El régimen orteguista, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), expulsó este lunes de Nicaragua a la activista y defensora de los derechos de la mujer Ana Quirós.
A Quirós, una de las voces críticas del régimen, la sacaron por Peñas Blancas a eso de las 7:10 de la noche. Horas antes, el Consulado de Costa Rica en Managua aseguraba que había sido informado de su detención y “próxima expulsión de la ciudadana costarricense nicaragüense”.
En un video publicado en Twitter por la vicepresidenta de Costa Rica Epsy Campbell, el cónsul general en Managua, Óscar Camacho, aseguraba que procederían a solicitar una visita consular urgente para ver el estado de salud de Quirós y su condición jurídica.
Le puede interesar: Migración cita a la activista Ana Quirós, quien teme que el régimen quiera quitarle la nacionalidad nicaragüense
Sin embargo, minutos después, confirmó que ya había sido entregada en Migración de su país y agregó que el estado de salud de Quirós es “óptimo”.
Quirós, con nacionalidad nicaragüense hace más de 20 años, es una activista de los derechos feministas. Fue, además, una de las primeras personas que resultaron golpeadas el 18 de abril pasado durante el inicio de las protestas en el país.
La citatoria
El sábado Quirós recibió una notificación en que la citaban para presentarse este lunes a la Dirección General de Migración y Extranjería, sin mayores explicaciones sobre los motivos.
Cuando Quirós llegó a la cita la Policía Orteguista había hecho alarde del despliegue de sus fuerzas antimotines, a las que instaló en los portones principales de esa institución.
“La citatoria no dice ni por qué ni para qué la citan y eso no es adecuado, no es correcto, es una violación de los derechos que tenemos los nicaragüenses”, manifestó la feminista Azahalea Solís.
Tampoco permitieron que la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores, le asistiera legalmente.
Lea además: Quién es Ana Quirós y por qué el régimen de Daniel Ortega quiere expulsarla de Nicaragua
La dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jiménez, aseguró que a ellas nos les autorizaron acompañar a Quirós en su cita y las autoridades en todo momento mantuvieron hermetismo total.
El abogado del Cenidh, Gonzalo Carrión, expuso que Quirós debió ser legalmente notificada de que le abrirían un procedimiento, esto “para que ella tenga el derecho de ser oída, el derecho a tener voz”.
Esto “porque incluso para un extremo pensado de que le vayan a quitar su nacionalidad, ella tiene incluso el derecho de los recursos y tiene que ser una resolución motivada y ella tiene derecho a recurrir, o sea para recurrir, tiene que estar en el país”, sostuvo Carrión, antes de conocerse la decisión de expulsión.
Tampoco el Meseni
Al sitio acudió la coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ana María Tello, quien solicitó acceso a esas instalaciones para conocer la situación de Quirós.
Aunque Tello permaneció frente al portón principal de la DGME alrededor de hora y media, al final no fue atendida.
“Como Meseni y en cumplimiento de nuestro mandato de seguimiento a las recomendaciones, nos quisimos acercar justamente para poder constatar de primera mano la presencia particularmente amplia de policías antimotines, la situación de las defensoras (…) para nosotros eso es importante, tener la constatación personal”, dijo Tello.
Y agregó la coordinadora de Meseni: “Entendemos que el Estado tiene la más absoluta responsabilidad por las personas que están aquí afuera y particularmente por las personas que están adentro. Nada me hace pensar que rápidamente no van a salir, terminado el trámite o redirigido el trámite deberían salir con mucha celeridad”.
Lea también: Frágil atención sanitaria en las universidades
Quirós había asegurado, antes ingresar a las instalaciones de la DGME, que no se le explicó los motivos del citatorio. No descartaba que intentaran quitarle el estatus de ciudadana nicaragüense, con intenciones de callar voces disidentes como la de ella.
“Me han notificado que me apersone a la Dirección General de Migración y Extranjería, no me han dicho la razón, no me han explicado absolutamente nada, cuando pedí que me dijeran, dijeron que eran simples notificadores y que me enteraría hoy (lunes)”, confió Quirós.
La citatoria no dice más que “si no llego me caerá el peso de la ley”, aseguró momentos antes Quirós.
Asimismo, refirió: “Yo quisiera que el peso de la ley me cayera y reconociera los derechos que tengo porque la ley me da la razón, la ley está conmigo, la razón está conmigo y voy a seguir luchando, voy a seguir hablando, no me van a callar, no van a terminar conmigo”.
A esa hora, ella no descartaba la expulsión del país, pues refirió que lo que buscan es tratar de silenciar al feminismo, silenciar a quienes exigen libertad y justicia, para que presos políticos sean liberados y exiliados puedan regresar al país.
Lea además: Activista feminista denuncia agresión perpetrada por grupos de choque orteguista
Tras denunciar lo que podría pasar en una conferencia de prensa y acompañada por defensoras de mujeres y de derechos humanos, Quirós, de origen costarricense, habló de su amor por este país, al que llegó hace más de cuarenta años y logró su ciudadanía hace 21.
“Mi amor por Nicaragua no se detienen o no se limita a un papel, no se limita a una decisión arbitraria, mi compromiso es de años, de toda mi vida por Nicaragua”, sostuvo Quirós.
La primera vez que llegó a Nicaragua fue tras el terremoto de 1972.
Advertencia para otras tres
Mientras Ana Quirós ingresaba a las instalaciones de la DGME, ante el fuerte despliegue policial, la periodista Sofía Montenegro destacaba que esto “es una muestra más de toda la arbitrariedad a la que cotidianamente está sometida toda la ciudadanía nicaragüense”.
Otras tres ciudadanas extranjeras con estatus migratorio de residentes en el país fueron citadas por la DGME. Dos de ellas ciudadanas españolas con 33 años de residir en Nicaragua y una suiza: Ana Ara Sorribas y María de Jesús Ara, junto a Beatriz Huber.
Las tres con amplia experiencia de trabajos solidarios en el norte del país, adonde llegaron durante la década de los ochenta.
Ana Ara explicó que a una de ellas le retiraron la cédula vigente y las que estaban en trámite de la misma, han anulado los procedimientos y deberán empezar de nuevo los requisitos para solicitar la residencia. A esto le agregan que cada quince días deberán presentarse a esas oficinas. “La advertencia es que no podemos participar en actividades políticas, eso ya lo sabemos después de 33 años de vivir en este país”, dijo Ara.