El observatorio ciudadano Urnas Abiertas en su quinto informe reveló y denunció que el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) continúa haciendo uso de los recursos del Estado para la «partidización de programas gubernamentales y conmemoraciones partidarias» en 57 de los 153 municipios del país.
Urnas Abiertas detalla que en las actividades partidarias del partido gobernante, hasta el 1 de julio, ha contado con la participación de al menos 23 entidades públicas, entre ellas la Policía. «El día 1 de julio, la Policía Nacional encabezó caravanas en distintas regiones del país en el marco de lo que el partido de gobierno ha denominado ‘Diana Bienvenida Julio Victorioso 42/19′», señala el informe.
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Advierte que la participación policial contraviene la «naturaleza civil y apolítica» de la institución pública, y añade que a través de reportes ciudadanos las caravanas partidarias fueron desarrolladas en 69 municipios que «fueron promovidas en un 100 por ciento por las Alcaldías Municipales y acompañadas por diferentes instituciones, principalmente la Policía Nacional y el Ministerio de Salud (Minsa)».
🔴 Ya está disponible nuestro quinto informe.
▶️ Recursos del Estado son usados para proselitismo político en los 17 departamentos y Regiones Autónomas, y en 57 municipios del país, con la participación de al menos 23 entidades públicas. La Policía en actividades partidarias. pic.twitter.com/gI36iUX3nd
— Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) July 15, 2021
Por ello, el observatorio ciudadano indica que lo anterior «comprueba la magnitud del nivel de influencia que posee el partido de gobierno, tanto en las instituciones del Estado como en el proceso electoral».
Las demás instituciones públicas
A parte de la Policía, el observatorio ciudadano logró identificar las otras entidades públicas que el régimen de Ortega utiliza para fines políticos. Entre ellas están: las alcaldías municipales; la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales, específicamente el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino; la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel); la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal); la Empresa Portuaria Nacional (EPN); el Instituto Nacional Forestal (Inafor); el Instituto Nicaragüense de Energía (INE); el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).
Continuando se sitúan el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el Instituto Tecnológico Nacional (Inatec), el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), el Ministerio de Educación (Mined), el Ministerio de Gobernación —específicamente la Dirección General de Bomberos—, el Ministerio de la Familia (Mifan), el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario, y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).
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En cuanto al uso de los bienes públicos que el FSLN ha utilizado enumeran que son: banderas y otros materiales alusivos al partido gobernante en edificios públicos, en la entrega de beneficios de programas sociales o en eventos públicos impulsados por instituciones estatales. Así como el uso de edificios públicos para actividades de las UVE (Unidades de Victorias Electorales), estructuras partidarias del FSLN.
También denuncia el uso de vehículos del Estado para caravanas partidarias y otras acciones impulsadas por el FSLN. Dentro de estos vehículos se incluyen patrullas, ambulancias y camiones de bomberos.
Trabajadores públicos bajo «amenazas»
El informe de Urnas Abiertas afirma que el gobierno de Ortega ha permitido y promovido que los trabajadores públicos «participen activamente en actividades partidarias y electorales del FSLN, en algunos casos bajo amenazas, vigilancia, hostigamiento, represalias y otras acciones coercitivas que les obligan a ser partícipes».
Asimismo, asegura que dentro de las instituciones estatales «existen estructuras partidarias del FSLN»; según el observatorio ciudadano, son quienes que impulsan actividades en las que «los trabajadores del Estado se ven obligados a participar como asambleas informativas o elección de Secretarios Políticos dentro de cada centro, quienes tienen como objetivo la conducción estratégica de los asuntos del partido en dicha institución. Asimismo, se registró que se dan acciones coercitivas para que las y los funcionarios públicos gestionen su carnet de militante del partido oficialista».
Los obligan a dar aporte económico
Igualmente, subraya que en algunas de las entidades públicas se reportó que se les está pidiendo —a los trabajadores— una contribución económica para el partido. «En todos los casos es explícitamente obligatoria, las personas que dan sus aportes deben firmar una nómina, y existe temor entre las y los trabajadores que se apliquen represalias contra quienes no hagan dicho aporte, en algunos casos esos aportes están siendo controladas por las UVE de la institución».
«Reportes indicaron que estos aportes son solicitados desde años anteriores, pero que en 2021 incrementó, hasta en 2,500 córdobas (alrededor de 70 dólares), en otros casos se mantienen cuotas menores entre 50 y 300 córdobas (entre 1.50 y 8.50 dólares)», denuncia Urnas Abiertas.
