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CONTENIDO EXCLUSIVO.Daniel Ortega sigue regalando nacionalidad nicaragüense a sus allegados. El extranjero recién nacionalizado es Viktor Pavlovich Trukhin, originario de la Federación de Rusia. Él dirige el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov, inaugurado en Managua con la promesa de convertirse en un referente para América Latina y el Caribe en lo referido a la producción e investigación inmunobiológica y epidemiológica.
Viktor Pavlovich también es cónsul honorario de Nicaragua en San Petersburgo, cargo que le otorgó el régimen en abril de este año.
En medio de la ola represiva impuesta por el régimen Ortega y Rosario Murillo, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) se ha sumado a las instituciones utilizadas arbitrariamente para callar las voces críticas y premiar a los aliados. Mientras a religiosos y activistas se les cancelan sus permisos de residencia e incluso la nacionalidad, a “amigos” cercanos y socios de negocios o política se les convierte como favor o agrado en nicaragüenses en trámites expeditos, sin importar incluso los problemas legales que algunos enfrentan en sus países de origen.
A cinco años de su inauguración, la planta de Biotecnología Méchnikov solo volvió a tomar relevancia hace algunos meses, cuando se anunció la posibilidad de que en ella se elaboraran vacunas contra el Covid-19. Según medios oficialistas de Nicaragua “la planta con tecnología rusa trabaja para convertirse en un importante proveedor de vacunas contra el Covid-19 para Latinoamérica”. Sin embargo, casi tres meses después no se ha vuelto a mencionar el tema de la elaboración de vacunas en dicha planta.
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Pero mientras ese plan se concreta, la DGME resolvió que el médico y empresario Viktor Pavlovich Trukhin ha cumplido los requisitos y formalidades establecidos en la Constitución Política “al ser profesional del sistema de salud altamente calificado, contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico en beneficio del pueblo nicaragüense”. Por tanto, le otorga la ciudadanía nicaragüense.
¿Qué dice la Constitución al respecto?
La Constitución Política de Nicaragua establece que “la Asamblea Nacional podrá declarar nacionales a extranjeros que se hayan distinguido por méritos extraordinarios al servicio de Nicaragua”.
La Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería —en su artículo 52—, también establece que la Asamblea Nacional podrá declarar nacionales a extranjeros que se hayan distinguido por méritos extraordinarios al servicio de Nicaragua. Sin embargo, fue la DGME la que otorgó la nacionalidad y la ministra de Gobernación, Amelia Coronel, quien refrendó la resolución.
Según especialistas, quienes piden anonimato por temor a represalias del régimen, se desconoce cuándo llegó al país Viktor Pavlovich Trukhin y si cumplió el requisito de la residencia permanente durante cuatro años. O si se le otorgó la nacionalidad por sus “méritos extraordinarios”. De ser así, no se aclaró cuál ha sido su aporte a la nación, ya que el instituto que preside hasta ahora no pasa de ser un proyecto fallido.
En su artículo 53 la Ley 761 establece que podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense “los extranjeros que acrediten ser residentes por cuatro años, a partir de la fecha de obtención de la cédula de residente permanente”, previa renuncia de la nacionalidad de origen o adquirida y cumplir con los demás requisitos establecidos en la presente Ley”.
Mientras que el artículo 54 de la mencionada ley dice que en el caso de los centroamericanos y españoles “podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense cuando sean residentes permanentes en Nicaragua por un periodo continuo de dos años sin necesidad de renunciar a la de su país de origen”.
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Los aliados nacionalizados
Pero Viktor Pavlovich Trukhin no es el único que se ha nacionalizado este 2021. El pasado 30 de junio el expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, recibió la nacionalidad nicaragüense sin haber vivido en Nicaragua el tiempo requerido ni haber mostrado méritos extraordinarios (para la nación), ya que incluso está acusado de cometer actos de corrupción durante su mandato.
Sánchez Cerén es un profesor que fue militante del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN) y actualmente tiene 77 años. Él es el segundo expresidente salvadoreño acusado por delitos de corrupción al que Ortega le concede la nacionalidad. El 2019, Mauricio Funes también recibió este beneficio.
Pero esta es una práctica de vieja data de Daniel Ortega. En el pasado además de la nacionalidad a extranjeros les ha otorgado cargos diplomáticos, tal fue el caso de Mazen Othman, jordano, quien fue nombrado nicaragüense y embajador en Palestina, o el libio Mohamed Farrara, representante en Kuwait en 2017 y luego embajador en los Emiratos Árabes Unidos. Otro caso es Marcela Pérez Silva, peruana y viuda de Tomás Borge, quien es embajadora de Nicaragua en Perú desde 2012, tras la muerte de su esposo.
Mientras estos personajes reciben sin problema la nacionalidad, otros la han perdido. En noviembre de 2018, la activista Ana Quirós fue despojada de ella, tras casi cuatro décadas de vivir en Nicaragua y haberla ganado por ley. Después de despojarla de la nacionalidad, la DGME la deportó.
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Otro caso reciente es el de la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Carmella María Rogers Amburn, conocida como Kitty Monterrey, quien hace pocos días tras perder la personería jurídica de su partido fue despojada de su cédula de identidad y pasaporte nicaragüenses. Ella nació en Estados Unidos, pero es hija de madre nicaragüense y vivió en el país la mayor parte de su vida. En su caso, la Constitución le otorga el derecho a la nacionalidad de la madre.
De acuerdo con los especialistas, esto demuestra que las leyes se aplican a conveniencia de la autoridad que la aplica o directamente del régimen. En los últimos días se han registrado otros casos en los que se sigue este patrón de premio-castigo, entre ellos los de algunos sacerdotes como fray Damián Muratori, a quien después de cuarenta años de vivir en el país como residente permanente le fue suspendida su estadía y le han otorgado, sin ninguna explicación, dos prórrogas de noventa días para seguir en el país.
Otros sacerdotes han enfrentado casos similares, incluso algunos han optado por abandonar el país tras décadas de servicio pastoral, comunitario y haber destacado por sus obras religiosas y sociales en zonas de gran necesidad.