Durante décadas Nicaragua estuvo limitada al meridiano 82 como punto limítrofe al Este, hasta el 19 de noviembre de 2012 en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) amplió su frontera dándole salida al Océano Atlántico, ganando un territorio marítimo de hasta 100,000 Km2, hasta el meridiano 79, pero en este fallo el tribunal internacional reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés. Nueve años después, el diferendo es parte de la agenda en este tribunal.
Con el fallo de la CIJ, especialistas en Relaciones Internacionales consideraron que con esta decisión se había ganado «otra Nicaragua en el mar».
El máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas, ubicado en La Haya, Países Bajos, fijó un trazado en el que Nicaragua gana terreno al norte de las islas Roncador y Providencia, y al sur de los cayos Albuquerque y Este Sudeste. En este espacio, al norte de Roncador y Providencia, los cayos Quitasueño y Serrana quedan «enclavados» en un área de 12 millas náuticas que pertenecen a Colombia.
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La decisión de los jueces fue trazar un circunferencia de 12 millas en torno a los cayos, y el resto del mar, con la frontera Honduras al Norte y sin superar las 200 millas al Este, la zona pasó a pertenecer a Nicaragua.
«Colombia obtiene también una especie de herradura de delimitación que le permite una salida a territorio continental colombiano, y, además, le da ciertos espacios para su desarrollo social y económico. La Corte hizo un modelo de exposición extraordinario, porque fue explicando los pasos de delimitación uno a uno, de manera que las personas pudieron ver reflejado cómo la Corte va construyendo de manera equitativa y proporcional esa línea», dijo en 2012 el especialista en Relaciones Internacionales, Mauricio Herdocia (q.e.p.d.)
Lo que quedó pendiente
La Corte reconoció a Serranilla y Bajo Nuevo como colombianos, pero no hizo la delimitación entre Colombia y Nicaragua por estar cerca de territorio jamaiquino y en este caso le tocará a Nicaragua hablar de la delimitación con Jamaica.
Este es el mapa que los jueces de La Haya usaron para graficar los nuevos límites marítimos entre Nicaragua y Colombia en el Mar Caribe. Nicaragua se extendió del meridiano 82, que Bogotá consideraba su frontera, hasta el meridiano 79, donde la CIJ dice que es el borde de las 200 millas náuticas que Nicaragua reclamó en derecho.
El inicio del litigio
Los orígenes del litigio entre Nicaragua y Colombia datan del 2001, hace 20 años, cuando el 6 de diciembre, Nicaragua presentó una demanda contra Colombia ante la CIJ, para que se declarara inválido el tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928 y que resolvía cuestiones sobre la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Nicaragua en su demanda reclamaba que el archipiélago de San Andrés se encontraba en su plataforma continental y que el tratado violaba la Constitución.
El 13 de diciembre de 2007 la CIJ estableció que tenía jurisdicción en la disputa entre Nicaragua y Colombia, sobre algunas áreas marítimas, pero no sobre las tres islas, porque ese caso había sido resuelto en el tratado de 1928.
Y en 2012 la Corte emite el fallo en el que se recupera «otra Nicaragua en el mar», según los especialistas en Relaciones Internacionales. Por su parte, Colombia respondió en su momento que el fallo tenía “vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada”.
“La Corte hizo caso omiso de los derechos de los colombianos que habitan en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desconoció la importancia vital del acceso a los recursos naturales, dio la espalda a los imperativos del manejo ambiental equilibrado en esta sensible área del Caribe occidental”, informó la cancillería del país suramericano en su momento.
Nuevas audiencias en 2021
La CIJ convocó nuevas audiencias entre este lunes 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021 para abordar las diferencias entre Nicaragua y Colombia por las cuestiones marítimas. En esta ocasión, por la demanda de Nicaragua contra Colombia por las supuestas violaciones a los derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe luego del fallo de la CIJ de 2012.
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Por su parte, Colombia sostiene que estas se realizaron con “el objetivo de ejercer las libertades de Colombia en el área, proteger a los habitantes del archipiélago y a la población raizal”. Además de buscar “cumplir con deberes internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico, ejercer protección de la Reserva de Biosfera Seaflower y cumplir con otros deberes derivados de tratados multilaterales; así como con la expedición del decreto que estableció la Zona Continua Integral en el Archipiélago”.
La contrademanda
Colombia contrademandó a Nicaragua porque, según la cancillería, “ha desconocido la existencia de los derechos tradicionales de pesca de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder a las aguas donde se encuentran los bancos en los que han pescado por siglos”, y “también ha infringido estos derechos como lo han atestiguado pescadores raizales”.
Añadió que “Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia y de otros Estados ribereños del Mar Caribe. Ambas contrademandas serán revisadas en estas audiencias de septiembre”.
Antes de que la CIJ emita un nuevo fallo, deben completarse las audiencias orales en la que se tratan“los puntos que todavía separan a las partes, sin volver a exponer todo lo que ya se trató en los alegatos escritos, ni simplemente repetir los hechos y argumentos ya invocados en los mismos”, detalla el Reglamento de la Corte.
Para este miércoles 29 de septiembre se tiene prevista la participación de Colombia en la penúltima audiencia, la última sesión está programada para el 1 de octubre, correspondiéndole a Nicaragua.
