El Ministerio Público (MP) inició en las últimas dos semanas la acusación formal contra 32 nicaragüenses opositores al Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, entre ellos 24 están arrestados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocido como el nuevo Chipote, tres bajo arresto domiciliar y seis con orden de detención judicial, según el MP.
Entre los acusados se encuentran seis precandidatos presidenciales, cinco de ellos acusados por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y una de ellos, quien ya fue remitida a juicio, es acusada por cuatro delitos: gestión abusiva, falsedad ideológica y lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida.
Los nueve primeros acusados
El 24 de agosto, el MP inició con las acusaciones en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, por los delitos de apropiación y retención indebida. Ese mismo día, amplió la acusación y fueron acusadas otras nueves personas, entre ellas los extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Marcos Antonio Fletes y Walter Antonio Gómez, por lavado de dinero, bienes y activos y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica.
Además, fue acusado el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, por lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida y gestión abusiva. El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana y Carlos Fernando, por apropiación y retención indebida y gestión abusiva.
El MP también acusó Emma Marina López y Pedro Vásquez Cortedano «por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero»; y a la vez a Ana Elisa Martínez Silva a quién se le acusó por los delitos de apropiación y retención indebida, gestión abusiva y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos. Y se acusó Guillermo José Medrano y María Lourdes Arróliga por apropiación y retención indebida. Todos extrabajadores de la FVBCH.
Los nueve acusados por varios delitos fueron remetidos a juicio, este jueves 2 de septiembre, después de haberse celebrado la audiencia inicial en las instalaciones de la DAJ, que por decisión de la judicial, no se permitió el ingreso de familiares de los procesados.
Los acusados por «conspiración»
Dos días después, el 26 de agosto, el MP continúo con la acusación y en este caso acusó oficialmente a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira, y a los opositores José Bernard Pallais, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Tamara Dávila y Manuel Salvador Orozco Ramírez, por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Un día después fueron acusadas por el mismo delito las dirigentes del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez. Y posterior, el 30 de agosto, fueron acusados otros cuatro más: el general en retiro del Ejército, Hugo Torres Jiménez; el exguerrillero Víctor Hugo Tinoco, la presidenta de Unamos, Suyén Barahona Cuán y el presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas Anduray.
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El 31 de agosto, por el mismo delito de «conspiración» se acusó al cronista deportivo Miguel Mendoza, el aspirante presidencial Miguel Mora y la exprimera dama, María Fernanda Flores. El 1 y 2 de septiembre, se acusó a los opositores Medardo Mairena, Freddy Navas, José Antonio Peraza, Max Jerez, Lesther Alemán y Jaime Arrellano.
De los 31 encarcelados en el nuevo Chipote, los que hasta el momento no han sido acusados son el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, el exembajador Mauricio Díaz, la abogada defensora María Oviedo, los opositores Alex Hernández y Róger Reyes, y el líder campesino Pedro Mena, el gerente general de LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann investigado por los delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos. Y Noel Vidaurre que está bajo arresto domiciliar.
Lo que dice el Código Penal del delito «conspiración»
De acuerdo al abogado estadounidense y defensor de los líderes opositores Maradiaga y Chamorro, Jared Genser, si los opositores son declarados condenados conforme el artículo 410 del Código Penal por «menoscabo a la integridad nacional» pueden ser sentenciados de 10 a 15 años de prisión, y si a la vez son condenados conforme el artículo 412, por «provocación, proposición y conspiración», pueden ser sentenciados de 5 a 10 años más. La suma de ambas condenas ronda entre los 15 y 25 años.
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El Código Penal de Nicaragua señala en su artículo 410 «menoscabo a la integridad nacional», que el que realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano e independiente, será sancionado con pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación absoluta, por el mismo período para el desempeño de función, empleo o cargo público, salvo lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua.
Mientras tanto, el artículo 412 sobre «provocación, proposición y conspiración» indica que se da para cometer cualquiera de los actos previstos en este Capítulo, será sancionada con una pena cuyo límite máximo será el extremo inferior de la pena respectiva y cuyo límite mínimo será la mitad de esta.
CIDH preocupada por «deplorables condiciones» de los detenidos
Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió a la situación actual de los opositores y aseguró que a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), «sigue monitoreando la situación de personas detenidas arbitrariamente en el contexto electoral, que vienen siendo acusadas por la Fiscalía por presuntos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y lavado de dinero.
#Nicaragua🇳🇮 #CIDH/#MESENI sigue monitoreando la situación de personas detenidas arbitrariamente en el contexto electoral, que vienen siendo acusadas por la Fiscalía por presuntos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y lavado de dinero. 1
— CIDH – IACHR (@CIDH) September 2, 2021
En tal sentido, dice la CIDH, ha tomado conocimiento sobre visitas de familiares a personas detenidas y manifestó su preocupación por la «información sobre deplorables condiciones en las que se encuentran, contrarias a los estándares de derechos humanos». Por ello, señala que el MESENI «recopila testimonios».
Por ello el organismo internacional de derechos humanos, liderado por la comisionada Antonia Urrejola, exhorta al Gobierno de Nicaragua a «garantizar el debido proceso y la integridad personal de quienes se encuentran en privación de libertad», y asimismo, reitera su llamado a «liberar a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis».
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Los 24 nicaragüenses detenidos en el nuevo Chipote entre el martes y miércoles pasado, recibieron por primera vez desde su detención, la visita de sus familiares, quienes en los últimos días demandaban al Gobierno de Ortega una prueba de vida de sus parientes. Los opositores fueron visitados durante 30 minutos.
Según el relato de los familiares, los opositores detenidos lucen «pálidos» y «delgados» debido a que han sufrido pérdida de peso. En algunos de los casos los presos políticos han sido víctimas de torturas psicológicas, interrogatorios constantes, aislamiento durante sus primeros meses en la cárcel y «audiencias secretas» en horarios no establecidos.
