Pese al arresto de veinte ciudadanos, la mayoría opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellos, cinco precandidatos presidenciales, el Consejo Supremo Electoral (CSE), dominado por militantes del Frente Sandinista, partido gobernante, avanza en las actividades establecidas en el calendario electoral, de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, denunció el observatorio ciudadano Urnas Abiertas.
Por lo tanto, alertan que «las condiciones actuales respecto a normativa electoral y derechos humanos no cumplen con los estándares internacionales, por lo que desarrollar un proceso electoral bajo estas condiciones desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen, nuevamente».
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En la presentación de su tercer informe “Radiografía de la persecución judicial contra la oposición de Nicaragua”, Urnas Abiertas recordó que el último precandidato presidencial detenido fue el periodista Miguel Mora, a eso de las 11:00 de la noche del domingo 20 de junio, bajo las acusaciones de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”, según la Ley 1055, creada y aprobada por la dictadura Ortega Murillo.
Mora es el quinto precandidato presidencial de la oposición puesto tras las rejas en lo que va de junio. En tan solo una semana (entre el 2 y el 8 de junio) cuatro aspirantes a la presidencia fueron capturados: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y son inculpados por diferentes delitos.
A pesar de la persecución judicial y la violencia política el CSE continúa ejecutando el calendario electoral pretendiendo que es posible el desarrollo de un proceso libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado.
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— Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) June 24, 2021
Para el equipo de profesionales en temas políticos, electorales y de derechos humanos que integran este organismo, la detención arbitraria de cinco aspirantes a la presidencia y los demás líderes políticos es parte de un proceso de persecución judicial. “La judicialización de la política, instrumentalización de la justicia o persecución judicial se refiere al uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios para inhabilitar o debilitar a oponentes políticos mientras se da una apariencia de legalidad a través del cumplimiento de leyes irregulares”, cita el informe.
De acuerdo con la radiografía que presenta Urnas Abiertas en su tercer informe, “el total y absoluto control legislativo que tiene el partido de gobierno es un elemento fundamental para la persecución judicial y, por ende, policial que se ha emprendido contra aspirantes presidenciales y otros liderazgos opositores”.
Denuncia irregularidades en el proceso electoral
A la vez alerta que a pesar de la persecución judicial y la violencia política que busca eliminar la competencia electoral, el régimen de Ortega y el CSE continúan ejecutando las actividades del calendario electoral, pretendiendo que es posible el desarrollo de un proceso electoral en el país bajo las condiciones actuales.
Ejemplo de esto señalan que el CSE realizó el nombramiento y toma de posesión de integrantes de los 15 Consejos Electorales Departamentales (CED) y dos Consejos Electorales Regionales (CER) y la entrega de credenciales a partidos políticos, en conformidad a lo establecido en el calendario electoral.
“La Presidencia de dichas estructuras se distribuyó, según consultas ciudadanas hechas por Urnas Abiertas, en 10 al partido oficialista FSLN y 7 al PLC, y el primer miembro en 10 al PLC y 7 al FSLN”, revela el informe.
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Mientras que el segundo miembro de los CED/CER se lo distribuyó el resto de partidos inscritos en la contienda electoral, los cuales presentaron sus ternas respectivas. Según consultas ciudadanas realizadas por Urnas Abiertas, estos cargos fueron asignados de la siguiente manera: Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) – 6 (35.29 %); Ciudadanos por la Libertad (CxL) – 5 (29.41 %); Partido Camino Cristiano (CC) – 3 (17.65 %); Yatama – 2 (11.76 %), Alianza por la República (Apre) – 1 (5.89 %).
No obstante, el secretario nacional y el responsable de prensa del PLC, Lester Flores y Cristian López, respectivamente, manifestaron que el CSE asignó a este partido la presidencia de los CED en ocho departamentos y en otros nueve departamentos se les asignó el cargo de primer miembro. Es decir, que al FSLN, liderado por Ortega, se le asignó nueve cargos de presidentes y ocho de primeros miembros.
Este miércoles, el CSE también dio a conocer la conformación de los 153 Consejos Electorales Municipales (CEM) con el nombramiento de 918 personas en los cargos de presidente, primer miembro y segundo miembro, con sus suplentes respectivos.
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A través de una nota de prensa, informó sobre la distribución por partido en los cargos propietarios y suplentes de segundo miembro, a diferencia de los CED/CER, donde no brindó dicha información. La distribución, según el CSE, es así: Ciudadanos por la Libertad (CxL) – 63 miembros, Partido Liberal Independiente (PLI) – 62 miembros, Partido Camino Cristiano (CC) – 61 miembros, Partido Alianza por la República (Apre) – 61 miembros, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) – 51 miembros, Yatama – 8 miembros.
De acuerdo con el registro de Urnas Abiertas, entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2021 se registraron 602 hechos de violencia política cometidos contra personas que forman parte de organizaciones políticas, movimientos sociales, organizaciones de víctimas o partidos políticos que están involucrados en el proceso electoral, en su calidad de integrantes, directivos, funcionarios o candidatos.
Urnas Abiertas es un observatorio ciudadano creado para el monitoreo del proceso electoral, que entregará informes periódicos sobre justicia y riesgo electoral con análisis nacionales, territoriales y temáticos relacionados con el desarrollo del proceso electoral.
