La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, encabezada por el cardenal Leopoldo José Brenes, emitió este viernes 19 de noviembre un mensaje en el que le recuerda sus responsabilidades a quienes detentan el poder público, a casi dos semanas de las cuestionadas votaciones que asignaron a Daniel Ortega como el candidato que obtuvo 75.87 por ciento de los votos.
«Los que detentan el poder público, iure (por derecho) o de facto, tienen la responsabilidad de procurar el bien común en la Nación, sin distinción alguna respetando los derechos fundamentales e inalienables de los ciudadanos», expresa la Comisión.
El mensaje además destaca que no se debe obligar a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según conciencia.
«Solo así se puede construir una sociedad donde prevalezca la dignidad de la persona humana», agrega la Comisión de Justicia y Paz.
Lea además: Arquidiócesis de Managua: «Hemos perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de nuestra patria»
El mensaje de la Comisión de Justicia y Paz también valora el respeto a los derechos ciudadanos y a la libertad de conciencia.
«El bien común implica que todos los ciudadanos puedan vivir con la tranquilidad de que sus derechos sean respetados. Toda persona tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales y políticas», manifiesta la Comisión de Justicia y Paz.
Este mensaje de la Iglesia católica llega 12 días después de la realización de las votaciones generales en Nicaragua, en un momento en que se ha conocido que trabajadores públicos han sido despedidos por nos salir a votar.
Las votaciones del pasado domingo 7 de noviembre se caracterizaron por la exclusión de la oposición y la escasa participación ciudadana, por la falta de confianza en el sistema electoral, controlado por el régimen de Daniel Ortega.
Todo el proceso electoral estuvo marcado por el encarcelamiento de destacados opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, que hasta el día de hoy siguen presos, la mayoría acusados por «traición a la patria» y «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Días antes de los comicios, los obispos llamaron a que cada nicaragüense decidiera desde su conciencia «lo que considere más justo y conveniente» en este momento para Nicaragua.

En los últimos meses, Ortega y su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, mantienen violentos ataques contra la Iglesia católica en sus discursos, acusándoles de cómplices y promotores de las protestas surgidas en abril de 2018 y por su actuación de mediadores y testigos del fallido Diálogo Nacional.
El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, reaccionó a inicios de de octubre a las acusaciones vertidas por Ortega en contra su país y de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en esos días.
Lea además: EE.UU: «Las peligrosas críticas de Ortega a los obispos católicos demuestran su miedo»
Ortega insistió en acusar a los altos jerarcas de la Iglesia católica de ser «terroristas» y de alentar al supuesto golpe de Estado, en alusión a las protestas ciudadanas en abril de 2018.
Para el diplomático estadounidense estas “peligrosas críticas de Ortega a los obispos católicos demuestran su miedo a las voces independientes nicaragüenses y su voluntad de atacar a todos los disidentes”.
Ortega, además de acusar a los prelados de supuestamente ser «cómplices de terrorismo», los descalificó porque, según él, le quisieron quitar su poder para entregárselo a imperialistas. «Los obispos firmando allí en nombre de los terroristas, sirviendo al imperio en medio de la sangre, de los incendios, en medio del dolor; exigiendo, no pedían, exigían el retiro de las autoridades y que se instalaran los terroristas en el gobierno al servicio de los yanquis», declaró.