Julio parece ser el mes de las revoluciones. Una de ellas ocurrió ayer, hace 128 años, cuando José Santos Zelaya, con el apoyo del general Anastasio Ortiz, jefe militar de León, dio un golpe de Estado a la junta provisional de gobierno.
Desde entonces los liberales nicaragüenses han considerado ese 11 de julio de 1893 como una fecha memorable, así como los sandinistas consideran el 19 como la suya. Una efigie del general Zelaya, colocada durante la presidencia de Arnoldo Alemán, se yergue cerca del centro antiguo de la capital, como homenaje al líder máximo del liberalismo nicaragüense.
Pero como ocurre con nuestra torturada historia, la mayor parte de nuestros “grandes” acontecimientos y “grandes” próceres, o padres fundadores, es muy prosaica. Claro que esto no lo reconocen ni los fervorosos liberales ni los fervorosos sandinistas. Ellos nunca han sido devotos de la objetividad histórica sino de la mitología política; aquella que convierte a enanos en gigantes y glorifica su pasado.
Cuando los hechos se contemplan con serenidad, la realidad que emerge es muy distinta a las versiones sectarias o románticas. Cuando la tropa liberal encabezada por Zelaya desfiló victoriosa en Managua, parecía a muchos que el país entraba en la tierra prometida del verdadero republicanismo. Atrás quedaría el oscurantismo iglesiero y el poder de la oligarquía conservadora de Granada. Una nueva Constitución, bautizada como la Libérrima, trazaría el nuevo camino libertario. Ella estableció, entre otras cosas, el sufragio universal, directo y secreto, la libertad de pensamiento y, en su artículo 94, la prohibición de la reelección sucesiva. Para reforzar dicha disposición añadió otro, el 159 que literalmente decía: “En ningún caso podrán decretarse la reforma de los artículos constitucionales que prohíben la reelección del presidente”.
Pero el tan recurrente divorcio entre la retórica y la realidad asomó la cabeza, pues mientras se aprobaba la misma Constitución el presidente Zelaya era investido, transitoriamente, de poderes extraordinarios, incluyendo el de legislar y procesar en lo judicial a quienes atentasen contra el orden público. Lo transitorio comenzó a convertirse en permanente cuando el presidente renovó, cada vez que se vencía, el estado de sitio o de excepción. Esta deriva autoritaria provocó una escisión en el congreso y la rebelión —sangrienta— de un sector del liberalismo encabezado por José Madriz, a quien la facción zelayista acusó de “traidor a la patria” y lo forzó al exilio.
La Asamblea, ahora bajo el total control del caudillo, suspendió las elecciones programadas para 1898 y lo eligió presidente hasta el 31 de enero de 1902, con la cínica disposición que los artículos antireeleccionistas (94 y 159) de la Libérrima surtirían efecto hasta después de dicha fecha. Esta llegó, pero, sorpresa de sorpresas, la Asamblea reeligió a Zelaya presidente para el período 1902-1906. Muy al estilo nica, en 1905 este ordenó una reforma constitucional que suprimió los molestos artículos reeleccionistas. Zelaya continuaría en el poder hasta su derrocamiento violento en 1909, gracias a la cooperación de su asamblea y con la ironía de que el coautor del sufragio universal, directo y secreto nunca practicó elecciones. Igual expulsó decenas de sacerdotes y persiguió a sus opositores, aunque no llegó jamás a las masacres.
Durante su período es innegable que hubo obras de progreso. Amplió las inversiones públicas con los precios favorables de las exportaciones de café, así como con empréstitos masivos. Promulgó un nuevo código civil y penal y liberalizó las ventas de las tierras comunales que poseían los indígenas desde la Colonia. Suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y aprobó el divorcio, medidas aplaudidas por muchos liberales, pero que no fueron jamás consultadas con la población, mayoritariamente católica. Aquí incurrió en otra irónica contradicción, consignada por Pablo Antonio Cuadra: que el dictador mantuvo a sus hijas en el colegio religioso de la Asunción.
Juzgar al régimen de Zelaya en menos de 700 palabras es imposible. Lo que no admite discusión es que cualquier mérito que se le conceda queda severamente opacado por la dañina y aparentemente incorregible propensión de nuestros caudillos a eternizarse en el poder, burlar las leyes y cambiar constituciones a su antojo. Los déspotas no merecen estatuas. Merecen otra cosa.
El autor es sociólogo e historiador. Autor del libro En busca de la tierra prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.
