El Ministerio Público (MP), a través de un comunicado, informó que este martes acusó en los Juzgados de Managua al escritor Sergio Ramírez Mercado supuestamente por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, y Amaru Ruiz Alemán, director de la Fundación del Río, por la supuesta comisión del delito de Propagación de Noticias falsas, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que sanciona el artículo 30 de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos.
También, Ramírez es señalado por el MP de haber recibido, a través de la Fundación Luisa Mercado, dinero de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). Trabajadores y la expresidenta de esta última organización, Cristiana Chamorro Barrios, han sido acusados por los delitos de: apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos. LA PRENSA trató de obtener los comentarios de Ramirez, pero solo adelantó que prepara una declaración para ser divulgada. Él se encuentra en el exilio para evitar represalias del régimen.
“Fondos que en su mayoría iban destinados a financiar uno de los principales programas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ´Programa Medios para Nicaragua´, pero que en la práctica fueron destinados para otros fines que no eran los propios de la Fundación, como fue el dar financiamiento a personas y organismos que buscaban la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país. Acciones que encuadran en el tipo penal de Conspiración para cometer Menoscabo a la Integridad Nacional, en concurso con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, tipificados en los artículos 282, 410 y 412 del Código Penal, Ley No. 641, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de la República de Nicaragua”, indica el MP.
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Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua, compañero de fórmula de Daniel Ortega, en el período 1985-1990. La Fiscalía solicitó al judicial orden de detención y allanamiento en su contra.
Además, desde 2013 preside el encuentro anual de literatura Centroamérica Cuenta”, que se celebraba en Nicaragua y es considerado el más importante festival literario de la región.
Ha recibido una serie de premios por sus escritos, entre ellos el Premio Cervantes (España, 2017), el más importante de la literatura en lengua española.
Ley de Ciberdelitos contra Ruiz
“(Ruiz) quien brindó información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde indígenas fueron asesinados, expresando el acusado que ´el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos´, lo cual es totalmente falso, ya que existe una investigación policial, una acusación fiscal y un proceso judicial contra los criminales que cometieron tales hechos ocurridos en el año 2020”, detalla la Fiscalía.
“Con relación a los recientes acontecimientos de agosto 2021, en el cerro Kiwakumbaih, desde que se conocieron los hechos, la Policía Nacional designó un jefe, investigadores y peritos para trasladarse al lugar de los hechos e investigar estos crímenes para identificar y dar con el paradero de los criminales y presentarlos ante la justicia nicaragüense. El acusado Amaru Ruiz pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional”, señala el comunicado y agrega que solicitaron al judicial orden de detención contra Ruiz.
Ruiz en enero de 2019 decidió exiliarse debido a las constantes amenazas por parte del régimen de ser procesado judicialmente, solo por denunciar abusos contra el medio ambiente y los indígenas de la Costa Caribe del país.
Amaru Ruiz expresó a LA PRENSA que esta acusación impulsada por el régimen no es más que una medida para callar a los defensores de derechos humanos y sobre todo a los ambientalistas que brindan acompañamiento a los indígenas ante “la falta de atención y protección de las comunidades” por parte del Estado y sus instituciones.
“Hemos tenido soporte de lo que hemos dicho, ninguna información establecida ahí ha sido falsa, incluso hemos anunciado de las investigaciones que se abrieron y de la negligencia de la Policía Nacional en pronunciarse luego de dos semanas y no atender la masacre una semana antes que se había puesto la denuncia alrededor de las comunidades indígenas”, respondió Ruiz.
El ambientalista adelantó que ya se encuentra en el proceso de evaluació con su abogado de cómo responder a esta acusación, pero destacó que pese a esta amenaza del régimen va a continuar realizando su labor como defensor de los pueblos indígenas y afrodescencientes.
“Lamentablemente las comunidades, en su temor de represalias obviamente siempre omiten su nombre y nos piden a nosotros como defensores de derechos humanos que sigamos denunciando. Esperemos que las comunidades sigan rompiendo el cerco mediático y sigan denunciando la situación y vamos a evaluar las repercusiones que tiene, pero creeríamos que las comunidades indígenas van a seguir actuando en función de defensa de sus derechos”, manifestó.
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Arellano, Aguirre y Díaz a juicio
Además, este miércoles, se realizaron las audiencias iniciales de los acusados Jaime Arellano Arana, Francisco Xavier Aguirre Sacasa y Mauricio José Díaz Dávila, por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua.
La Fiscalía indicó que la autoridad judicial -sin precisar el nombre del juez y el juzgado- decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva a todos los acusados y remitió las causas a juicio.
Irónicamente el MP “hace un llamado a la población a mantener un clima de paz y convivencia pacífica, así como de tranquilidad, tolerancia y respeto a las leyes de la República” cuando ha propiciado persecución, asedio y represión política al servicio del régimen.