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CONTENIDO EXCLUSIVO.El régimen de Daniel Ortega reconoció en su plan nacional de lucha contra la pobreza 2022-2026 que la crisis sociopolítica de 2018 —llamado por el orteguismo como intento fallido de golpe de Estado—, la pandemia del Covid-19 y los huracanes Eta y Iota le costaron dos veces el Producto Interno Bruto (PIB) al país; y aunque el Gobierno responsabiliza por ello a los “golpistas”, analistas económicos señalan que esto solo es una justificación ante la falta de solidez del modelo económico.
Bajo este mismo modelo —carente de una base sólida, según economistas—, el régimen expuso en el Plan de lucha contra la pobreza grandes proyectos sociales, sanitarios, educativos y económicos.
La dictadura estima pérdidas de 29,543.8 millones de dólares entre 2018 y 2023, lo que representa 2.3 veces el PIB nominal 2020. Un 94 por ciento de esto corresponde al intento fallido de golpe de Estado, según el orteguismo.
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“Con la crisis de 2018 se vino una caída fuerte del PIB y una recuperación difícil. Lo que ellos están planteando en el fondo es que los golpistas han provocado que ahora la economía esté con dificultades de crecer. La verdad es que no se presenta en el plan una propuesta sólida para generar no solamente una recuperación de la economía, sino un desarrollo sostenido y creciente con un factor distributivo más amplio”, manifiesta el economista Alejandro Aráuz.
Lo que plantea el régimen
El régimen plantea 12 rubros, entre ellos estabilidad macroeconómica, condiciones básicas (corredores estratégicos, puentes, energía, agua y transporte), talentos humanos (formación de profesionales), consolidación de los servicios públicos, producción en el campo y agroindustria, economía creativa y familiar, dinamizar el comercio, los mercados nacionales e internacionales, ciudades, barrios y comarcas inclusivas, medidas para enfrentar el impacto climático y la Costa Caribe como desarrollo socioeconómico.
Previo a las proyecciones, el régimen realiza un resumen sobre el desempeño de “los gobiernos neoliberales” y el “caos” en el que encontró las condiciones del país en el 2007. Adornado de propaganda política, el documento prosigue exponiendo los logros que ha hecho el “buen gobierno” de Ortega y las pérdidas registradas desde 2018.
A criterio de Aráuz, el documento es más que un plan, una campaña política en año electoral, donde resaltan gráficos de datos económicos y estadísticos del país sin fundamentos concretos.
“Lo que destaca como principal es su naturaleza política e ideológica, más bien un plan de soporte a una campaña política del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) dirigido a su membresía, partidarios y seguidores. Este elemento está prendido a lo largo de todo el documento. En efecto, no es un plan que tenga como objetivo metas concretas a partir de evaluaciones concretas y técnicas del plan anterior, no lo expresa ni mucho menos valora estos aspectos”, considera Aráuz.
El economista enfatiza que el país debe alcanzar una tasa de expansión del seis por ciento del PIB anual para poder recuperar los beneficios económicos, la cual “es un desafío de la política económica” debido a que un plan de lucha contra la pobreza “debe estar fundamentado en la democracia, el estado de derecho y la eliminación de la corrupción, entre otros puntos técnicos, sociales y económicos”.
Las proyecciones
Entre las proyecciones en el eje de condiciones básicas, el régimen apunta a tener una cobertura del casi el ciento por ciento de energía para el 2026. “Se continuará transformando la matriz de generación eléctrica con fuentes renovables, hasta alcanzar 64.22 por ciento en 2026, sin incluir importaciones (59.88 por ciento en 2021)”, dicta el documento.
Sobre la cobertura de agua potable, pretende alcanzar hasta el 96 por ciento en 2026 (91.5 por ciento en 2020); en el alcantarillado sanitario al 80 por ciento y en agua rural se llegará a 67.4 por ciento, según datos oficiales.
En cuanto a los recursos humanos y físicos del sector educación básica y media, el plan destaca que habrá más maestros y centros escolares en el 2026. Hasta ahora hay 8,583 nuevos maestros graduados y 2,400 estudiantes matriculados en formación inicial en escuelas normales.
Para el futuro, el régimen pretende matricular a nivel nacional 1.5 millones de protagonistas en capacitaciones y 205,289 estudiantes en educación técnica, principalmente de carreras técnicas y tecnológicas. Además, diseñar 15 nuevas ofertas de carreras de educación técnica y 50 nuevos cursos libres y modulares de capacitación.
Sobre la educación superior, el plan promete el seis por ciento constitucional a las universidades, lo que facilitará 50 mil becas, tener una matrícula de 200 mil estudiantes de grado y 10 mil matriculados en maestría y doctorado.
El sociólogo Cirilo Otero expresa que uno de los pilares para combatir la pobreza de un país es la educación de calidad y “liberadora”, pero esta debe empezar por aceptar, como verdad, el origen de la pobreza. “Invertir en educación y más educación, educación de calidad y liberadora, que sea actualizada, moderna, no arcaica”.
Otero refuerza su planteamiento con la promoción de una política nacional de intercambio, donde los jóvenes conozcan otras culturas, sociedades y experiencias sociales. Para ello, la política de educación debe ser de constante evaluación y actualización.
Firmes en inmunizar contra el Covid-19 al 70% de la población para 2022
En cuanto al rubro sobre la consolidación de los bienes y servicios públicos, la proyección de inmunizar contra el Covid-19 al 70 por ciento de la población nicaragüense para el 2022 sigue en pie, según el plan nacional, esto pese a que el gremio médico independiente ha señalado que bajo el actual ritmo de vacunación que tiene el Ministerio de Salud (Minsa), más la falta de disponibilidad de las vacunas, será imposible lograrlo.
Sobre el sector salud, el régimen busca construir cinco nuevos hospitales en este año y concluir 12 hospitales entre 2022 y 2026. Con estas estadísticas, quieren alcanzar 94 hospitales “en buen estado y bien equipados”; a 150.3 millones de consultas con sus medicamentos; a más de 26 millones de exámenes especializados por año y 291,390 exámenes de alta tecnología.
Otro de los ejes es seguir reduciendo la brecha de género en todos los campos. Para esto, el régimen recordó que Nicaragua ocupa el puesto número cinco entre los países con menor brecha de género, según el Foro Económico Mundial. Sin embargo, esto es fuertemente discutido entre las organizaciones feministas, quienes señalan que tener a mujeres en cargos públicos o ser beneficiadas con proyectos de economía creativa es sinónimo de igualdad de género.
Los cifras para la producción nacional
Para la política nacional de financiamiento a la producción, el régimen prevé colocar entre 2022 y 2026 más de 805.3 millones de dólares en este sector.
En el sector de la agricultura y ganadería, exportación, industria, infraestructura y tecnologías, se dispone de una cartera inicial de 307.6 millones de dólares. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas del sector industrial, tendrán una capacidad financiera de exposición crediticia hasta de 150 mil dólares y “con capacidad de exportación”.
Las nuevas promesas
Entre los proyectos millonarios de la cadena logística de transporte, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria está el estudio de factibilidad y diseños del proyecto del ferrocarril entre Managua, Masaya y Granada. Una noticia que viene sonando desde 2016 entre los medios oficialistas, pero que en el plan no especifica mayores detalles.
Otras de las propuestas es el puerto de aguas profundas en Bluefields, que costaría 590 millones de dólares; la terminal de cruceros en San Juan del Sur, con un valor de 74 millones de dólares, y el mejoramiento de capacidades técnicas y operativas de Puerto Corinto, con 24 millones de dólares.
¿Es posible reducir la pobreza con este plan?
A consideración de Aráuz, todos los enunciados que presenta el plan son necesarios y claves para el desarrollo de la economía, el problema es “que no tienen una base sólida en que asentarse y promoverse”; y mientras el régimen mantenga una política de economía que beneficie a los sectores aliados y no equitativamente a todos los actores, la economía estará sustentada en un “espurio”.
“Desafortunadamente, las élites dominantes en las sociedades empobrecidas estimulan la exclusión, sabiendo que esta práctica empobrece a la sociedad, pero le deja mayores y mejores renta a las élites dominantes. Por eso es histórico que en Nicaragua las élites han dicho: “no necesitamos gente estudiada, necesitamos mano de obra barata y campesina (…) Les quitan derechos, niegan y esconden los deberes del individuo y de la familia para empobrecer la mentalidad social”, declara Otero.
“Es imposible reducir el flagelo de la pobreza si el país no se construye con base a la democracia, el estado de derecho, la eliminación de la corrupción, y políticas públicas coherentes con el desarrollo social y sostenido, que incluye también el medioambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales”, insiste Aráuz.
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“Está demostrado que durante el gobierno de FSLN, del 2006 al 2017, los logros de reducción de la pobreza fueron pírricos, a pesar de que en ese periodo el país recibió más de 22 mil millones de ingresos provenientes del financiamiento, la cooperación externa y recursos concesionales. Sin embargo, la constitución de un gobierno corporativista (FSLN y Cosep), por intereses meramente políticos, intervino de forma u otra para preservar intereses propios en la redistribución de los recursos”, argumenta Aráuz.
El economista plantea que la concentración de la riqueza en un solo sector del país ha hecho que las micro y medianas empresas no tengan oportunidad de innovar sus métodos de producción y no puedan competir en un mercado con mayor demanda, y así puedan aumentar sus ganancias. En cambio, las grandes empresas disfrutan “de seguridad absoluta en su rentabilidad con altas tasas de ganancia y leyes que las protegían”, por lo que la población pobre continuó creciendo y las clases medias reduciéndose por falta de oportunidades.
¿Qué se requiere realmente para reducir la pobreza?
Aráuz destaca tres puntos para comenzar a reducir la brecha de la pobreza. La primera es el crecimiento superior al seis por ciento del PIB “de forma sostenida”, “el cual debe basarse en la inversión pública y extranjera a través de una alianza que no implique corrupción”.
Segundo, que se cumplan las leyes democráticas y un estado de derecho en el país, y que se incorpore a la pequeña y mediana empresa. “Que exista un tejido de las cadenas de valor y comerciales en el mercado interno y externo, también donde fluya la generación de empleo, con costos de transacciones reducidos, los que en general han sido promovidos por la ineficiencia, el partidarismo, el sectarismo del Gobierno”.
Tercero, participación de todos los sectores. “Combatir la pobreza y la desigualdad debe ser una importante contribución de los esfuerzos de todos los sectores sociales, empresas e instituciones, para demostrar sistemáticamente cómo la reducción de la pobreza depende crucialmente de las interconexiones entre desarrollo económico, política social y condiciones políticas. No se puede hacer frente a la pobreza y la desigualdad por medio de enfoques limitados de protección social, politizaciones, sectarismo y corrupción pública y privada, creyendo en la noción ahora desacreditada, que los beneficios del crecimiento económico lleguen de una manera suficiente por efecto ‘goteo’ a los pobres. El análisis apunta a la necesidad de nuevas direcciones en la política macroeconómica y del cambio estructural para generar empleo decente”.
En tanto, el sociólogo Otero aclara que la pobreza “es un estado humano multicausal”, que no tiene que ver solo con falta de dinero o recursos. “Frecuentemente nos equivocamos y creemos que la pobreza es la ausencia de recursos materiales o financieros. Esto es equivocado, la pobreza es un estado mental, material, de educación, del modelo económico que el país desarrolla (…) La pobreza se desarrolla profundamente en una sociedad desigual, en una sociedad excluyente, en una sociedad ignorante y analfabeta”.