La legitimidad es un concepto jurídico y político que caracteriza y define lo que está hecho “de conformidad con la ley, la justicia, la razón o las reglas establecidas”. En el caso de los gobiernos, estos son legítimos solo cuando emanan de la voluntad del pueblo expresada electoralmente.
Lo legítimo es diferente a lo legal, que es simplemente lo que concuerda con la ley, independientemente de su calidad buena o mala. La ley puede ser abominable, dictada por intereses egoístas y minoritarios como por ejemplo los de un partido político y en algunos casos de una familia oligárquica que detenta el poder. La legitimidad en cambio “es la concordancia con principios de ética social que están por encima de la ley”. (Rodrigo Borja, Enciclopedia de la Política).
Hacemos esta reflexión a propósito de que en medios opositores al actual régimen de Nicaragua, dentro y fuera del país, se habla de que las elecciones del próximo 7 de noviembre podrían ser declaradas ilegítimas, si no se ajustan a los estándares democráticos internacionales sobre elecciones libres, justas y transparentes, que son condiciones indispensables para que puedan tener legitimidad. Esta premonición política se ha hecho al parecer inminente, al cancelar el régimen la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), el único de la oposición que estaba participando en el proceso electoral.
El eurodiputado español Javier Nart, aseguró recientemente que el Parlamento Europeo y la Unión Europea no reconocerán los resultados de las elecciones de noviembre en Nicaragua, porque según su opinión serán fraudulentas. Nart le da un particular y cuidadoso seguimiento a los acontecimientos de Nicaragua y está al tanto del proceso político del país, no solo de ahora sino que históricamente.
Cuando la guerra contra la dictadura somocista en la que participaron muchos extranjeros internacionalistas, él estuvo en el Frente Sur Benjamín Zeledón del FSLN e inclusive fue herido por metralla de la Guardia Nacional. En enero de 2019, casi 40 años después, Nart volvió a Nicaragua como miembro de una delegación del Parlamento Europeo que vino a ver la situación del país después de la rebelión de abril de 2018, para tratar de ayudar a encontrar una solución pacífica y negociada del conflicto nicaragüense. Con ese fin los delegados del órgano parlamentario de Europa se pronunciaron a favor del adelanto de las elecciones nacionales, como una vía para salir de la crisis de gobernabilidad que sufría Nicaragua, que la sigue sufriendo hasta ahora.
Pero la opinión de Javier Nart sobre las elecciones de Nicaragua es personal, no representa una posición oficial del Parlamento Europeo y mucho menos del Consejo de Europa, que es el organismo gubernamental. En el caso de que quisieran juzgar la calidad de las elecciones de Nicaragua en noviembre, ambas instituciones europeas tendrían que resolver de acuerdo con sus normas reglamentarias si deben declararlas legítimas o ilegítimas.
Además, le correspondería a la OEA hacer primero una declaración de tal naturaleza y solo después harían lo mismo el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. En el sistema internacional es a la OEA que le tocaría, en tanto que organismo hemisférico, la responsabilidad de declarar oficialmente si las elecciones de noviembre fueron legítimas o no, y por lo tanto reconocer o desconocer a las autoridades que resulten de ellas.
En todo caso es muy probable que sean declaradas ilegítimas, pues el régimen de Ortega se ha negado a acatar las resoluciones de la OEA para que las elecciones puedan ser transparentes y válidas. Y la eliminación de CxL viene a ponerle la tapa al frasco.
