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CONTENIDO EXCLUSIVO.El próximo mes se cumple un año desde que el régimen de Daniel Ortega estableció, a través del Ministerio de Salud, como única institución para aplicar la prueba PCR para el Covid-19 a los viajeros al Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR), mejor conocido como Conchita Palacios. Desde entonces, no se ha rendido cuenta de cuánto ha generado este servicio que tiene un costo de 150 dólares, una de las tarifas más caras que aplica el Estado a sus servicios al público.
LA PRENSA revisó el informe de liquidación del Presupuesto General de la República del año pasado y el informe de ejecución presupuestaria hasta marzo de este año, pero no hay registros específicos y detallados de cuánto ingresa al Estado por este servicio y cuál es el destino final de estos recursos.
El informe de ejecución de presupuesto general muestra que para este año el Gobierno espera por venta de servicios de instituciones gubernamentales 537.27 millones de córdobas, de los cuales 134.98 millones de córdobas serán por servicios y permisos de salud. Hasta el primer trimestre de este año había una sobreejecución, pues se habían logrado 146.90 millones de córdobas.
No está claro, sin embargo, si en esta partida se está registrando la venta de las pruebas de PCR. Cabe mencionar que el Minsa también cobra por otros servicios al público, como la aplicación de la vacuna de la fiebre amarilla y otros.
El año pasado, por ejemplo, en esa partida por servicios y permisos de salud ingresaron 188.08 millones de córdobas, superior a los 130.66 millones de córdobas en el 2019. Es decir que en el 2021 hay una aceleración en este ingreso, pero no está confirmado si esto obedecería a las pruebas de Covid-19, porque no hay desglose del mismo, por lo que hay, por ejemplo, en la tarjeta de turismo que el Gobierno espera este año 17.02 millones de córdobas, pero hasta marzo había conseguido solo el 2.8 por ciento de esa meta.
La mayoría de los países de destino de los nicaragüenses, así como de origen de los turistas que visitan Nicaragua, establecieron como requisito la presentación de pruebas negativas de Covid-19, lo que implicaría que el Estado, al ser el único autorizado para aplicarlas y no se permite al mercado el ingreso de pruebas rápidas en el mercado local, sería el único receptor de la compra de este servicio.
Según datos del Banco Central de Nicaragua, sobre la evolución de personas embarcadas a través del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino entre julio del año pasado y marzo de este año, gracias a esa terminal han salido 70,800 personas, las que como mínimo habrían pagado al Estado unos 10.62 millones de dólares (un poco más de 370 millones de córdobas) por la compra de la prueba de PCR.
El mayor tráfico de viajeros se registra entre diciembre del año pasado y hasta marzo de este año, con una salida mensual de un poco más de 10,000 pasajeros. Y se espera que este empiece a crecer ahora que las aerolíneas, que están operando, aumentaron significativamente sus frecuencias a partir de junio y se espera este 1 de julio el retorno de Aeroméxico.
Estados Unidos y España son algunas de las naciones que continúan pidiendo prueba negativa de Covid-19 para ingresar a sus territorios, así como algunos países de Centroamérica, menos Costa Rica, que en su momento la solicitaba pero luego quitó dicho requisito.
A inicio de este año fue notorio que el Conchita Palacios no dio abasto para responder a la demanda de solicitudes de prueba, de tal manera que se observaban largas filas y aglomeración de personas para retirar los resultados de su prueba PCR para Covid-19.
La centralización del acceso a este test se volvió problemático cuando las primeras aerolíneas que reactivaron sus servicios en el país aumentaron la frecuencia de vuelos, además de las nuevas exigencia del principal destino de los nicaragüenses como es Estados Unidos.
Meses después el proceso mejoró considerablemente, al hacer la entrega de los resultados en línea y ya no presencial. Pero aún sigue siendo una barrera para la reactivación del turismo su alto costo.
Dayra Valle, consultora en temas de transparencia, sostuvo que el Estado tiene como responsabilidad informar cuánto se percibe de todos los ingresos públicos, porque eso es parte de la transparencia.
“Este un tema de salud pública, de interés nacional, conocer cuánto genera de ingresos a las arcas del Estado este servicio y cómo se están utilizando estos recursos, que deberían de ser para apoyar todo el tema de combate a los efectos del Covid, porque están cobrando las pruebas, y tienen un valor más alto que en otros países de la región, entonces podría creer que es una forma de recaudar recursos. Por eso aquí es importante conocer cuántos recursos les está generando y cuánto se está utilizando de ese ingreso” , dijo Valle.
En el Presupuesto General de la República, por ejemplo, se registra cuánto ingresa al Estado a través de la tarifa que pagan los turistas extranjeros que llegan a Nicaragua, por permisos emitidos por entidades para empresas, sanciones pecuniarias, entre otros. Es más, se registra cuánto recauda la Policía de Tránsito en las calles por sanciones a los conductores.
La pandemia ha sido un tema discrecional
Para el excontralor Agustín Jarquín Anaya, el problema radica en que todo el tema de la pandemia se ha tratado discrecionalmente, de manera que no se conoce cuánto se invierte en prueba, en vacuna, en insumos médicos, mucho menos se conoce la realidad de las personas que se han contagiado o muerto.
“El país ha recibido importantes donaciones de pruebas, de vacunas, en cantidades realmente grandes, han sido muy generosos con eso, pero en contraste la administración de Ortega y su esposa continúa siendo no transparente, incumpliendo con las obligaciones de la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, que establece que por obligación tienen que informar. Nicaragua está calificado como el país que informa menos y con poca transparencia, a eso se suma que la Contraloría de la República, según el artículo 9 de su ley orgánica, debe vigilar que todas las instituciones cumplan con su obligación y que informe sobre todos los datos de oficio, pero tampoco este órgano cumple con su obligación. Al final, todo lo que se recibe en donación el Gobierno lo usa discrecionalmente y todo eso afecta negativamente a los nicaragüenses”, dijo Jarquín.
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Para Jarquín, no se le debe exigir al Gobierno que rinda cuenta sobre los ingresos que percibe por la prueba de Covid, porque esto es parte de sus obligaciones. «El Estado está obligado, aunque nadie se lo exija, por ley está obligado, por ley debe rendir cuenta, pero no hace, ¿y qué sucede con esa cantidad de dinero, que es bastante? No sabe y eso abre puerta a la corrupción, de forma tal que la administración incurra en esta falla en detrimento del bienestar de los nicaragüenses”, expresó.
La cédula y las pruebas Covid 19
Además, Valle señala que la falta de transparencia en la rendición de cuenta en algunos servicios no es nada nuevo y un caso similar se observa con la cedulación, por la que se desconoce cuánto se percibe.
“Ha habido falta de transparencia en algunos temas, más en servicios públicos de alta demanda y recordemos que estos recursos alimentan el Presupuesto General de la República, pero no sabemos exactamente en qué cantidad, especialmente en un periodo de crisis, no solo como un sistema de rendición de cuenta hacia la ciudadanía, a la cual se le debe una explicación, sino porque hay que ver hacia dónde están siendo destinados esos recursos. Por ejemplo, los recursos de la cédula deberían estar dirigidos para mejorar ese servicio y si es la prueba de Covid, para mejorar las condiciones de atención o para mejorar el tema de la vacunación”, sostuvo.
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Desde el 2014, el Consejo Supremo Electoral cobra 300 córdobas por renovación y reposición de la cédula; sin embargo, nunca se ha informado cuánto se percibe al año por este servicio, que debería ser de bajo costo o gratuito.
“Este cobro debería de aparecer en ingresos del Estado y no es el único servicio que brinda el Estado, hay otros servicios que se han cobrado históricamente, incluso el Gobierno hace proyecciones de cuánto se pretende percibir en ingresos por ese servicio, ya se sabe que no se puede dar un dato preciso, pero ellos hacen proyecciones”, añadió Valle.
Una barrera para el turismo
Además, el cobro de este servicio ha sido una barrera para la reactivación del turismo, restándole competitividad al país.
A inicios de año José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) —ahora preso político—, manifestó que era claro que esto generaba una barrera de competitividad para el país, porque encarecía los viajes.
“En el caso de las pruebas rápidas, estas son hasta siete veces más baratas que las PCR, que son las que se exigen en el país. Es decir, en vez de pagar 40 dólares por los exámenes al entrar y salir, tenés que pagar alrededor de 300 dólares por las pruebas moleculares. Esto sumado a un pasaje de entre 900 y 1,000 dólares hace una odisea poder viajar a la inmensa mayoría de los nicaragüenses”, dijo Aguerri.
