Un día después que la Policía orteguista anunciara haber «esclarecido» el móvil de la masacre contra indígenas mayagnas y miskitos, —donde además solo reconoce a 9 víctimas— familiares de las víctimas de ambas comunidades se pronunciaron este jueves rechazando el parte oficial y exigieron una verdadera investigación sobre el caso. A su vez, el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, expuso las inconsistencias que presenta el informe de la policía.
Juan Gutiérrez , padre de Borlan y Sixto Gutiérrez Empra, dos de las víctimas presentadas por la Policía, refutó la versión de las autoridades donde atribuyen estas muertes a «discordias» entre comunitarios y aseguró que ese 23 de agosto —día de la masacre— sus hijos recorrían la zona de Kiwakumbai «lavando oro para cubrir sus necesidades ya que tienen hijos en la escuela y ahí fueron asesinados por colonos y mayangnas».
El padre de Kedelin Gutiérrez Jarquín, otra de las víctimas del ataque, aseguró que su hija también andaba en la zona de Kiwakumbai «buscando cómo ganarse la vida», sin embargo encontró la muerte a manos de los colonos y mayangnas, dice. «Hasta ahora nosotros observamos que no hay justicia y solicitamos ayuda en ese sentido y esperamos que el gobierno pueda responder. Otra petición que tenemos es que queremos ir al lugar de la masacre a recoger el cuerpo de nuestra hija y darle cristiana sepultura en nuestra comunidad», manifestó el ciudadano.
El informe de la Policía detalla que dichos asesinatos fueron motivados por supuestas «rencillas de los delincuentes, quienes pretendían apropiarse por la fuerza del punto de güirisería donde laboraban las personas asesinadas”, contradiciendo de esta manera la versión de los comunitarios quienes denuncian que el ataque fue perpetrado por un grupo de colonos en contubernio con algunos mayangnas.
Entre las víctimas figuran Víctor Manuel Matamoros Morales, Armando Suárez, Borlan Gutiérrez, Armando Pérez, Jairo Hernández, Sixto Gutiérrez, Kedelin Jarquín, James Waldan Salgado y un adolescente de iniciales J.L.P. y/o J.R.B.
«A mi hijo lo torturaron»
Wilmor Waldan, padre de James Waldan Salgado, relató que su hijo no solo fue baleado, sino que también fue sometido a múltiples torturas a manos de colonos y mayangnas. «A mi hijo no lo mataron de una sola vez, lo torturaron, le pegaron un balazo en el estómago y luego lo colgaron como colgaron a Cristo, lo torturaron y lo mataron, fue muy feo y muy malo lo que le hicieron», describió.
«Mi hijo no andaba robando, mi hijo andaba trabajando en el cerro Kiwakumbai y fue ahí donde fue asesinado y desde el 23 de agosto a las 3 de la tarde cuando mataron a mi hijo, hasta el día de hoy vemos que el gobierno no ha hecho mucho. Ha capturado a algunos Mayangnas, sin embargo ha escondido a los colonos responsables », agregó Waldan.
Inconsistencia en la versión policial
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, manifestó que frente a esta versión de la Policía hay algunas inconsistencias y a su vez demandó una investigación independiente «con peritaje internacional para que esclarezcan los hechos ocurridos en la masacre y que no queden en la impunidad como los ocurridos en la masacre de la comunidad de Alal en 2020».
Inicialmente Ruiz afirmó que en el informe de la Policía la institución no incluyó la denuncia que interpusieron el 11 de agosto los ciudadanos Bercinia Celso Lina y Armando Medina, este último asesinado el 23 de agosto. «Esa denuncia se dio 12 días antes del día de la masacre, es decir, que pudo ser evitada si se atendía la denuncia».
Otra de las inconsistencia, según el ambientalista, es que las autoridades solo reconocen a nueve personas asesinadas, «sin embargo los reportes de las comunidades se debería de estar hablando de 12 personas. Estas otras tres personas son Yahoska Jarquín Gutiérrez, Morgan Pantin y Romel Simon Kelly, que también habrían sido asesinadas, pero la Policía no señala estas víctimas».
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Como evidencia, la Policía ocupó en la escena del hecho un casquillo percutido calibre 7.62, color cobrizo; 3 casquillos de escopeta, calibre 12; 9 perdigones, 3 cartuchos color cobrizo; 2 casquillos cobrizos, una gorra color negra con manchas de hemáticas y orificio de bala en la visera.
Al respecto, Amaru Ruiz sostiene que hay muy pocos casquillos percutidos para tantas personas asesinadas y aseguró que algunos casquillos no está percutidos, es decir, que no fueron disparados, «otros casquillos están en mal estado (con sarro), lo que indica que no fueron ocupados en una actividad reciente. Agrega que los comunitarios cuestionan cómo es posible que estas personas tengan en su poder ese tipo de armas (escopetas)».
Atacantes desconocidos
Comunitarios han señalado que este ataque ha sido dirigido por Isabel Meneses, alias Chabelo —quien también es sospechoso de la masacre en Alal—, sin embargo, en la lista que presenta la Policía no aparece dicha persona. «Es más, no se menciona ningún mestizo que haya sido parte de los sospechosos de la masacre.
Ruiz detalla que los principales sospechosos acusados son familiares de Bercinia Celso Lino, quien había puesto la denuncia ante la Policía el 11 de agosto. «Extraoficialmente se conoce que los sobrevivientes de la masacre han sido amenazados y han sido hostigados para acusar a sus propios familiares», es la explicación de Amaru sobre esta inconsistencia.
Las autoridades además informaron que el mismo grupo abusó sexualmente a una ciudadana identificada como Bercinia Celso Lino, de 41 años, y a la adolescente K.J.P.C. «¿Cómo es posible que los hermanos de Bercinia Celso hayan permitido que abusaran sexualmente de ella?», cuestionó al respecto el ambientalista.
Los testimonios de los familiares de las víctimas de la masacre indígena fueron expuestos a través de una conferencia organizada por el organismo Prilaka Comunity Fundation y la Fundación del Río, donde también participaron representantes de las comunidades Santa Clara, Santa Fe, Wiwinak y Saslaya.
