El régimen de Daniel Ortega no respeta ni las leyes aprobadas por sus diputados en la Asamblea Nacional (AN), consideran abogados expertos en derecho penal, luego que la noche de este lunes oficiales de la Policía orteguista detuvieran a jóvenes opositores y líderes del Movimiento Campesino, quienes fueron señalados de ser cabecillas de diversos delitos ocurridos en el contexto de las protestas sociales desde abril de 2018. Los juristas indicaron que los hechos ocurridos en ese momento fueron eximidos de culpa, luego que se aprobara la Ley de Amnistía en junio de 2019.
En el caso de los líderes campesinos Medardo Mairena, Freddy Navas y Pedro Mena la Policía, a través de una nota de prensa, los presenta como «los cabecillas del asesinato de cuatro policías y civiles, secuestro y lesiones de 12 oficiales en el municipio de Morrito, departamento de Río San Juan, y de los tranques de la muerte en los departamentos de: Chontales, Boaco, Río San Juan y Zelaya Central», donde según la comunicación «cometieron delitos de homicidio, robo con intimidación, secuestros, extorsiones, violaciones, destrucción y daños múltiples durante el fallido intento golpe de Estado en el año 2018».
“Realmente vemos una vez más el patrón de una detención ilegal, de una detención arbitraria que no tiene fundamentación legal, es decir, en el primer párrafo de la nota (de la Policía) se refieren a hechos del 2018 que en la misma ley de la dictadura aprobada en 2019, que es una Ley de Amnistía, ya se encuentran amnistiados, es decir, seguimos viendo el patrón de un régimen que no cumple ni con sus propias leyes”, criticó la doctora en Derecho, Asunción Moreno.
El pasado 8 de junio de 2019 los diputados orteguistas aprobaron la polémica Ley de Amnistía que generó la liberación de al menos 600 presos políticos.
Ley incluía advertencia
Aunque la mayoría de presos políticos fueron liberados en 2019, en la práctica estos siguieron amenazados porque en la legislación aprobada quedó la amenaza con quitarles el beneficio de la libertad y ser encarcelados de nuevo si volvían a protestar, según el artículo 3 de la ley. En tanto, la Constitución Política de Nicaragua otorga el derecho a los nicaragüenses a manifestarse y movilizarse.
A los jóvenes opositores Lesther Alemán y Max Jerez la nota de prensa policial los señala de ser «los cabecillas de tomas y destrucción de centros de estudios como: la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua)», donde según la comunicación oficial habrían cometido «delitos de robo con intimidación, secuestros, lesiones graves, violaciones, extorsiones, destrucción y daños múltiples durante el fallido intento de golpe de Estado en el año 2018».
“Ya en junio de 2019 se promulgó la Ley de Amnistía donde se supone que todas las personas que fueron procesadas y todos y cada uno de los casos que se ventilaron a partir del año 2018 fueron prácticamente borrados, eso significa que en la parte de amnistía es un perdón y olvido, por lo que se supone que no deberían estar sacando esos antecedentes a las personas que fueron procesadas en el 2018 por estos delitos; en este caso sería contra Pedro Mena, Freddy Navas y Medardo Mairena. Aquí están sacando esos delitos cuando no pueden ser procesados por segunda vez por estos mismos casos”, explicó Karla Sequeira, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
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Abogados de la CPDH la mañana de este martes visitaron las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el nuevo Chipote, para solicitar información sobre el paradero de los dirigentes del Movimiento Campesino, pero se las negaron y fueron expulsados con violencia.
La abogada de la CPDH, María del Socorro Oviedo, denunció que fue empujada por un oficial de la Policía orteguista. “Al presentarme a una delegación policial, sea donde esta sea, nunca hemos obtenido una información útil, siempre somos abordados de manera grotesca y no hemos obtenido información, inclusive cuando se le increpa a la institución policial y se le hace ver que no únicamente somos defensores de derechos humanos, sino que somos abogados y que estamos ejerciendo la defensa de los privados de libertad”, recordó.
Ley de Amnistía es amplia
La abogada María Asunción Moreno detalló que la Ley de Amnistía beneficia a quienes estuvieron como presos políticos desde 2018 y a los opositores al régimen que no fueron capturados, pero que ahora son señalados de ser los cabecillas de las protestas. Explicó que la legislación, incluso, cubrió el asesinato de la brasileña Raynéia Gabrelle Da Costa Lima Rocha, estudiante de sexto año de Medicina en la Universidad Americana (UAM), ocurrido el pasado 23 de julio de 2018. Por este crimen fue amnistiado el empleado de la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), Pierson Gutiérrez Solís, de 42 años.
Los líderes campesinos Mairena, Mena y Navas fueron apresados en 2018 por la Policía del régimen y enfrentaron procesos judiciales irregulares, según denuncias de sus abogados y familiares. Fueron liberados por la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía. En el caso de Mairena, se convirtió este lunes en el sexto aspirante a la Presidencia del país en ser detenido.
La comunicación oficial de la Policía agrega que “asimismo los detenidos están siendo investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz», señala la información policial.
Moreno reiteró que la Ley 1055 no es una ley penal, sino de tipo administrativo que no permite la detención de una persona y tampoco puede aplicarse de manera retroactiva.