Desde las 5:00 de la mañana —hora de Nicaragua— el equipo de defensa de Colombia respondió a los argumentos de la demanda que presentó este lunes Nicaragua en su contra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el caso llamado “Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe”. La defensa de Colombia aseguró que Nicaragua no ha logrado demostrar dichas acusaciones.
Manuel José Cepeda Espinosa, representante del gobierno del presidente Iván Duque, durante su intervención oral en La Haya declaró ante los 15 magistrados que “Nicaragua no ha logrado demostrar… caso por caso, que Colombia ha violado los derechos soberanos de Nicaragua”.
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Cepeda, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, añadió que “tan precarias pruebas… tantas distorsiones de lo ocurrido, hacen pensar que ni en 2013 ni ahora Nicaragua tiene un caso serio”.
El litigio que ahora enfrentan los países latinoamericanos responde a un fallo que en 2012 resolvió La Haya en el que estableció nuevos límites marítimos entre los dos países. La máxima autoridad judicial del derecho internacional otorgó miles de kilómetros cuadrados del territorio marítimo colombiano a Nicaragua, y dejó islas colombianas enclavadas en la jurisdicción nicaragüense.
El archipiélago de San Andrés y Providencia se encuentra a 68 millas náuticas (110 kilómetros) de la costa nicaragüense y a 447 millas náuticas (720 kilómetros) de Colombia. El litigio data desde el 2001.
En noviembre de 2013, Nicaragua interpuso una nueva demanda, en la que solicitó a La Haya que declarara que Colombia violó el derecho internacional por “usar la fuerza en espacios marítimos nicaragüenses, mantener su presencia en las zonas marítimas que fueron adjudicadas a Nicaragua en el fallo de 2012 y expedir el Decreto de 2013 que creó la denominada Zona Contigua Integral”. Dicha demanda es por la que ahora ambos países están ante la CIJ.
Acusan a Nicaragua de “interferir”
El equipo de abogados de Colombia, conformado además del coagente Cepeda, por el agente Carlos Gustavo Arrieta, el embajador Fernando Grillo, y el representante de la comunidad raizal, Kent Francis James, rechazó tajantemente los señalamientos de que la armada del país colombiano impedía el trabajo de los barcos pesqueros nicaragüenses y acusó a Nicaragua de “interferir con los derechos de pesca de los indígenas”.
“Nicaragua no pudo probar que sus barcos de pesca no hayan podido seguir pescando o que sus capturas hayan sido confiscadas”, sostuvo Cepeda y añadió que “las actividades pesqueras de Nicaragua han aumentado exponencialmente”.
El equipo jurídico refirió que la pérdida del territorio colombiano por el fallo de la CIJ de 2012 afectó directamente a los raizales, una comunidad de originarios de las islas de San Andrés y Providencia, de habla inglesa y criolla.
“No solo se les impidió pescar, sino que Nicaragua interceptó sus modestas embarcaciones. Dos siglos después de haber encontrado su libertad, Nicaragua pretende restringir el acceso de los raizales a sus caladeros tradicionales, de los que depende su cultura y su subsistencia. La presencia de Bogotá en la región se debe a otros imperativos como la lucha contra el narcotráfico y el salvamento marítimo internacional”, indicó Cepeda.
Antes de finalizar su intervención, Cepeda aseguró que “Colombia está presente en la zona en cumplimiento de sus deberes internacionales (…) y juega un papel destacado contra el narcotráfico”.
Representante de la comunidad raizal intervino
Como un momento histórico catalogó la cancillería de Colombia el hecho de que el exgobernador de San Andrés y Providencia y representante de la comunidad raizal, James, interviniera y expusiera ante los jueces de La Haya lo que los raizales viven.
“Siempre —los raizales— han navegado y disfrutado del producto del mar sin ninguna restricción de los límites políticos”, señaló James y aseguró que para esta comunidad “el mar es el hogar, el refugio, el sustento y el apoyo”.
Al finalizar las audiencias orales, programadas del 20 de septiembre al 1 de octubre, se espera que los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitan una sentencia entre marzo y abril de 2022. En esta ocasión ningún territorio o delimitación está en riesgo, sino la defensa de los derechos de pesca de la comunidad raizal, originarios de las islas de San Andrés y Providencia.
La próxima audiencia está programada para el viernes 24 de septiembre, correspondiéndole a Nicaragua.
Tensión diplomática
Por el litigio los Gobiernos de Nicaragua y Colombia mantienen tensiones diplomáticas. El 1 de septiembre —según medios locales—, Duque convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales conformada por los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana. El exmandatario Uribe —en el período 2002 a 2010— a través de su cuenta de Twitter confirmó dicho evento y aseguró la postura de no entregar el mar. “Es mejor tener 40 años de tensiones diplomáticas que entregar el mar. Siempre se ha permitido la pesca artesanal de personas de Nicaragua”, indicó.
El pasado 10 de septiembre, Ortega acusó a Colombia de ser un “Estado narcoterrorista” y arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe, a quien tildó de ser “títere, terrorista, narcotraficante” y lo acusó de querer robar territorio a Nicaragua. Oficialmente ante estos señalamientos no ha reaccionado la Administración de Duque.
El pasado 28 de julio, el gobierno de Duque llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Alfredo Rangel, en rechazo al arresto de opositores que se ha dado en los últimos meses en el país. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el llamado del embajador Rangel responde a “la sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua”.
Además de Colombia, el pasado 21 de junio, los gobiernos de Argentina y México llamaron a sus respectivos embajadores en Nicaragua a trasladarse a sus países para responder consultas sobre el actuar del régimen orteguista en contra de la oposición durante los últimos días, informó un comunicado conjunto publicado por ambos gobiernos.
Posterior a ello, el 9 de agosto, el régimen orteguista llamó a consultas a sus embajadores en Costa Rica, Argentina, México y Colombia, en “reciprocidad”, como corresponde con la Convención de Viena ante similares llamados efectuados por esos gobiernos, aseguró Rosario Murillo.