Diferentes organizaciones políticas, feministas y médicas independientes de Nicaragua se pronunciaron de manera conjunta este lunes ante la ola represiva del régimen orteguista en contra de la oposición en el país, las detenciones y allanamientos ejecutados por la Policía orteguista.
En un comunicado, 36 organizaciones independientes afirmaron que el régimen actúa bajo el amparo de leyes inconstitucionales y acusaciones sin sustento legal para capturar y procesar judicialmente a 21 nicaragüenses que han sido capturados, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, periodistas, líderes opositores, un banquero y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
«Denunciamos ante la comunidad internacional y organismos de derechos humanos que todos estos secuestros han sido llevados a cabo bajo conceptos penales ambiguos y sin evidencia probatoria, violando todos los principios del debido proceso. Efectuándose estos secuestros en horas de la noche, sin órdenes judiciales, con lujo de violencia y con la participación de civiles armados, conocidos como paramilitares, que cuentan con total resguardo y observación por parte de la Policía Nacional», dijeron en el documento.
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Además aseguraron que «la instrumentalización del Poder Judicial y la persecución criminal en contra de los opositores a través de procesos viciados no es más que otra evidencia del Estado totalitario y la falta de institucionalidad que violan los derechos del pueblo nicaragüenses».
Los firmantes solicitan a la comunidad internacionales a exigir al Estado de Nicaragua el cumplimineto de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y democracia, y además, tomar como base las recomendaciones hechas por la OEA.
Y también exigieron:
1. La liberación inmediata de todas las personas que se encuentran encarceladas por razones políticas y de forma ilegal, incluyendo precandidatos presidenciales, líderes políticos y sociales.
2. El retiro inmediato de todas las inhibiciones e impedimentos de facto que impiden un proceso electoral competitivo, transparente, con observación internacional y que brinde verdaderas opciones de participación a la ciudadanía.
3. La restitución inmediata de todas las libertades civiles y políticas de la ciudadanía nicaragüense, incluyendo la libre movilización, reunión y la libertad irrestricta de prensa.
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4. El cese inmediato de todas las acciones de represión e intimidación, llevadas a cabo de manera constante por el régimen en contra de liderazgos territoriales a través del Poder Judicial, la Policía y fuerzas paramilitares.
5. Asumir el compromiso irrenunciable de somete el proceso electoral a una amplia observación internacional y nacional, así como el ingreso de las organizaciones internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (Oacnudh), la CIDH y el Meseni.
