Las recientes votaciones del siete de noviembre desataron una nueva etapa de represión, según valoró Jhoswel Antonio Martínez, director ejecutivo del observatorio de derechos humanos de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor.
Martínez expuso esta conclusión como parte de un informe preliminar que presentó este domingo en el foro “Violación a los Derechos Humanos, otro fundamento más para deslegitimar las votaciones en Nicaragua”, promovido por el organismo Hagamos Democracia, con el objetivo de exponer los abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses en el marco del proceso electoral.
“La jornada electoral desarrolló una quinta etapa de represión”, que habría empezado con la aprobación de un combo de leyes a finales del 2020, que buscaba restringir los derechos de los nicaragüenses opositores y su participación en los comicios, indicó.
De acuerdo a Martinez, la primera etapa de represión fue previo a abril de 2018 cuando Daniel Ortega reprimía y acosaba a campesinos, activistas y políticos en los llamados «miércoles de protesta», y manifestaciones contra el Canal Interoceánico.
La segunda etapa fue entre el 10 y 19 de abril de 2018, y con la primera víctima mortal empezó la tercera etapa represiva que engloba los asesinatos de manifestantes. La cuarta etapa, de acuerdo al observatorio, se dio a partir de septiembre de 2018 cuando la Policía prohibió todo tipo de protesta contra el régimen de Daniel Ortega. Esa etapa concluyó a finales del 2020 con el contexto electoral.
Martínez valoró que a partir del once de enero del 2022, cuando el régimen de Daniel Ortega se convierta en un gobierno ilegítimo, podría recrudecerse aún más la represión contra los ciudadanos opositores, incluso contra las familias de los exiliados que desde afuera hacen gestiones para presionar a la dictadura.
«Noches de miedo» previo a elecciones
Los meses previos a la jornada electoral hubo “noches de miedo” donde se documentaron agresiones, allanamientos, encarcelamientos y torturas a ciudadanos opositores que permanecer detenidos en las celdas de Auxilio Judicial, indica el informe.
Estas detenciones se siguen efectuando hasta estos días, a más de un mes después de las elecciones, lo cual ha desatado una ola de exiliados que buscan resguardar su libertad, su vida y su integridad física, explicó Martínez.
De igual manera, la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos constituyó como una violación a los derechos políticos de los nicaragüenses que integran estas agrupaciones.
Martínez también comentó que el Consejo Supremo Electoral no fue equitativo al momento de aplicar la ley, y mencionó el caso de Kitty Monterrey, a quien el Poder Electoral acusó de tener nacionalidad nicaragüense y estadounidense, y por lo tanto su partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) fue ilegalizado y no pudo participar en el proceso electoral.
Sin embargo, Guillermo Osorno, el candidato del partido Camino Cristiano Nicaragüense, según Martínez, es ciudadano nicaragüense y costarricense, y se le permitió la participación en los comicios sin restricciones.
Entre otras violaciones a los derechos humanos, la organización también documentó el impedimento de las autoridades a la cobertura periodística por parte de medios de comunicación extranjeros que intentaron entrar al país, así como medios de comunicación nacionales a los que se les impidió de manera abierta la cobertura al proceso electoral.
Irregularidades en el proceso electoral
Según el informe de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor, también se registraron irregularidades durante el proceso electoral.
De acuerdo al documento, en algunos centros de cómputos del país “hubo apagones”, que habrían sido aprovechados para rellenar boletas electorales a favor del Frente Sandinista. Martínez explicó que esto lo supieron por denuncias de personas que sirvieron como observadores electorales independientes.
Por otro lado, Martínez también mencionó que hubo entre “213 mil y 230 mil muertos votantes”, es decir, nombres de personas fallecidas que aparecían en las actas de votaciones.
También pudieron constatar que hubo personas obligadas a votar, sobre todo trabajadores del Estado. “Las elecciones se llevaron a cabo en medio de violaciones a los derechos humanos, lo cual no pudo constituirse en un proceso legítimo”, valoró Martínez.
Testimonios de víctimas
En el foro también participaron víctimas de la represión que contaron su testimonio de cómo el régimen de Daniel Ortega les ha violentado sus derechos humanos o los de sus familiares.
Doña Susana López, madre del joven asesinado Gerald Vásquez, expuso que hasta la fecha no existe ninguna investigación para esclarecer la muerte de su hijo a mano de paramilitares que desalojaron a sangre y fuego, a un grupo de jóvenes manifestantes refugiados en la parroquia Divina Misericordia en la madrugada del 14 de julio de 2018.
También, una niña menor de edad contó su experiencia en el exilio junto a su familia. “Tuvimos que irnos porque a la casa llegaba la policía y con drones”, narró la pequeña, que es familiar de un excarcelado político.
La psicóloga del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca +, Ruth Quirós, expuso que la separación familiar “es quizás el golpe más duro” que sufren los nicaragüenses exiliados, y que muchos desarrollan un estrés postraumático, por lo que se les dificulta rehacer sus vidas en otro país.
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Quirós aseguró conocer casos de personas que por tener que salir de Nicaragua han perdido su trabajo, su estabilidad económica y se encuentran con un desprendimiento abrupto de todo lo que tenían en su país, y de la noche a la mañana, pueden perderlo todo. “Es un duelo que se vive bastante fuerte”, consideró
También mencionó que hay nicaragüenses que han tenido pensamientos de “autoeliminación porque no saben qué hacer con su situación actual”. Entre lo más común, hay exiliados que desarrollan tristeza, depresión, manifestaciones a nivel físico como dolores de espalda y ansiedad.
