La situación de los derechos humanos de las niñas y adolescentes en Nicaragua

En un informe realizado en el año 2020 sobre “Violencia sexual, embarazos forzados y acceso a servicio de la salud”, elaborado por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que se realizó el marco del 177º período de sesiones ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se expuso que en la región latinoamericana y del caribe los partos de niñas menores de 14 años van en aumento. 

A su vez, se resaltó lo establecido en las legislaciones de los Estados de esa región, y en lo expuesto por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) que sentenció lo siguiente: “Todo embarazo en una niña de menos de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violación sexual”.

Nicaragua con altas tasas de madres menores de 18

En el año 2019 el Instituto de Medicina Legal (IML) registró 4.564 casos de abuso sexual donde el 82.4% eran casos de niñas, niños y adolescentes. Es así como Nicaragua se convierte en uno de los países de la región con una de las tasas más altas de madres menores de 18 años (28.1 %), el informe también reveló que al menos 5 niñas, por día, son obligadas a ser madres y al mismo tiempo se reconoció que los hombres responsables de este delito oscilan entre las edades de 20 a 25 años.

“Tenemos una antigua deuda con las niñas y con las adolescentes, somos el segundo país de América Latina y del Caribe con las más altas tasas de embarazos en ese sector”, manifestó la activista feminista María Teresa Blandón asegurando al mismo tiempo que casi el 30% de los embarazos anuales ocurren en adolescentes y niñas.

Niñas y adolescente no están listas para ser madres:

Según Blandón existen razones de sobra, tanto fisiológicas como psicológicas, por las que una niña o adolescente no se encuentra en la capacidad para convertirse y tomar la decisión de ser madre: “Una de las más contundentes es que un embarazo a esa edad mata, pone en riesgo la vida de las niñas. Lo vimos recientemente con la criatura de la laguna de perlas y no es un caso único. El cuerpo de una niña no está preparado para soportar el embarazo”, expuso Blandón.

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La niña de 13 años con iniciales E.L. murió el 31 de julio del presente año luego de sufrir un shock hipovolémico y de que su corazón se detuviera como consecuencia de una “hemorragia posparto, por desgarro de útero, más atonía uterina” es decir, una vez terminado el parto su útero no se contrajo. 

Las niñas y adolescentes según el psicólogo Carlos Hochi, no se encuentran en la capacidad para poder decidir ser madres, pues aún su psique (conjunto de  procesos conscientes e inconscientes) se encuentra en desarrollo y sus necesidades aún precisan ser cubiertas por sus padres.

Para Blandón: “una niña no está preparada para cuidar a una bebé, lo hacen porque hay una presión de la sociedad y del propio Estado que las obliga a maternidades forzadas y que implica una negación a su humanidad y derechos”, puntualizó.

Hochi añadió: “Las niñas no pueden criar otras niñas. No hay madurez emocional, porque de seguro quedó embarazada sin planificación real de asumir el compromiso, pareja inestable. No hay independencia económica. Es remar contra corriente”.

Afectaciones psíquicas y físicas

El movimiento regional “Niñas no madres” en un informe elaborado en julio de 2020: “Niñas no madres, no más embarazos en niñas productos de violación”, declaró que el embarazo en niñas y adolescente, producto de violación sexual, tiene consecuencias preocupantes en ellas pues con gran frecuencia suelen acudir tarde a los servicios de salud y enfrentan muchas más complicaciones físicas y emocionales, entre ellas la muerte.

Blandón mencionó que existen casos aislados en los que las niñas embarazadas logran sobrevivir el parto pero sus cuerpos quedan con muchas secuelas, acorde al informe del movimiento Niñas no madres, algunos de los impactos negativos a la salud es la anemia, náuseas, infecciones urinarias o vaginales, hemorragias postparto e infecciones en general.

Entre las afectaciones a la salud mental que se registró en el informe de Niñas no madres, las niñas y adolescentes, en algunos casos, muestran síntomas de depresión, ansiedad, estrés postraumático, tanto por el abuso recibido como por el impacto de ser obligadas a maternar y todo lo que esto conlleva a su edad.

Situación alarmante de Derechos Humanos

El Código de la niñez establece lo siguiente:

Artículo 5.– Ninguna niña, niño o adolescente, será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel, atentado o negligencia, por acción u omisión a sus derechos y libertades.

Es deber de toda persona velar por la dignidad de la niña, niño y adolescente, poniéndolo a salvo de cualquiera de las situaciones anteriormente señaladas.

La niña, niño y adolescente tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o ataques y los que los realizaren incurrirán en responsabilidad penal y civil.

Pero en la práctica, Blando evidenció: “Los embarazos en niñas y adolescentes suponen una realidad, donde la sociedad no respeta la integridad de las niñas y las adolescentes. Esta sociedad se encuentra atravesada por la violencia, donde las niñas y adolescentes son víctimas de la misma […] al Estado no le interesa atender esta problemática, por esta razón las niñas embarazadas productos de una violación se quedan en la total indefensión. Su situación es de extrema vulnerabilidad y violación a sus derechos humanos”, reafirmó Blandón.

Artículo 44.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una educación, sexual integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima y el respeto a su propio cuerpo y a la sexualidad responsable, el Estado garantizará programas de educación sexual a través de la escuela y la comunidad educativa.

Ante esto Blandón denunció: “El Estado, los medios de comunicación y familias no invierten en la prevención de la violencia y en la educación sexual integral, que serían dos dimensiones importantes para atender este problema […] Las chavalas en la mayoría de los casos no tienen información, no han sido educadas en el conocimiento de su cuerpo, nadie les ha hablado de la sexualidad y nadie les ha dicho cómo opera el machismo hasta que les toca vivirlo”.

Las niñas y adolescentes se ven re victimizadas por la familia, la cual en conjunto a la sociedad en general realiza un juicio en contra de ellas: “Una chavala que fue víctima de abuso y sale embarazada es una apestada en la familia. Si antes tenía pocos derechos dentro de la misma, después de eso ya no tiene ninguno. Frecuentemente va a ser víctima de malos tratos y humillaciones”, expuso.

Sistema de revictimización

Las niñas y adolescentes embarazadas se tienen que enfrentar a una segunda victimización, además del abuso y violencia que ya vivieron. Blandón especificó que el sistema de revictimización, además de encontrarse dentro de la familia, se encuentra en las instituciones del Estado: “Se supone que el Estado tiene que ser garante de derechos y no. El Estado también revictimiza a las víctimas. Cuando van a denunciar muchas veces no les creen, no les toman la denuncia, ponen en cuestión la palabra de las chavalas, haciendo clara una defensa al agresor. Muchas veces abandonan las investigaciones sin notificar a la víctima y a la familia. Los agresores se pasean olímpicamente, burlándose de las víctimas”.

También respecto al caso de si una niña o adolescente que se encuentra en estado de embarazo, desea a continuar sus estudios, acorde a Blandón, estas reciben mucha revictimización de parte del personal docente, compañeros e institución en general: “las discriminan los profesores y profesoras, los alumnos se burlan, no hay una gestión del estigma y por eso se terminan saliendo de clases”, desarrolló.

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Violencia Obstétrica y otros tipos de agresiones

 Dentro de este ámbito de revictimización, de las niñas y adolescente que son sujetas de derecho, encontramos la violencia obstétrica: “Hay una denuncia de una chavala que fue a parir a un hospital público y la enferma y un doctor la regañaban, le decían cosa como: ‘Bueno, si abriste las piernas para acostarte con un hombre ahora tené el valor para abrir las piernas y parir’. Esto en el personal médico de la salud pública es inadmisible que suceda, pero aún así pasa con más frecuencia de lo que pensamos”, describió Blandón.

“Les dicen: ‘Ya sos mujer, sos madres y tenés que hacerte cargo vos de tu hijo’. A partir de ese momento deshumanizan a las niñas y adolescentes, deja de ser una persona con necesidades, sentimientos y aspiraciones. Se convierte en un ser que tiene que estar al servicio de otros. No es coincidencia que las chavalas que son madres a edades tempranas terminan en trabajos precarios, de alto riesgo o yéndose de la casa porque no soportan tanta humillación, malos tratos, falta de oportunidades y explotación. Allí el ciclo de pobreza y violencia se sigue repitiendo para ella y su hijo”, observó.

Omisión culposa

“El código penal en Nicaragua habla de que todo embarazo que ocurre en una niña menor de 14 años es producto de una violación. Una niña no puede dar consentimiento. Cuando se habla de una relación sexual se habla de que ambas partes consienten esta relación sexual y  el consentimiento supone información, libertad de elección, equipotencia entre los individuos. Una niña no tiene información, se encuentra en desventaja de equipotencia. Si un hombre tiene sexo con una menor de 14 es un delito y a como lo tipifica el código es un ‘abuso sexual”, enunció Blandón.

En el Código Penal de Nicaragua el Art. 23 Omisión y comisión por omisión, establece: Los delitos o faltas pueden ser realizados por acción u omisión. Aquellos que consistan en la producción de un resultado, podrán entenderse realizados por omisión sólo cuando el no evitarlo infrinja un especial deber jurídico del autor y equivalga, según el sentido estricto de la ley, a causar el resultado.

Las instituciones, el personal de salud o personas allegadas que sepan del caso de una niña o adolescente menor de 14 años embarazada tienen el deber constitucional de denunciarlo pero en la realidad no sucede de esta manera: “Tienen que comunicar los casos, si el código penal dice que una niña que está embarazada es porque fue violada entonces maestros, directores de escuelas, médicos, enfermeras e incluso la misma familia tienen el deber de denunciar ese abuso y la policía con las otras instituciones del Estado tienen la obligación de investigar el delito. Pero no lo hacen y es que hay una complicidad y una alta tolerancia social al abuso sexual a las niñas y el embarazo es naturalizado. No solo en el campo sino también en la ciudad”, dijo Blandón.

Defensoras urgen al Estado cese a la impunidad

“Tiene que haber una acción por parte del Estado preventiva, normativa y punitiva, pero son las tres porque el Estado no está haciendo nada. Tienen que respetar un mandato constitucional que incorpora la Convención Internacional de los derechos de los niños y las niñas, onde dice que no puede permitir ningún acto por acción u omisión que dañe la integridad y el desarrollo”, urgió Blandó. 

Blandón finalizó haciendo un llamado urgente al Estado de Nicaragua a reformular una nueva Ley de defensa y protección para las mujeres, niñas y adolescente: “Es preciso que el Estado elabore una nueva ley integral contra la violencia, porque la que tenemos ya la destrozaron y no nos sirven. Esta nueva ley debe incluir la atención a niñas y adolescentes víctimas de violencia y la sanción a los agresores para que esta cultura de impunidad no continúe siendo un factor que reproduce y perpetúa la violencia”, culminó.