Hans Kelsen en su “doctrina pura del Derecho” sostiene que la legitimidad se funda exclusivamente en la legalidad. En otras palabras, sin legalidad no hay legitimidad. El desprecio por la legalidad constitucional —puntualmente a la Ley Electoral de rango constitucional— de parte del régimen de Ortega, también significa la deconstrucción de la legitimidad, ya no sometida a una ley o norma positiva de cualquier caso, sino a la mera voluntad ideológica de no aceptar la ley. Entonces la legitimidad se impone de parte de un gobierno opresor que invoca un fundamento de legitimidad como derecho (la reelección), que no es ley (ilegal), en torno a un proyecto ideológico ligado al partido-familia.
Como la legitimidad viene de la ley, si no hay ley a la que referirla, entonces no hay legitimidad. Al depender la legitimidad de la legalidad, partiendo de la legalidad de la constitución escrita, está sujeta a la voluntad de quien ejerce el “poder soberano”, es decir, de quien fue electo para legislar en un periodo. Por ello, al responder la legitimidad a la voluntad de Daniel Ortega y no al criterio legal, evidencia la autocracia con que ha desgobernado el Estado: desmantelando las instituciones, supeditando los Poderes del Estado al Ejecutivo, violentando sistemáticamente la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense.
En los últimos años, la legitimidad no solo ha dependido del Derecho positivo de cada Estado, sino que ha ampliado su interpretación a raíz del Derecho Internacional Público. El reconocimiento de gobiernos extranjeros de parte del multilateralismo se ha ido fortaleciendo con base en principios, pero qué pasa cuando se ponen en juego las alianzas, las relaciones comerciales, la conveniencia diplomática. La pregunta es: ¿qué impera, la legitimidad de principios o la legitimidad por intereses? Partiendo de la idea que estos intereses pueden sobreponerse incluso a las diferencias ideológicas que puedan existir entre un Estado u otro.
En el contexto actual en el que el Estado de Nicaragua es acusado de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, pregunto a la comunidad internacional: ¿se puede reconocer a un régimen al que se le acusa de tales hechos? Y a los gobiernos que reconocerán a Ortega: ¿se puede reconocer como legítimo a quien no garantiza el respeto de los “derechos humanos” y no goza de la aceptación del pueblo? ¿Qué criterios van a prevalecer después del 7 de noviembre sobre la legitimidad de Ortega?
No asombraría que quienes renuncien a los principios de la Carta de la OEA, de la Carta de las Naciones Unidas y orienten su concepto de legitimidad con base en un criterio ideológico reconozcan a Ortega como “legítimo”, incluso sabiendo que cometió masivas violaciones a los derechos humanos.
El autor es miembro de Juntos por Nicaragua.
