Magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron la sentencia condenatoria de 13 años de prisión de primera y segunda instancia judicial contra las excarceladas políticas Celia Cruz, mujer transgénero, y Juana Estela López Alemán, originarias de la Isla de Ometepe, a pesar de que éstas fueron liberadas por el régimen de Daniel Ortega.
El pasado 25 de abril los presos políticos: Celia Cruz junto a Yubran Abel Mora Romero, Edwin Javier Mora Cajina, Engel José López Mora, Edman Jean Carlos Mora Ortiz fueron liberados. Todos los excarcelados son originarios de la isla de Ometepe y estuvieron tras las rejas de la dictadura solo por participar de la conmemoración del segundo aniversario de las protestas sociales de abril 2018.
«No ha lugar el recurso de casación interpuesto por la licenciada María del Socorro Oviedo Delgado, en calidad de defensa pública de la procesada Juana Estela López Alemán y por el licenciado Eber Hosbaldo Acevedo Villachica, en calidad de defensa técnica del procesado Amilcar José Cerda Cruz (nombre legal de Celia Cruz) en contra de la sentencia dictada por la honorable Sala Penal número Uno», dice la sentencia de los magistrados orteguistas.
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Abogado: «Aquí pueden caer presos los seis millones de nicaragüenses»
El 21 de julio de 2020, el juez orteguista Melvin Vargas, titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, los declaró culpables por el cargo de obstrucción de funciones en perjuicio de la Policía orteguista, quien según testigos los llegaron a atacar el 19 de abril, cuando estaban en el parque de la comarca Esquipulas, de la isla de Ometepe. La población reaccionó tirando piedras y palos a los policías cuando estos se llevaban presos a los jóvenes.
«A como hemos dicho, aquí pueden caer presos los seis millones de nicaragüenses, pero esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia es porque siguen con la tónica de ir condenando a todo mundo. Esto demuestra que el Poder Judicial no sabe de lo que hace el Sistema Penitenciario Nacional (SPN)… a ellos (los presos políticos) les otorgan la libertad sin ningún procedimiento legal, harían creer que el Poder Judicial está desinformado con lo que hace el Poder Ejecutivo. A ellos les otorgaron la libertad, la Fiscalía ni apeló y ni cuenta se dio, a mi ni me notificaron cuando los dejaron libres», señaló Acevedo.
Junto a ellos fue detenido el preso político Justo Emilio Rodríguez López, quien desmejoró su salud estando tras las rejas. Abogados y defensores de derechos humanos solicitaron a jueces, al Sistema Penitenciario Nacional e incluso al Ministerio de Gobernación que este recibiera atención médica oportuna, pero los funcionarios y el judicial se negaban a facilitarle ese derecho.
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Ante la falta de asistencia médica don Justo sufrió un derrame cerebral en la cárcel. Fue hasta este momento en que judiciales y autoridades del régimen decidieron llevarlo al Hospital Antonio Lenín Fonseca para que fuera atendido por los médicos. En ese lugar estuvo con custodios policiales y sus familiares eran asediados, maltratados y amenazados por policías y personal que labora en el sitio.
