The Economist Intelligence Unit (EIU) —fuente de información para inversionistas en el mundo— considera que este año el Producto Interno Bruto de Nicaragua crecerá 4.8 por ciento, distanciándose de su pronóstico inicial de 3.3 por ciento. Sin embargo, el organismo considera que hay varios factores que serán un obstáculo en el crecimiento económico, destacando la inestabilidad política y el malestar social en torno a las elecciones de noviembre.
“A pesar de la agitación política en curso, esperamos que el PIB real crezca un 4.8 por ciento bastante firme en 2021, permitiendo que la economía nicaragüense vuelva a niveles pre pandémicos este año, aunque la mejora proviene de una base de comparación baja. Una recesión provocada por el conflicto político en 2018 se extendió hasta 2020 como resultado del brote de coronavirus y una temporada de huracanes difícil. A pesar del sólido resultado de 2021, el PIB real no volverá a su máximo de 2017 (4.9 %) hasta después 2024”, revela.
La firma de investigadores indica que el principal motor de crecimiento este año será el gasto público, que impulsará la demanda e inversión fija, mientras que el consumo privado se verá beneficiado por fuertes entradas de las remesas y finalmente, las exportaciones de bienes, particularmente en zona franca, recuperarán su dinamismo influenciadas principalmente por Estados Unidos.
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No obstante The Unit analiza que habrá varios obstáculos que no permitirán un crecimiento más rápido a corto plazo, comenzando por el Covid -19. “La pandemia tiene un potencial considerable para frenar las actividades de servicios, incluso sin la imposición de medidas formales de contención. Mientras tanto, los esfuerzos del Gobierno para detener la pandemia a través de su campaña de vacunación han avanzado poco, con menos del 3 por ciento de la población que ha recibido al menos una dosis de vacuna al 25 de junio. En medio de los continuos retrasos en las adquisiciones de vacunas, creemos que para la población general no se acelerará hasta finales de 2022 o incluso principios de 2023”.
El segundo factor al cual hace referencia The Unit es la restricción del crédito en el sector privado, ya que las tasas de interés para las empresas siguen siendo elevadas. Y un tercer factor es la inestabilidad política y el malestar social en torno a las elecciones de noviembre de 2021, lo cual afectará la confianza de los consumidores y empresas, y aumentará el riesgo de una fuga en los depósitos en el frágil sistema bancario de Nicaragua.
“Las perspectivas a mediano plazo en Nicaragua se verán empañadas por la preocupación de los inversionistas por evolución y la falta de confianza en el Estado de derecho, por lo que esperamos un crecimiento del PIB real en un promedio de 1.9 por ciento entre 2022-2025”, detalló.
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El 2022 será un año difícil
Por otra parte el informe señala que el próximo año será mucho más difícil por varios factores. “Esperamos que el Gobierno endurezca la política en 2022, a medida que las restricciones financieras se vuelvan más urgentes, en particular dadas las nuevas amenazas de recortes de fondos. Además de recortar el capital gasto, es probable que el Gobierno se embarque en una nueva ronda de reformas de la seguridad social”, indica.
Sin embargo, consideran que es posible que la reforma en el Seguro Social sea de corta duración como en años anteriores, puesto que no creen que se aborden una serie de problemas de fondo, como el aumento de los costos administrativos y su errada política de inversión. “Además, en la ausencia de una resolución al conflicto político, el INSS no podrá ampliar su base de contribuyentes a un ritmo sostenible”.
En cuanto al financiamiento interno se espera que el Gobierno continúe emitiendo bonos en moneda local, pero tendrá que ofrecer altas tasas de interés para atraer inversionistas, lo que elevará los costos del servicio de la deuda.
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Mientras que mantener el financiamiento externo no será nada fácil tomando en cuenta que la represión, las detenciones ilegales y demás medidas del régimen le han valido la condenación internacional, además de nuevas sanciones. Incluso se ha pensado en sacar a Nicaragua del DR-Cafta.
“Respondiendo a la presión de influyentes senadores estadounidenses se incorporó una cláusula en el proyecto de Ley Renacer que insta al poder ejecutivo a revisar la participación de Nicaragua en la Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica (DR-Cafta) como una herramienta adicional para presionar al régimen para que ceda terreno, sin embargo excluir a Nicaragua del DR-Cafta es un problema legal complicado”, indica.