Al controlar la Asamblea Nacional con mayoría de votos, en 2012 Daniel Ortega triplicó el número de concejales en todas las alcaldías del país, en teoría para lograr una mayor representación de la ciudadanía en los gobiernos locales y sus respectivas toma de decisiones; pero con el transcurso del tiempo quedó en evidencia que la movida solo logró garantizarle un salario —llamado dieta en la Ley de Municipios (Ley 40)— a más personas, la mayoría de su militancia sandinista.
Fue así que Managua —la plaza más grande de las 153 alcaldías de Nicaragua— pasó de 19 concejales a un «ejército» de 80 miembros, colmando el auditorio Miguel Larreynaga como mercado persa y en vez de potenciarse los debates y discusiones, disminuyeron estrepitosamente, tal como pronosticaron expertos en municipalismo. Silvio Prado, uno de los más incisivos, hoy retoma el tema.
«¿Dónde están los grandes cabildos, los concejales que se reúnen con la población en los barrios y los distritos? ¿Y el debate? ¿De qué ha servido tener 80 concejales en Managua? De nada porque son personas que están ahí no para representar a la población, sino para seguir la línea (de Ortega) y a los que están en oposición los aplastan, los ignoran. Ahí se ha demostrado», analizó Prado.
LA PRENSA ha comprobado que una vez reformada la Ley 40 para ampliar el Concejo Municipal, en 2012, en las siguientes administraciones municipales, al menos de la capital, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha colocado en sus listas de concejales a sus operadores políticos de los barrios, llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y que, según denuncias, funcionan como aparatos de vigilancia y control político.
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En la Administración de Reyna Rueda (2018-2022) de los 80 miembros del Concejo, 72 son del oficialismo, pero son pocos los que hablan en las sesiones y cuando lo hacen es para presentar informes anuales de las comisiones o proponer algún miembro para la creación de las mismas. Ninguno se ha atrevido a preguntar sobre el avance o estancamiento de una obra, o proponer la ejecución de un proyecto demandado por la población. Solo levantan la mano para avalar lo propuesto por la alcaldesa.
«La mejor evaluación de esa ampliación de concejales es la práctica y se ve que no hay mejor representación ni más participación de la ciudadanía en las decisiones públicas porque el Estado ha subsumido por completo el poco espacio de autonomía que existía, lo absorbió», denunció Prado.
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Cuotas en el resto de municipios
De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Reformas a la Ley 40, en los municipios con una población menor a los 30,000 habitantes el Concejo está conformado por 17 personas, en aquellos mayores a 30,000, pero menores o igual a 50,000 son 23 miembros y en los mayores a 50,000, pero menores o igual a los 100,000 la asignación es de 28.
En los territorios donde la población está entre los 100,000 y 150,000, son 35, en los municipios entre 150,000 y 200,000 personas son 40 integrantes del Concejo y para los que superan los 200,000 habitantes son 50 miembros. Managua quedó con la cuota de 80.
