El periodista independiente Iván Olivares, con 32 años de experiencia, en una carta pública reclamó al Ministerio Público el intento que hicieron por tergiversar sus declaraciones cuando fue citado por las investigaciones relacionadas al supuesto lavado de dinero, bienes y activos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Olivares le recuerda en la carta dirigida a la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas, que él compareció en dos ocasiones a esa institución, el viernes 16 de julio y jueves 22 de julio, y que las entrevistas fueron conducidas por el fiscal Manuel Rugama, quien le preguntó sobre su actividad periodística y su relación con la FVBCH.
«En ambas citas, noté que de forma sistemática el fiscal Rugama, representante del Estado, pretendió inmiscuirse en el fuero interno de mi actividad profesional, que se rige por altos principios de ética periodística, cobijados por las libertades de información y de expresión, y en última instancia por la libertad de conciencia. Además, en varias ocasiones intentó tergiversar mis palabras e incluso alterar mis declaraciones para que coincidieran con la narrativa oficial del Estado que busca estigmatizar y criminalizar la promoción y el ejercicio del periodismo independiente en Nicaragua», denunció Olivares.
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Amenazado con la Ley Especial de Ciberdelitos
Por dichas investigaciones el régimen de Daniel Ortega mantiene bajo arresto domiciliar e incomunicada a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, desde hace 64 días, y a los extrabajadores de la extinta fundación, Marco Antonio Fletes Casco y Walter Antonio Gómez, desde hace 69 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote.
«El fiscal Rugama también me advirtió que el ejercicio de mi labor periodística —que practico en estricto apego a la verdad, aun en medio de las restricciones que enfrenta la prensa independiente por la falta de acceso a la información pública— estaría reñida con el texto de la Ley 1042, o Ley Especial de Ciberdelitos. Para intensificar el tono amenazante de esta premisa, el señor fiscal me presentó e intentó deslegitimar notas periodísticas de mi autoría que fueron publicadas antes que dicha ley estuviese en vigencia, y que además se apegan a los más altos estándares de mi profesión y no representan violación de norma o ley alguna bajo el marco de las libertades de prensa y expresión», refutó el reportero.
Olivares actualmente labora de manera independiente, antes lo hacía para el medio de comunicación Confidencial. Aclaró que entre 2019 y 2020, participó en dos becas a título personal en la FVBCH. «En dos ocasiones, en las actas elaboradas por el fiscal Rugama, tuve que rechazar contundentemente que incluyeran y me atribuyeran la frase ‘la Fundación (Violeta Barrios) financia a Confidencial’, o ‘es probable que la fundación haya financiado a Confidencial’, o cualquier alusión similar. Incluso, eso casi llevó a que expulsaran del interrogatorio a la abogada que me acompañaba».
«Reitero, a través de este escrito, que nunca he dicho ante el Ministerio Público que la Fundación Violeta Barrios financia a Confidencial. Por el contrario, reafirmo que los fondos por los que concursé a título personal y que recibí de parte de la Fundación Violeta Barrios, que rondan los cien mil córdobas, fueron destinados exclusivamente para cubrir los costos de producción de los reportajes propuestos y acordados», denunció.
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Periodista siente inseguridad
El reportero consideró que la actitud del fiscal Rugama pretendía criminalizar el ejercicio del periodismo. «Las presiones contra mi persona en los interrogatorios, la tergiversación de mis declaraciones y la falta de respeto al debido proceso generan un clima de inseguridad contra mi persona, que me impide poder seguir ejerciendo el periodismo en Nicaragua», señaló.
En noviembre de 2008, una vez que Ortega regresó al poder, Olivares fue herido en el estómago con un arma cortopunzante por fanáticos del orteguismo, quienes pretendieron evitar que el comunicador diera cobertura a una marcha que había sido convocada por el entonces opositor Eduardo Montealegre.
Debido a las razones anteriormente planteadas por el periodista, dijo que para poder seguir ejerciendo el periodismo en libertad y en estricto apego a la libertad de conciencia, a los valores profesionales y éticos decidió exiliarse.
Olivares es el quinto reportero que confirma haberse exiliado en menos de dos meses por temor a represalias del régimen. Y es que el pasado 22 de junio, oficiales de la Policía allanaron la vivienda del cronista deportivo Miguel Mendoza y lo detuvieron argumentando supuestas violaciones a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Mendoza era un activo crítico opositor en las redes sociales.
