La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió a don Pedro Salvador Vásquez, de 59 años de edad y conductor particular de la precandidata presidencial, Cristiana Chamorro Barrios y a doña Flor de María Ramírez, de 65, conocida como la «Señora del huipil», medidas cautelares tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y riesgo de daño irreparable, situación que es negada por el régimen de Daniel Ortega.
La Fiscalía reportó que Vásquez, el pasado 14 de junio, fue entrevistado en esa institución por las investigaciones en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). No informó que un día después fue apresado por la Policía y esta última instancia tampoco lo dio a conocer, por lo que su esposa Norma Vega lo da por desaparecido. Hasta le fecha el régimen no le permite ser asistido por su abogado ni ver a su familia, a pesar de no tener nada que ver con las investigaciones relacionadas al organismo no gubernamental.
«La Comisión solicita a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Pedro Salvador Vásquez. En particular, el Estado deberá tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de la persona beneficiaria, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; b) informe de manera oficial sobre su lugar de detención, y adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de la persona beneficiaria se adecúen a los estándares internacionales aplicables», expresa la resolución de la CIDH a petición del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
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Sobre doña Flor Ramírez, la Comisión advierte que “al ser mujer opositora, enfrenta una situación de riesgo acentuada debido a estereotipos de género, discriminación histórica y prejuicios relacionados a cómo debería vestir, actuar o los roles que deberían jugar las mujeres en la sociedad». Dichas medidas para la beneficiada fueron solicitadas por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
La CIDH ha identificado la intensificación de amenazas, hostigamientos, actos de vigilancia y represión selectiva de personas identificadas como opositoras. «Esos actos se manifiestan con la presencia de agentes policiales en las afueras de los domicilios durante todo el día, con el fin de impedir la salida de estas personas o sus familiares, o
identificar y registrar a toda persona que entre o salga del lugar”, critica la resolución del organismo.
Respuesta del régimen
Según la CIDH el Estado de Nicaragua indicó que garantiza los derechos de las personas sin discriminación. «El Estado señaló que la aplicación de leyes contra personas que han lesionado bienes jurídicos protegidos por el Estado no debe ser visto como un acto de agresión contra las personas. En lo que se refiere al propuesto beneficiario, el Estado indicó que él viene siendo investigado por la comisión de delitos comunes previamente tipificados en el ordenamiento jurídico, y por ende se encuentra sometido a los procesos legales correspondientes. Tales investigaciones y procesos se llevarían a cabo respetando las garantías correspondientes en apego a la legalidad, debido proceso y tutela judicial», fue la respuesta del régimen.
LA PRENSA intentó conocer la opinión de Norwin Cruz, abogado de Vázquez, para conocer los pasos legales que está ejecutando a favor de su representado, pero no respondió a las llamadas, no obstante en ocasión anterior dijo que «el poder judicial y la Policía están vulnerando el derecho constitucional de su representado a la defensa legal, ya que ha solicitado poder entrevistarse con su defendido, pero se le ha negado la oportunidad».
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«No he podido ver a mi esposo, no sé cómo estará su salud, no me le permiten ni toallas, ni una sábana, ni nada y veo que a familiares de otros presos sí les permiten, solo me saben decir que no es necesario, todo sigue igual, pero estamos en Dios que todo mejorará», dijo con mucha esperanza doña Norma Vega, esposa de don Pedro.
Otros beneficiados
El pasado 24 de junio, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Cristiana María Chamorro Barrios, quién está bajo arresto domiciliar, incomunicada; a Walter Antonio Gómez Silva y Marcos Antonio Fletes Casco, extrabajadores de la FVBCH, quiénes tienen 69 días de estar tras las rejas supuestamente en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo «Chipote». También, se concedió dichas medidas para la periodista Lourdes Arróliga, extrabajadora de la FVBCH.
El pasado 22 de junio, Cruz introdujo un recurso de exhibición personal ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) a favor de Vásquez, con el fin de que estos nombraran a un juez ejecutor, quien a su vez se daría a la tarea de increpar a las autoridades policiales para que mostraran y dejaran en libertad al detenido, pero fue rechazado bajo el argumento de que no fue presentado a tiempo en el marco de las 48 horas después de la detención.
Durante el 2o21 la CIDH registra el otorgamiento de 37 medidas cautelares, la mayoría a nicaragüenses, seguido de nacionales de Cuba, Venezuela, México, Colombia, Brasil, El Salvador y Argentina.
