La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido de gobierno, aprobó este martes con carácter de urgencia una reforma a la Ley General de Bancos, Instituciones financieras no bancarias y grupos financieros (Ley 561), para imponer multas a los funcionarios y empleados de la banca nacional, que informen a sus clientes que están siendo investigados.
La reforma establece multas a directores, representantes, funcionarios, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de una institución bancaria «que divulgue o informe al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavador de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte».
Lea además: Régimen de Ortega pone contra la pared a los bancos: o los multa la Siboif o los castiga la OFAC
Además, serán sancionados con multas quienes alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencias u otro documento cualquiera o que oculte o eviten que se conozca de los mismos o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización, supervisión o inspección.
Los empleados serán sancionados con una multa equivalente entre cuatro y ocho veces el salario mensual. En el caso de los directores será entre 10 y 50,000 unidades de multa. En el caso de las infracciones muy graves o reincidencia, el Superintendente podrá accesoriamente ordenar la remoción definitiva del cargo del infractor.
El régimen de Ortega ya había establecido multas para los bancos en la normativa de la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que publicó la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) en abril pasado, donde se establecieron multas de hasta 3.6 millones de córdobas en caso de que estos incumplan la ordenanza de no negar el acceso a los servicios financieros a cualquier nicaragüense, cuya verdadera intención, según han alertado especialistas, es garantizar que los sancionados por Estados Unidos retomen sus relaciones financieras con el sistema.
La reforma a la Ley 561 fue aprobada con 70 votos a favor de los diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Cuando se abrió la sesión estaban presentes 84 diputados de un total de 91 diputados.
También reforman Ley 316 y Ley 587
En la misma sesión fueron reformadas la Ley de la Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras (Ley 316) y la Ley de mercado de capitales (Ley 587), para homologar la reforma a la Ley 561. Las reformas fueron presentadas el pasado 16 de agosto por Daniel Ortega, presidente de la república.
El diputado sandinista y presidente de la Comisión de producción, economía y presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, manifestó ante el plenario que aunque son tres iniciativas distintas, las tres «están enlazadas con la necesidad que tiene el Estado de la República de Nicaragua de continuar avanzando en el seguimiento y el fortalecimiento de nuestro sistema financiero nacional».
El diputado Gutiérrez aseguró que las reformas responde a una recomendación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que había reportado «deficiencias» en la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif) por la falta de disposiciones sancionatorias en la con relación al financiamiento al terrorismo, dentro del modelo preventivo para los bancos y otras instituciones financieras, exceptuando las instituciones del Seguro, que según el diputado sí lo tienen.
El diputado Gutiérrez también dijo que Gafilat señaló que «no existe un marco sancionatorio para el mercado de valores en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en ese sector».
