Como parte de la escalada represiva con la que Daniel Ortega ha asegurado su permanencia en el poder, ni los extranjeros que residen de forma legal en Nicaragua han escapado a los abusos. Los casos más conocidos y recientes son los de religiosos, a quienes la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) les ha aplicado discrecionalmente la legislatura referida al otorgamiento del estatus migratorio para permanecer en el país. Son varios los sacerdotes católicos a los que les han cancelado de forma antojadiza su residencia y han sido obligados a salir del país.
El caso más reciente es el de fray Damián Cosme Muratori, encargado del Santuario Tepeyac, ubicado en San Rafael del Norte, Jinotega y vicepostulador de la causa de Beatificación del Siervo de Dios Odorico D’ Andrea. El sacerdote de origen italiano tenía estatus de residente desde hace 45 años.
Pero el 30 de abril de este año que se presentó para retirar la renovación de su residencia, lo que recibió fue una prórroga de permanencia en el país por 90 días. Esta vencía el 29 de julio, pero la DGME citó nuevamente al misionero para supuestamente entregarle la residencia, pero nuevamente le extendió una prórroga por 90 días que vence el 27 de octubre de 2021.
Pero los sacerdotes no son los únicos, periodistas y dirigentes sociales también han sido alcanzados por esta estrategia que al parecer buscar callar voces con influencia entre la opinión pública; y aunque, según los abogados especialistas en temas migratorios, esto es un abuso, en Nicaragua no queda más que acatar la decisión, pues todos los poderes del Estado están subordinados a lo que disponga el Ejecutivo.
Total ilegalidad
Abogados con experiencia en materia migratoria, quienes piden anonimato, explican que el problema es que la Ley 761 —Ley General de Migración y Extranjería y su reglamento— deja a discreción de las autoridades migratorias su aplicación y estos funcionarios responden ciegamente a las órdenes de Ortega y Murillo.
Los especialistas aclaran que existen causales para la suspensión de los estatus migratorios que ya se han otorgado y que es obligación de las autoridades notificar al afectado la causa de la suspensión de ese estatus previamente aprobado. En los casos de los sacerdotes mencionados, a ninguno de ellos se les ha explicado el motivo de la suspensión de su residencia.
Los abogados también explican que en los casos en los que se suspende la residencia, ya sea temporal o definitiva, el afectado tiene derecho a seguir realizando las actividades que se le autorizaron al otorgarle la residencia. Ya que por eso la ley contempla varias categorías de residencia, entre ellas la de religiosos, deportistas, estudiantes, inversionistas y trabajadores.
Además, la ley también establece que estas prórrogas se otorgan justamente para que el solicitante tramite la legalización de su estatus migratorio. Por tanto, durante el periodo de suspensión no deberían enfrentar ningún problema para seguir realizando las actividades que contempla su residencia. Los sacerdotes en estos casos podrían seguir realizando sus actividades y servicios religiosos o sus trabajos pastorales y comunitarios mientras gocen de esta prórroga.
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Tras sacerdotes
En septiembre de 2018, la DGME le canceló la residencia al padre Julio César Melgar, de la Diócesis de Estelí. Él llegó al país en junio de 1980 y con 40 años de trabajo pastoral en el país renovaba la residencia permanente cada cinco años. Pero en plena crisis sociopolítica, la DGME le redujo a seis meses el permiso para permanecer en el país, pese a que había renovado su residencia en 2017 y se la habían otorgado por cinco años.
Actualmente el padre Melgar está a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, Estelí. LA PRENSA lo buscó para conocer cuándo logró recuperar su residencia, pero no está disponible. Desde el 25 de julio él se encuentra internado en el hospital de esa ciudad, donde según medios locales fue ingresado en estado grave tras contagiarse de Covid-19.
El padre Luis Alirio Carrillo, de origen colombiano, vivía en Nicaragua desde enero de 2011 y en los últimos años realizó su misión pastoral en Estelí. Él también tenía la residencia permanente que se renueva cada cinco años. La suya vencía en enero de 2022, pero en septiembre de 2018 le redujeron a un mes su permanencia en Nicaragua; el entonces obispo de Estelí Abelardo Mata optó por sacarlo del país y se desconoce si ha podido regresar.
Cacería de periodistas y ambientalistas
Otro caso de gran atención pública fue el de la activista del Movimiento Feminista Ana Quirós, quien tras cuarenta años de haber obtenido la nacionalidad nicaragüense, en medio de las protestas que en 2018 paralizaron el país, fue detenida y deportada hacia Costa Rica. En su caso y en el de los sacerdotes no se les explicó el motivo de la suspensión de sus estatus migratorios.
La lista de víctimas de la aplicación discrecional de la Ley 761 crece. La documentalista brasileña, Emilia Mello, llegó al país a documentar las protestas de 2018, pero fue detenida y deportada en agosto de 2018. Mientras que el periodista y documentalista austriaco-norteamericano, Carl David Goette-Luciak, que también vino durante la crisis, fue capturado y deportado en octubre de 2018.
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Antes de la crisis de 2018 también se registraron casos similares. En junio de 2016 fueron capturados y luego deportados seis extranjeros que se reunieron con la dirigente del Movimiento Campesino, Francisca Ramírez. Los extranjeros formaban parte de la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir, luego la Fiscalía anunció que no serían acusados penalmente.
Estos son solo algunos de los casos más conocidos de la aplicación arbitraria de la legislación migratoria. Pero según los abogados, son muchos los casos de religiosos e incluso ejecutivos de grandes empresas que en los últimos años han enfrentado estas irregularidades y que no tienen más remedio que abandonar el país ante la parcialidad y arbitrariedad en la aplicación de las leyes.
