Casi 4 mil estudiantes han quedado al garete, es decir, a la deriva, en la incertidumbre, como consecuencia de la cancelación de la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam).
Esta es –o era– una universidad privada propiedad del empresario orteguista Leonardo Torres, quien por razones desconocidas ha caído en desgracia ante el régimen. Las autoridades de la universidad cancelada han dicho a algunos de sus alumnos que las actividades docentes continuarán. Pero la angustia domina a sus estudiantes porque la resolución de la Asamblea Nacional dio un plazo perentorio de 72 horas, para que los documentos legales de la Uhispam sean entregados al Ministerio de Gobernación.
En igual o peor situación se encuentran los estudiantes nicaragüenses en la República China de Taiwán, becados por ese país democrático, después de que el régimen rompió las relaciones diplomáticas para sustituirla con la totalitaria República Popular China.
Los estudiantes nicaragüenses que han quedado al garete en Taiwán son solo 93. Pero decimos que su situación es peor porque se encuentran muy lejos de su país, a más de 15 mil kilómetros de distancia.
La autoridad taiwanesa todavía no se ha pronunciado sobre la situación de los becados nicaragüenses. Según información de la Agencia Central de Noticias de Taiwán, reproducida por la revista nicaragüense en línea, Confidencial, la estatal Universidad Nacional Cheng Kung prometió que seguirá atendiendo hasta agosto de 2022 a los diez estudiantes de Nicaragua que tiene en sus aulas. Sin embargo, la misma revista informa que en casos similares anteriores Taiwán canceló todas las becas estudiantiles de los países que rompieron las relaciones diplomáticas.
Está claro que la Asamblea Nacional tiene la facultad de quitar la personería jurídica a cualquier asociación civil, porque así lo establece la ley. Del mismo modo, de acuerdo con el artículo 150, numeral 8, de la Constitución Política de la República, el presidente Ortega tiene derecho de romper y establecer relaciones diplomáticas con el país que él quiera.
Pero los poderes públicos, en la toma de sus decisiones no deben causar daños y perjuicios a terceras personas que no tienen nada que ver con las políticas gubernamentales. De manera que lo justo sería que, en el caso de los estudiantes de la Uhispam el gobierno les ayude a reubicarse en otras universidades y que sus clases sean convalidadas. Y a los que están en Taiwán, debe repatriarlos y garantizarles también su reubicación en planteles educativos nacionales.
Seguramente eso no va ocurrir, porque los de abajo siempre sufren las consecuencias de las decisiones –lícitas o incorrectas— de los que están arriba detentando el poder. Pero ojalá que nos equivocáramos en este caso y que el régimen asumiera su responsabilidad de reparar el daño que ha causado a los estudiantes en Taiwán y la Uhispam.