (Ortega) asumido su próximo mandato», pero «que no crea que está seguro, ya precisamente la gente con el hecho de haberse abstenido masivamente ya lo desconoció, no puede salir un gobierno legítimo de un proceso electoral ilegítimo, ya una gran cantidad de Estados desconocieron las elecciones, él ya es un gobierno ilegítimo», insistió Núñez.
