Nos preguntan por qué LA PRENSA no ha opinado sobre las últimas incidencias del proceso electoral que está en desarrollo y debe desembocar en las votaciones del 7 de noviembre.
Se refieren particularmente a la considerable reducción de votantes en el Padrón Electoral para esos comicios, que serán muchísimos menos que los que hubo en las elecciones anteriores, nacionales y municipales.
Igualmente se refieren a la reducción también considerable del tiempo de campaña electoral, ordenada mediante una resolución por el Consejo Supremo Electoral que legalmente no tiene esa facultad. La duración de las campañas está señalada en la Ley Electoral y para reducirlas o aumentarlas se requiere una reforma de esta ley constitucional.
Pero lo que hay en Nicaragua no es propiamente un proceso electoral y lo que haga el régimen en este ámbito no tiene ninguna significación.
Como han declarado los partidos políticos de la verdadera oposición que fueron excluidos de la participación electoral, y lo ha advertido la comunidad internacional principalmente por medio de los organismos multilaterales: la Organización de Estados Americanos (OEA) en el hemisferio occidental y la Unión Europea en Europa, lo que habrá el próximo 7 de noviembre en Nicaragua no será una verdadera elección y no vale reconocerla como tal.
Está demás decirlo, pero tal vez hay que repetirlo: sin competencia de partidos políticos ni de candidatos independientes del régimen; sin libertades políticas ni garantías ciudadanas; sin posibilidad de hacer movilizaciones proselitistas opositoras ni siquiera bajo techo; sin un organismo electoral del Estado que sea independiente y confiable; y sin observación electoral nacional ni internacional, etc., no puede haber una elección libre y justa de acuerdo con los estándares internacionales.
De manera que, por lo menos en este año 2021, en materia electoral ya todo está consumado. Ya se sabe quiénes ganarán y quién quedará en segundo lugar para seguir disfrutando los beneficios que esto puede reportar. Y para saber más o menos con cuántos votos “ganarán” los candidatos oficialistas, basta ver las encuestas que los mismos titulares del régimen se mandan a hacer.
Sin embargo, como ya lo hemos dicho anteriormente, ni el 7 de noviembre de este año ni el 10 de enero de 2022 se terminará la historia de Nicaragua.
Lo más probable es que a partir de enero del próximo año se planteará una nueva coyuntura política, mejor dicho otro acto de la misma tragedia nacional, en la que se tendrá que hablar nuevamente de elecciones libres para abrir el camino a una nueva transición democrática. Para sacar a Nicaragua de la crisis y reconstruir la convivencia pacífica, respetuosa y libre de los nicaragüenses.
Y seguramente se volverá a hablar de adelantar las elecciones, o de una posible constituyente, que son instrumentos políticos idóneos para resolver las crisis de gobernabilidad y convivencia nacional. Ya veremos.
