Una gran cantidad de emociones en las que sobresalen la angustia y la incertidumbre sienten familiares de los 36 presos políticos detenidos durante los últimos 104 días, al desconocer cuándo les permitirán ver otra vez a sus parientes, quienes están tras las rejas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote.
A finales de agosto e inicios de septiembre, el régimen permitió que los detenidos pudieran ver por primera vez a sus familiares, luego de mantener a la mayoría bajo detención judicial de casi 90 días e imponerles una audiencia preliminar en secreto y sin la asistencia de su abogado de preferencia. Desde entonces, según los parientes, ningún juez o autoridad policial les ha respondido cuándo podrán ser visitados por segunda vez.
«Los oficiales de ahí (del Chipote) no saben absolutamente nada, todos los familiares lo que estamos haciendo es presionando a través de nuestros abogados para que ellos presionen a los judiciales y nos permitan verlos, ojalá que no se dé el boleo. Los judiciales dijeron en la primera y segunda audiencia que iban a girar órdenes para que podamos verlos, pero sabemos que este permiso emana de El Carmen (residencial donde habita Daniel Ortega). Lo que tienen que hacer es establecer las visitas a como eran antes en el Chipote, los martes y los jueves, pero las visitas las quitan cuando llega el grupo de políticos», indicó Marta Urcuyo, esposa de Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
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¿Jueces y policías no deciden?
Actualmente, el régimen mantiene a unos 150 presos políticos encarcelados, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. En los últimos cuatro meses han sido detenidas 36 personas, entre líderes opositores, precandidatos presidenciales, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el gerente general de LA PRENSA, entre otros, quienes han enfrentado detenciones y procesos judiciales irregulares, según denuncias de sus familiares y abogados.
«Ahora estamos esperando que la Policía nos llame para informarnos cuándo podemos ver a nuestros familiares, pero no sabemos cuándo será y si va a ser recurrente la visita, que esa es una de las exigencias que hemos hecho. Los abogados dicen que el juez en la audiencia estipuló que podemos ver a nuestros familiares en el Chipote, pero estamos en la incertidumbre», dijo Josefina Dávila, hermana y sobrina de las presas políticas Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez, respectivamente.
Los familiares y abogados han denunciado que los detenidos enfrentaron audiencias preliminares secretas con la imposición de un defensor público. Los judiciales les han impuesto prisión preventiva y en audiencias iniciales fueron remitidos a juicio. Los procesos penales están siendo ejecutados en el Chipote.
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«Les planteamos a los jueces que giraran oficio a la Policía para que permitieran las visitas de los familiares de los procesados, ellos dijeron que iban a coordinar con el Chipote, pero no prometieron nada en concreto. Es un derecho del procesado poder ver a sus familiares, en el que ni hay que pedir permiso, pero si en esta semana no se puede ver a los presos, entonces vamos a presentar un escrito para poner en conocimiento a la autoridad judicial, ya que estarían violando un derecho procesal como lo es la visita de sus parientes», explicó el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y defensor de presos políticos Maynor Curtis.
