Jhovanny Alexander Tenorio Urbina y Bryan Kessler Alemán.

Familiares de presos políticos piden visibilizar los casos de dos opositores que están registrados como reos comunes y un desaparecido

Asociación de Familiares de Presos Políticos emitió un comunicado en el que denuncian ineficiente atención médica para los encarcelados.

La Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) denunciaron este viernes 27 de agosto «el trato cruel e inhumano que están sufriendo más de 160 presos políticos dentro de las cárceles y celdas de aislamiento». Además, hicieron un llamado urgente para visibilizar los casos de tres opositores secuestrados que son considerados reos comunes.

«Hacemos un llamado de manera urgente a los organismos encargados de la inscripción de secuestrados para que se reconozca como presos políticos a las personas que aún no han sido reconocidas, hacemos énfasis en el caso de Inés Antonio Mendoza y el caso de Jhovanny Tenorio. Ambos son víctimas del régimen opresor, así como Bryan Kessler Alemán a un año de su recaptura», manifiesta la nota de prensa divulgada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+.

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Denuncian desaparición

Jhovanny Alexander Tenorio Urbina, de 31 años de edad, es un agricultor de Matagalpa, a quien el 2 de mayo de 2021, cuando se encontraba trabajando en la hacienda La Aurora (entre Jinotega y Matagalpa), cuatro sujetos desconocidos vestidos de civil y armados llegaron en una camioneta y le dijeron que tenían una denuncia en la Delegación de Policía de Jinotega y debían llevárselo, indica el organismo según la versión de testigos.

«Lo golpearon y se lo llevaron en una camioneta sin que hasta la fecha se conozca dónde se encuentra ni su estado de salud», según denuncia interpuesta ante el Colectivo.

El Colectivo confirmó que Tenorio no pertenece a ninguna organización política, solo se ha dedicado a trabajar en el campo, pero su hermana Claudia Tenorio no descarta que el secuestro se debió a que su hermano participó activamente en las protestas antigubernamentales de 2018. También cree que podría ser por la labor que ella desarrolla desde el exilio como defensora de derechos humanos.

Tenorio no tiene acusación ni se sabe dónde está. La autoridad judicial local de Matagalpa niega tenerlo bajo su custodia y la autoridad nacional no responde a las solicitudes de información de la familia para saber si Tenorio está preso. Su familia tiene más de 100 días sin saber absolutamente nada de Tenorio.

Caso de Bryan Kessler Alemán

Particularmente sobre Bryan Kessler Alemán, la AFPP denunció «que ha pasado más de diez días enfermo presentando problemas en la garganta, diarrea, fiebre, dolor de cuerpo, cansancio» en el sistema penitenciario, según denunció su familia.

Los familiares de Alemán aseguraron que los médicos del sistema penitenciario solo le han hecho un examen de sangre sin darle los resultados desde el viernes 13 de agosto pasado. Después de esa fecha no han sabido nada más sobre el estado de salud de Alemán, pero «se ha confirmado que se les brinda la peor atención médica a cada uno de los detenidos ilegalmente», según los familiares de otros reos.

Kessler, de 28 años y originario de Managua, es un opositor recapturado. El joven ha asegurado frente a la autoridad judicial que está preso «por ser una persona que piensa distinto al Gobierno» y por andar en piquetes y protestas desde 2018.

Fue condenado a 15 años de prisión en noviembre pasado por el juez Carlos Silva Pedroza, titular del Juzgado Cuarto Distrito Penal de Juicio de Managua, por los supuestos delitos de tráfico de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas.

Kessler fue detenido por primera vez el pasado 24 de mayo del 2019 cuando salía de la casa de la dueña de la caponera que conducía. La Fiscalía también lo acusó en esa ocasión por posesión de drogas.

Inés Antonio Mendoza

En el caso de Inés Antonio Mendoza, de 32 años, fue detenido el 26 de agosto de 2019 en el municipio de Esquipulas, Matagalpa, de donde es originario.

La Policía primero le dijo que estaba preso por una demanda de pensión alimenticia que le interpuso su exesposa, con quien tiene un hijo, pero luego le hicieron otras acusaciones cuando ya estaba en la cárcel local de Matagalpa.

La familia de Mendoza no fue notificada sobre el proceso penal para asistir a los juicios y en el penitenciario local de Matagalpa aseguran que ya no está y que fue trasladado al Sistema Penitenciario de Tipitapa, Managua, Jorge Navarro, conocido como La Modelo.

La familia de Mendoza aseguró que él está preso porque participó en las protestas contra el Gobierno y era crítico en sus redes sociales.

Amenazados por pandemia

En general, la AFPP manifestó en su comunicado de este viernes que tanto los presos políticos como los reos comunes han comentado a sus familiares, cuando los llegan a visitar, que «los jóvenes que se encuentran en las celdas de máxima seguridad han presentado síntomas relacionado a la pandemia Covid-19, así como el resto de reos comunes a quienes también se les niega el derecho a recibir atención medica y poder acceder a tratamientos».

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La AFPP también reitera la denuncia de que los presos políticos «se enfrentan a causas judiciales fabricadas por la dictadura Ortega-Murillo, delitos impuestos que jamas cometieron y viven un encierro injusto».

«Nuestros secuestrados políticos han sido torturados física y psicológicamente, sentenciados a tres años de cárcel, muchos de ellos recapturados. Debemos mencionar que se encuentran en pésimas condiciones de salud y sin acceso a alimentación, medicina, potencialmente expuestos a enfermedades y en condiciones inhumanas», agrega el comunicado.

Por otra parte, la AFPP manifestó que la mayoría de los familiares de presos políticos viven bajo asedio policial e incluso algunos tienen casa por cárcel, lo que les impide visitar a sus presos en las cárceles. Además, otros familiares han tenido que abandonar el país por asedio y amenazas de orden de captura, como es el caso de Karen Lacayo, hermana de Eduard Lacayo, conocido como la Loba Feroz, del departamento de Masaya.

Otras irregularidades denunciadas por la AFPP son los cambios de las fechas de visita a los presos sin previo aviso, «generando pérdida de tiempo, de dinero y de alimentos, asimismo como desgaste físico y psicológico para sus familiares».

 

Política Nicaragua archivo

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