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CONTENIDO EXCLUSIVO.Al menos cuatro bancos mantienen embargada, a través de un proceso judicial radicado en los juzgados de Tipitapa, a la empresa Avícola La Estrella, mejor conocida como Pollo Estrella, luego que esta presentara dificultades para honrar millonarios préstamos que contrató antes del estallido de la crisis sociopolítica en el 2018. Pero este caso solo puede ser la punta del iceberg, porque esta empresa no sería el único cliente del Sistema Financiero que está siendo sometido a un proceso de cobro vía judicial. Los casos se han multiplicado en los juzgados.
Los números de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) muestran un fuerte deterioro en la cartera de créditos en cobro judicial, la cual se ha disparado desde el 2018 hasta la fecha en más de un 200 por ciento.
En concreto, cifras de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) muestran que los cobros judiciales han incrementado un 221.76 por ciento entre marzo 2018 y abril 2021, de tal manera que el monto pasó de 579 millones de córdobas a 1,863 millones, lo que evidencia que ni las normativas de alivio financiero han podido ayudar a los miles de deudores que cayeron en impago en el contexto de tres años de recesión.
El mayor deterioro se muestra comparando el acumulado hasta abril de este año con respecto a diciembre del 2017, cuando los préstamos en cobro judicial significaban apenas 408 millones de córdobas, lo que equivaldría a un aumento acumulado de 356.62 por ciento.
No obstante si se compara abril del corriente con diciembre del año pasado se puede observar una ligera mejoría, aunque aún está lejos de caer a los niveles del 2017 o el acumulado a marzo del 2018, previo al estallido de la crisis sociopolítica. (Vea infografía)
La crisis política ha golpeado duro la economía, con tres años de recesión, lo que ocasionó una caída en la demanda interna, situación que se vio agravada por la reforma fiscal impuesta por el Gobierno en el 2019, que aumentó la carga impositiva a las empresas y trabajadores, estos últimos vía pago de mayores precios de los alimentos, bebidas y vestimenta. Además ese mismo año, en medio de una contracción severa de la economía, el Ejecutivo también impulsó una reforma paramétrica a la Seguridad Social.
Ese combo de medidas, que se mezcló con un incremento en la persecución tributaria y de cobro de tributos de las alcaldías, golpeó duramente a las finanzas de las empresas y hogares. La pandemia ha sido el tiro de gracias, como ocurrió con Avícola Estrella, que ante la incapacidad de pagar sus deudas está siendo sometida a un proceso de cobro judicial por al menos cuatro bancos, que buscan rematar los bienes puestos en garantía.
De hecho, una revisión realizada por LA PRENSA en las secciones de venta de bienes de los bancos muestra un aumento de oferta, especialmente de carros pequeños y grandes, casas, quintas, fincas, locales comerciales hasta maquinarias. Estos son bienes embargados o que el cliente no ha tenido que devolver a las entidades.
Para el abogado Juan Carlos López, director de la Defensoría al Consumidor es claro que los bancos no han sido flexibles con los clientes, ni aún sabiendo que muchos de estos antes de la crisis eran clasificación «A». Es más, indica que ni la normativa salvó a muchos clientes de caer en cobro judicial.
“Las normativas fueron creadas con el objetivo de establecer condiciones temporales que dieran a los deudores un alivio, lo cual, en la práctica cada institución financiera la manejó a su conveniencia porque claro está, que la banca nunca quiere perder y el único que paga los platos rotos son los consumidores. No podemos omitir que las normativas (del 2018 y 2020) ayudaron a una mínima parte de la población deudora, pero la gran mayoría de los deudores se quedó sin sus negocios, los desempleados fueron tratados por la banca sin piedad alguna, pues la mayoría pasaron por embargos, adjudicaciones de viviendas y actualmente aún siguen luchando por tratar de llegar a un acuerdo con el banco”, expresó López.
Sostuvo que desde la crisis sociopolítica hasta finales del año pasado atendieron más de 3,500 casos, de los cuales el 72.3 por ciento se resolvieron a favor del clientes, 18.7 por ciento aún están en proceso y un 10 por ciento se encuentra en cobro judicial.
“Los procesos ante los bancos y financieros no han sido para nada fáciles poder lograr un buen resultado para la población, pues más que nadie la banca sabe la recesión económica que está pasando el país, pero gracias a nuestras gestiones se ha logrado resolverle a los usuarios, pero no todo ha sido positivo parte de los bancos, financiera y microfinanciera han cerrado sus puertas a sus clientes, tomando acciones legales y judiciales en contra de los usuarios”, señala.
“Sabemos que el país, aunque todo parezca que está normal, estamos en un nivel de sobrevivencia y consideramos que no es justo bajo estas condiciones paupérrimas que los usuarios estén sufriendo demandas judiciales en su contra donde las entidades bancarias están despojando de sus bienes a los usuarios y otros de los casos adjudicando viviendas, dejando prácticamente en la calle a la población, si aún no han desalojado es porque, dada a la crisis del 2018 se anunció un decreto que se suspenda temporalmente los desalojos de viviendas, por cualquier persona natural o jurídica”, explicó López.
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Cámara de Comercio: bancos no han sido flexibles
Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), manifestó que desde la crisis sociopolítica muchas empresas han luchado por sobrevivir a las siete plagas de Egipto, pues si no le afecta un mal es otro.
“La verdad es que hay empresas que se han quedado más pequeñas a raíz de la crisis y la reforma, según lo que han comentado es que Nicaragua manejó bastante bien el tema macroeconómico, sin embargo el sector empresarial es el que ha mantenido los empleos y la estabilidad económica del país, hay una mejoría, se ve una reactivación, yo he hablado con varias empresas y están llegando a cifras interesantes, pero no es algo parejo, porque hay muchas empresas que están luchando por salir a flote”, dijo Hilleprandt.
Asimismo expresó que las empresas han tenido que lidiar con la recesión económica, la reforma fiscal, la del INSS, los cobros arbitrarios en la Aduana y otros impuestos, así como la falta de liquidez que no les ha permitido honrar sus deudas en tiempo y forma.
“Hay muchas empresas que se encuentran en crisis desde el 2018, y eso las golpeó porque tenían deudas con los bancos, y tuvieron que entregar vehículos, inmuebles, eso para muchas empresas fue duro, algunas no pudieron sobrevivir, eso fue grave. Las empresas se ahogaron financieramente porque tenían muchas deudas y a eso se sumó lo fiscal, pero además los bancos no fueron flexibles para decir págame a plazo”, lamentó Hilleprandt.
El economista Luis Murillo explica que realmente la banca fue dura al punto que en este momento los clientes se encuentran más ahogados financieramente.
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“Ellos (los bancos) están tratando de aplicar la normativa de una economía normal ante una economía en recesión, de tal manera que los únicos momentos de alivio prácticamente lo han usado para su mismo beneficio, incluso yo fui una víctima de ellos, yo tengo un préstamo, negocié con ellos y me dieron un margen de seis meses para que en vez de pagar una cuota de 280 dólares pagué 140 dólares, pero después de los seis meses quedé pagando 340 dólares y me ampliaron el plazo y no me dieron otra opción y tuve que aceptar”, sostuvo Murillo.
Difícil protegerse de un cobro judicial
López, por su parte, explica que al entrar un crédito a cobro judicial el proceso se realiza por medio de un abogado representante del prestamista, por lo que ya no es el acreedor el que decide la forma de pago sino la Corte, lo que complica más el proceso.
Cuando un proceso pasa a cobro judicial el monto de la deuda aumenta hasta un 50 por ciento por gastos administrativos, cobro de intereses corrientes, cobro de intereses por mora y honorarios del abogado.
Cuando un cobro judicial es interpuesto, la primera medida que se toma a nivel legal es levantar un embargo de todos los bienes y se congelan las cuentas bancarias y salarios del deudor a espera de un juicio, esto implica que tampoco se pueden vender o traspasar los bienes.
Murillo sostuvo que los usuarios deben de tratar de mantener sus cuentas al día, pero si son afectados por una crisis como la que está viviendo Nicaragua, es algo que se sale del alcance y todo queda a dispensa de lo que se pueda negociar con los bancos.
“Creo que en una situación como esta no hay mucho que pueda hacer el cliente, lo digo por experiencia, al final perdiste tu trabajo donde pasaste años, no tenés otra fuente de entrada, ¿qué te queda?, y si tenías más dos o tres créditos la situación es peor”, dijo Murillo.
Ley de Concertación Tributaria también afectó mucho
Otra situación que golpeó y sigue afectando a las empresas es la reforma fiscal aprobada a finales de febrero del 2019 y la cual debió ser revisada tres meses después de su aplicación.
“Nosotros consideramos que se necesitamos recuperar la solidez, se necesita que se revise la Ley de Concertación Tributaria, porque antes teníamos más ingresos y rentabilidad porque podían invertir en desarrollo y generar más empleo, pero ahorita estamos operando a la mínima expresión, la economía se ha hecho más pequeña, necesitamos leyes claras y estabilidad en el país”, añadió Hilleprandt.
A finales del año pasado el asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, aseguró que el gobierno de Daniel Ortega planeaba revisar en enero de este año el ajuste fiscal, pero han transcurrido seis meses del 2021 y hasta ahora no hay señal de que esto vaya a ocurrir.
En esa ocasión, el funcionario aceptó que la reforma fue brutal, “altamente exigente” y justificó que fue la única alternativa que le quedó al régimen después del bloqueo económico que se originó por la condenación de la comunidad internacional.
