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Desde que las instalaciones de LA PRENSA fueron tomadas y nuestro gerente general, Juan Lorenzo Holmann, fue detenido. ¡LA DICTADURA NO PUEDE OCULTAR LA VERDAD!
El Chipote

Dirección de Auxilio Judicial. LA PRENSA/Archivo

Régimen arrecia el secretismo en las detenciones de opositores

Ni la Policía ni el Ministerio Público están informando sobre las nuevas personas presas políticas. Los familiares pasan angustias intentando averiguar dónde están sus parientes detenidos y cuáles son los supuestos delitos de los que se les acusa

Carolina Jirón, madre de la opositora Samantha Jirón, vivió una odisea para lograr saber cuál era el estado de su hija, quien fue reportada como «desaparecida» el 8 de noviembre luego de que personas vestidas de civil se la llevaron detenida en las cercanías de un hotel en Managua. Jirón primero fue a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, a ver si le daban información, pero ahí le dijeron que estaba detenida en el Distrito Tres.

Cuando llegó a la delegación policial le confirmaron que su hija estaba ahí, pero al preguntar cuál era el delito por el que estaba detenida, la mandaron de regreso la DAJ. Más de 20 días después, la madre sigue sin poder verla. «Mi hija está ahí porque me pasaron una ropa sucia y me recibieron la ropa limpia», dijo Jirón.

Aunque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha caracterizado por cometer una serie de arbitrariedades en las detenciones a opositores que iniciaron en mayo de este año, en las últimas semanas la situación para las nuevas personas presas es peor. Además de que los arrestos se realizan por civiles, no hay una institución informando sobre la persona detenida ni el supuesto delito, como pasó con los casos anteriores.

Con los primeros detenidos, los familiares se enteraban por comunicados que emitían la Policía, que informaba del arresto y el supuesto delito, y luego por el Ministerio Público que informaba si ya se había realizado la audiencia donde les imponen 90 días mientras realizan las «investigaciones».

Desde hace más de un mes el Ministerio Público y la Policía no publican en sus respectivos sitios web comunicados o notas de prensa sobre las detenciones. Los familiares deben consultar en las diferentes delegaciones si sus parientes están efectivamente detenidos y buscar por diferentes medios las acusaciones.

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No colocan las acusaciones en el sistema

El secretismo en los casos de los opositores es cada vez mayor, incluso incumpliendo con la colocación de los casos en el Sistema de Causas Nicarao, como denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en el caso de analista político y exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edgard Parrales.

Vilma Núñez, presienta del Cenidh comentó que hasta este sábado 27 de noviembre el sistema no tenía el caso de Parrales registrado, a pesar de haber sido detenido el 22 de noviembre.

«Él (Parrales) siempre está en el Chipote. La situación paralizada. A Samantha Jirón y Eveling Pinto es la misma situación. El caso de Eveling Pinto está registrado en el sistema (sin detalles de la acusación). Sigue estancado», afirmó Núñez.

Eveling Pinto, de 62 años, defensora de derechos humanos, se encuentra compartiendo celda con Samantha Jirón. Fue detenida el 6 de noviembre, un día antes de las votaciones, pero su caso se hizo público la semana pasada. Al igual que el caso de Jirón, su familia sabe que está en la delegación del Distrito Tres porque les reciben ropa y le entregan la ropa sucia, además les reciben comida. «Ella está detenida por pensar diferente», dijo un familiar.

Entre los familiares de los detenidos conversan y así se enteran de cómo es el «mecanismo» para llevarle ropa y comida a sus familiares, porque no les brindan esa información. Esto solo para quienes están detenidos en las delegaciones de los distritos, ya que en el Chipote solo permiten el ingreso de agua o medicas que las autoridades solicitan.

«El primer día le traje comida en un contenedor descartable y le pedí al oficial me lo dejara entrar porque me dijo que la comida debe venir en bolsa. Ese día me lo permitió. Otro día llegó una señora con un plato y le ayudé a pasar la comida a una bolsa, porque es lo que permiten, no dejan pasar ni cubiertos», dijo uno de los familiares.

Agregó que en cuanto a la ropa debe ser short, no pantalón y el largo debe ser a la rodilla.

Procesos congelados por «carga laboral»

Sumado a la falta de información en cuanto a las detenciones, los familiares deben esperar porque las autoridades judiciales les indicaron que los casos están suspendidos por «razones de fuerza mayor y carga laboral».

El abogado Norwin Cruz explica que, según el artículo 134 del Código Procesal Penal (CPP), el juez tiene tres meses para dictar sentencia en un juicio cuando el o los acusados están detenidos. Si se cumplen esos tres meses, el juez puede continuar con el juicio otros tres meses más, pero debe liberar al acusado. El tiempo total de juicio es de seis meses.

Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, confirmó que los juicios están siendo suspendidos hasta nuevo aviso, lo cual es una violación al debido proceso y a sus derechos humanos «porque básicamente nuestros familiares están detenidos indefinidamente. Tampoco ha tenido acceso a una entrevista con su abogado. La única vez que miró a su abogado fue durante la audiencia inicial. La jueza dijo que por motivos de fuerza mayor y carga laboral los juicios quedan suspendidos hasta nuevo aviso», remarcó.

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Piden tarjeta de vacunación

Núñez indicó que a los familiares de los detenidos, cuando llegan a dejarle agua, medicinas o comida (en el caso de quienes están en delegaciones distritrales), se les pide la tarjeta de vacunación de los detenidos, sin dar explicación de para qué necesitan este documento, ya que no entran a ver a sus parientes.

«Supimos que les están pidiendo a los familiares que lleven las certificaciones (tarjetas) de las vacunas de los que están detenidos, aún cuando algunos fueron vacunados dentro de las cárceles», aseguró Núñez.

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