La relación de Nicaragua y Colombia siempre estará marcada por los litigios limítrofes en el Caribe, pero si además sus gobiernos defienden ideologías contrarias, ese tema será sobredimensionado, según la valoración de analistas políticos sobre los discursos que mantiene Daniel Ortega contra el país sudamericano.
Particularmente este jueves 16 de diciembre, en la graduación de cadetes de la Academia de policías, Ortega despotricó de nuevo contra Colombia, señalando los problemas internos de inseguridad y narcotráfico de ese país.
“Como Colombia, donde tienen gobernantes que se atreven a hablar de los derechos humanos y quieren darnos lecciones a los nicaragüenses en el tema de los derechos humanos. Fíjense bien, Colombia, un país donde, es un narcoestado. Colombia es un narcoestado”, repitió varias veces Ortega.
También dijo que es un país donde «todos los días están asesinando maestros, están asesinando autoridades locales, autoridades regionales, están asesinando dirigentes sociales, están asesinando maestros».
Si bien Colombia es uno de los 25 países que demanda vehementemente a Nicaragua el cese de las violaciones de derechos humanos desde 2018, Ortega tiene la oportunidad de sacarle el jugo a otros temas pendientes con el país suramericano, para exacerbar el nacionalismo de los nicaragüenses.
En un discurso anterior, del pasado 6 de septiembre, el mandatario convocó a los nicaragüenses a estar unidos ante el conflicto con Colombia por los derechos territoriales marítimos, recordando en esa ocasión que el Gobierno anterior de Juan Manuel Santos desconoció la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 19 de noviembre de 2012, la cual reconoce el derecho de Nicaragua sobre una vasta extensión marítima en el Caribe (200 millas náuticas que indica el Derecho del Mar), pero a cambio dispuso que las islas y los cayos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenecen a Colombia.
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Esas islas y cayos ubicados en el Mar Caribe son territorios muy cercanos a Nicaragua, pero ocupados por los colombianos en el siglo pasado, cuando Nicaragua se encontraba sumida en guerras civiles. El 6 de diciembre de 2001, Nicaragua presentó una demanda contra Colombia ante la CIJ, para que se declarara inválido el tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928 y que resolvía cuestiones sobre la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Aunque la sentencia de noviembre 2012 resolvió el litigio entre Nicaragua y Colombia, han surgido nuevas diferencias denunciadas por el régimen de Ortega, debido a la condición de enclave en que quedaron las islas adjudicadas a Colombia, dentro del territorio marítimo nicaragüenses.
La CIJ convocó nuevas audiencias entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021, para abordar las nuevas diferencias entre esos países por las cuestiones marítimas. En esta ocasión, por la demanda de Nicaragua contra Colombia por las supuestas violaciones a los derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe luego del fallo de la CIJ de 2012.
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Un exdiplomático nicaragüense, que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, valoró que debido a «este historial de diferendos territoriales entre Nicaragua y Colombia, y estando próximo a darse un fallo de La Haya sobre uno de estos, es fácil para Ortega subir la retórica anti colombiana».
La lucha de Ortega por la «soberanía» y otras creencias
La fuente remarcó que el gobierno colombiano de Iván Duque «es de derecha y eso le da a Ortega una apariencia de gobierno de izquierda», aunque el exdiplomático valoró que el fin último del orteguismo «es desviar la atención internacional sobre su próxima auto investidura el 10 de enero, con unas elecciones ilegítimas y una situación de graves violaciones a los derechos humanos».
«No me extrañaría que en esa línea diversionista Ortega provoque algún incidente internacional en aguas fronterizas con Colombia, buscando también legitimarse como el gran campeón defensor de la soberanía nacional», manifestó el exdiplomático.
El sociólogo y analista político Oscar René Vargas destacó la «lucha de Ortega por la soberanía nacional», como principal bandera política para defender sus intereses.
«Es un discurso para su base social, para mostrar que él es un tipo que lucha por la soberanía nacional, en contra de los gobiernos que están en contra de Nicaragua, es decir, es un discurso que tiene un carácter de reafirmación de su base social», manifestó el sociólogo.
También, según Vargas, Ortega cumple con reafirmar su antiimperilismo y quererse presentar como un «líder continental». Además dijo que el mandatario nicaragüense está dejando claro que no tiene la voluntad de negociar ningún tema y «seguirá luchando cueste lo cueste».
«Es un mensaje a los norteamericanos y a la OEA misma, que él no se va a doblegar, ya que el tiene suficiente dignidad entre comillas, para seguir luchando por la soberanía de Nicaragua, entonces, en esa lógica, el discurso que hizo en el Alba, el resaltó el término de la dignidad, que no se doblega ante las presiones, por lo tanto, siguiendo esa lógica, él quiere mandar el mensaje de que no está dispuesto a doblegarse», agregó en analista político.
La figura de Maduro
Otro motivo para que Ortega fije sus ataques especialmente contra Colombia, es solidaridad con su aliado político regional Nicolás Maduro, quien es el principal detractor del gobierno colombiano y además es su vecino.
«Colombia es el principal defensor en contra del régimen dictatorial de Maduro en Venezuela», señaló otra fuente especialista en derecho internacional. A Colombia han migrado millones de venezolanos que huyen de la crisis en su país.
Reacción de Colombia
Este viernes 17 de diciembre, un día después que Ortega llamó narcoestado a Colombia, el presidente colombiano reaccionó a través de un comunicado de su Cancillería.
Duque manifestó que Colombia «goza de instituciones sólidas, sana división de poderes, libertad de expresión y de participación política, inversión nacional y extranjera en todos los sectores, lo cual nos tiene a la vanguardia del crecimiento mundial este año».
Además, Colombia expresó su profunda preocupación ante la estrategia que ha decidido usar Ortega «para distraer la atención de una comunidad internacional que rechaza con vehemencia la nueva dictadura que se instala en el país centroamericano, generando el repudio de los países vecinos y la preocupación regional por el riesgo de que el pueblo nicaragüense viva el horror del éxodo, el desarraigo, la pérdida de libertades y el brutal empobrecimiento que viven hoy el pueblo venezolano y el pueblo cubano».
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Ortega lleva 14 años en el poder y en enero de 2022 tomará posesión para un nuevo período presidencial de cinco años, pero esta vez sin el reconocimiento de la mayoría de estados de la región, ni de la Unión Europea, porque las votaciones que lo confirmaron como gobernante de Nicaragua, no hubo competencia, la participación ciudadana fue escasa y el sistema electoral estuvo totalmente bajo el control de sus simpatizantes.
