El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ya no supervisará la ejecución del préstamo de 100 millones de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó a Nicaragua en junio de este año para la adquisición de vacunas contra la covid-19. Así lo establece el acuerdo presidencial 177-2021, publicado en La Gaceta Diario Oficial, del pasado 14 de octubre.
Según ese acuerdo, el pasado 20 de septiembre, el BCIE autorizó modificar el contrato del préstamo, “respecto a la entidad que será contratada por el organismo ejecutor para la Supervisión Externa del Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan de Despliegue de Vacunación y Atención de la covid-19 en la República de Nicaragua”. Además, autoriza al viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría, que suscriba la modificación del contrato con el BCIE.
Los 100 millones de dólares del préstamo que el BCIE le aprobó a Nicaragua, pese al mal manejo que ha hecho el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de la pandemia, serían destinados para el proyecto “Apoyo para la Implementación del Plan de Despliegue de Vacunación y Atención de la covid-19 en la República de Nicaragua”, ejecutado por el Ministerio de Salud.
Ese financiamiento estaba condicionado a la supervisión y auditoría de Unicef. El mismo banco regional lo hizo constar en una nota de prensa pública en su sitio web el 27 de abril de este año, cuando afirmó que uno de los componentes del Plan de Vacunación financiado por el BCIE en Nicaragua era la supervisión y auditoría por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
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Pero ahora, según el acuerdo presidencial, “se modifica la entidad que será contratada por el Organismo Ejecutor (Minsa), para la Supervisión Externa del Proyecto”. Ni el acuerdo presidencial, ni la resolución del BCIE, dejan claro qué organismo se hará cargo de la supervisión y auditoría de la ejecución de esos fondos.
“No es normal”
Un reconocido economista del país, que prefiere no ser citado, explicó que para modificar el contrato firmado entre Nicaragua y el BCIE, lo primero que debió haberse hecho fue una solicitud del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y posteriormente una discusión en la cual se habría llegado a un acuerdo.
Sin embargo, una modificación de este tipo “no es normal”. “Una cosa firmada, está firmada. No se pueden estar echando para atrás”, indicó.
“Tiene que haberlo solicitado el gobierno y el BCIE aceptado. El BCIE ya perdió sus facultades de decisión. Ha perdido autoridad”, criticó el economista, ya que el organismo financiero es manejado por los ministros de Hacienda de los distintos países que lo integran.
Sobre la supervisión y auditoría del préstamo, que según el acuerdo presidencial estará a cargo de otra entidad, el economista más bien interpreta que el mismo régimen de Daniel Ortega será quien hará la supervisión de los 100 millones de dólares. “Es el Ministerio de Hacienda el que asume el rol de Unicef, y el Minsa en la ejecución”, analizó el economista.
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Los planes del régimen
De acuerdo con el comunicado del BCIE, de abril de este año, cuando Nicaragua contrató ese préstamo, el régimen pretendía adquirir 6.86 millones de vacunas, para inmunizar a 3.27 millones de nicaragüenses.
El régimen hablaba de cubrir con el plan de vacunación a casi el 70% de la población, es decir aproximadamente 4.7 millones de habitantes.
No obstante, hasta la fecha no ha brindado un informe detallado de cómo se han usado esos recursos ni sobre el avance de la inmunización en el país, y más bien lleva a cabo la vacunación en medio de aglomeraciones, con una buena cantidad de vacunas donadas por el mecanismo Covax de la OMS.
Además de las vacunas que adquiriría el régimen con ese préstamo, también mejoraría el proceso de diagnóstico y vacunación, así como el reforzamiento de la cadena de frío mediante la compra de equipos, y fortalecimiento de las capacidades del Centro Nacional de Diagnóstico de Referencia (CNDR) del Minsa, informó el BCIE en esa ocasión.
Ese préstamo será cancelado por Nicaragua en un plazo de 20 años, con un período de gracia de cinco años.