CONTENIDO EXCLUSIVO.
Algunos de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega deberían estar con arresto domiciliar, consideran abogados, y no con prisión preventiva por ser procesados valetudinarios o que presentan enfermedades de alto riesgo, sin embargo los jueces han impuesto 90 días de detención judicial en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote.
El artículo 176 del Código Procesal Penal (CPP), relacionado con la Sustitución de prisión preventiva por domiciliaria explica que “el juez puede sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria, entre otros casos, cuando se trate de: 1. Mujeres en los tres últimos meses de embarazo; 2. Madres durante la lactancia de sus hijos hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o 3. Personas valetudinarias o afectadas por una enfermedad en fase terminal debidamente comprobada”.
Karla Sequeira, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó que otorgar el arresto domiciliar y no la detención judicial por 90 días a un procesado depende exclusivamente del criterio del juez que lleva la causa. “Sobre todo porque depende de las enfermedades, depende de la situación médica que esta persona (el detenido) enfrenta. Hay personas de 60 años que perfectamente pueden soportar la prisión, tener 60 o más años no es una eximente de responsabilidad penal y no por eso no aplican las medidas correctivas, sin embargo lo que hacen (los jueces) es, o aminorar las penas o dar una medida alterna a la prisión preventiva”, detalló.
Las personas valetudinarias son aquellas mayores de 70 años que sufren los efectos de la edad como: enfermedades, estados de salud delicados y padecimientos crónicos. Y por otro lado, la tercera edad es la etapa de la vida humana que inicia a los 60 años. En Nicaragua la Ley de Adulto Mayor aplica a las personas mayores de 60 años.
“Con respecto a las personas valetudinarias tienen que tener un trato preferencial. Todo anciano arriba de 70 años se puede considerar un valetudinario porque padece de reumatismo, de la presión, de la pelvis, de múltiples padecimientos y no se le puede tener bajo régimen carcelario; lamentablemente lo que la ley expresa, lo que la ley manda taxativamente no se respeta y se basan en los criterios personales del judicial”, cuestionó el abogado penalista Oscar Vargas.
El inciso 13 del artículo 6 de la Ley 720, Ley del Adulto Mayor, ordena a que se le garantice ante los jueces o tribunales competentes un proceso sencillo, con prelación, celeridad, gratuidad e inmediatez, con las debidas garantías procesales, que le ampare contra actos que violen o puedan violar sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Lea también: Familiares de detenidos se organizan ante la nula información sobre las condiciones de sus parientes
Estos son los presos políticos enfermos
En lo últimos 68 días el régimen ha detenido a 31 presos políticos. Entre ellos hay personas de la tercera edad. El excanciller Francisco Aguirre Sacasa tiene 76 años de edad y fue llevado por la Policía a las celdas del Chipote hace seis días, luego un juez le impuso 90 días de detención mientras continúan las “investigaciones” por los supuestos delitos que se le imputan.
El analista político, José Pallais, de 68 años, tiene 55 días de estar detenido y según sus familiares padece de múltiples enfermedades crónicas como: problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, obesidad, apnea del sueño, glaucoma y problemas en la columna.
“En general, en todos los casos de los presos políticos se ha solicitado cambio de medida y no han sido resueltas (las peticiones) por el judicial. Igualmente en todos los casos se ha solicitado una audiencia especial para revisar lo actuado en la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales para determinar si el Ministerio Público va a acusar en el término de 15 días o hasta los 90 días, ya hay presos que llevan hasta 60 días de detención”, afirmó la abogada de Pallais, quien solicitó el anonimato por temor a represalias del régimen orteguista.
La opositora Violeta Granera, de 68 años de edad, tiene 56 días de estar detenida. En la semana de su captura tenía que realizarse exámenes relacionados con el corazón y padece de presión alta, según advirtió su hijo Julio Sandino Granera.
“El abogado de mi mamá ha pedido el cambio de medida cautelar, pero no tenemos respuesta alguna. La lucha que nosotros venimos haciendo ha sido apegada a la ley, nosotros estamos claros que si la dictadura cree que mi mamá tiene una acusación —que sabemos que es totalmente falsa—, entonces debe ir a los juzgados y demostrarlo… me preocupa la salud de mi mamá porque ya está cumpliendo dos meses en encierro y no sabemos nada de ella, no sabemos en qué condiciones está y al igual que el resto de presos políticos (la Policía) solo nos ha dejado meter agua y medicinas, pero lo que queremos saber es ver cómo está ella”, solicitó Julio Sandino Granera, hijo de Violeta Granera.
El exguerrillero sandinista, Víctor Hugo Tinoco, de 69 años, lleva 51 días encarcelado y según sus familiares padece del síndrome de Meniere, que se caracteriza por presentar mareos muy fuertes, zumbidos en los oídos y pérdida de la audición.
Enferma por detención del padre
Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, dijo que la salud de ella se ha deteriorado desde que el régimen decidió apresar a su padre y cree que el abogado de este no ha solicitado el cambio de medida cautelar. El pasado 14 de julio ella confió a LA PRENSA que oficiales de la Policía del Chipote le solicitaron una tobillera que necesitaba el preso político, lo que produjo en la familia desconfianza sobre su estado de salud.
“He empeorado de salud por un problema que se llama ascitis, que es un líquido que se acumula en el abdomen por un cáncer que tengo en la pared abdominal, entonces sí he empeorado. Nos dijeron en la Policía que mi papá estaba bien, que parece que lo había visto un médico. Que yo sepa el abogado no ha pedido el cambio de medida cautelar para que mi papá pueda estar con arresto domiciliar”, aseveró Tinoco.
El exguerrillero sandinista, Hugo Torres, de 73 años, conocido por haber participado en la década de los años 70 en una operación militar que permitió la liberación de Daniel Ortega, lleva 51 días preso. Su hijo, Hugo Marcel Torres, ha afirmado que su padre no padece de ninguna enfermedad, pero responsabiliza al régimen de lo que pueda pasar con su salud.
La exguerrillera sandinista, Dora María Téllez, de 65 años, lleva 51 días tras las rejas del Chipote. Sus familiares han asegurado que no padece de enfermedades, pero desconocen su estado, puesto que no han podido verla.
Personas mayores vulnerables
El artículo 168 relacionado con las Condiciones generales de aplicación señala que “la privación de libertad solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar la finalidad del proceso”.
“Se aplica la prisión preventiva cuando sabés que esa persona puede evadir su responsabilidad y puede evadir el proceso, o sea que se puede ir a la fuga, pero en este caso estamos hablando de personas mayores de edad que obviamente no van a salir corriendo, no van a salir huyendo, que son valetudinarias, que tienen diferentes enfermedades crónicas, que simplemente con el hecho de tener que salir (del país) ya correrían riesgo en su integridad física”, consideró la abogada Sequeira.
Pedro Joaquín Chamorro Barrios, de 69 años —hijo mayor del Mártir de las Libertades Públicas de Nicaragua, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios—, cumple este viernes 42 días de estar encarcelado presuntamente en las celdas del Chipote. Los familiares a la fecha no tienen información de él y ni siquiera lo han logrado ver.
«Él no padece de enfermedades, pero no sabemos cómo estará su salud, no sabemos nada de él, no lo hemos visto ni los familiares ni sus abogados», dijo Marta Lucía Urcuyo, esposa de Chamorro.
Por otro lado, el aspirante a la Presidencia por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Arturo Cruz, de 68 años, este viernes cumple 62 días de estar en detención judicial. Fue detenido por la Policía el pasado 5 de junio cuando regresó de un viaje que hizo a Estados Unidos; su vivienda fue allanada y desde entonces el régimen lo mantiene incomunicado supuestamente en las celdas del Chipote. Se desconoce su estado de salud, mientras que su abogado Maynor Curtis denunció que no ha podido entrevistarse con él.
Te puede interesar: Fiscalía confirma detención de excanciller Francisco Aguirre Sacasa, bajo investigación por 90 días
El caso de don Justo
La Policía del régimen apresó a don Justo Rodríguez, de 68 años, el pasado 20 de abril del 2020. A pesar de advertencias de familiares y abogados de Rodríguez sobre su salud, los funcionarios no autorizaron el arresto domiciliar, por lo que tras las rejas sufrió un derrame cerebral que hasta la fecha lo mantiene postrado en una cama en su vivienda, en la Isla de Ometepe.
El artículo 20 de la Ley del Adulto Mayor relacionado con la Protección Legal advierte que “todos los actos de violencia institucional o intrafamiliar, física, psicológica, económica, sexual u otros, en contra del adulto mayor serán sancionados administrativa o penalmente de acuerdo con la legislación nacional vigente”.
El artículo 172 del CPP, relacionado con la Revisión indica que “el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares mensualmente, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas”.