El eurodiputado José Ramón Bauzá Díaz, una vez más ha comenzado a presionar a la Unión Europea (UE), en especial al alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, para que se pronuncie ante la situación de Nicaragua y aclare si la UE piensa ser cómplice del teatro que cocina el régimen orteguista.
Las exigencias del diputado del Parlamento Europeo se dan en el marco de la aprobación de las reformas electorales orteguistas con la que se inhibe la participación de la oposición en las próximas elecciones con la inclusión de las leyes represivas y la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) a fines a Ortega, para consumar otro fraude electoral.
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Consultado por LA PRENSA, el parlamentario dijo que «la ‘vuelta de tuerca’ más reciente ha sido la elección un CSE dominado por el orteguismo y una reforma electoral que garantiza que habrá fraude. Con esas condiciones no puede tener lugar un proceso electoral transparente y que respete los estándares mínimos exigidos por la comunidad internacional, busco que se pronuncie la Unión Europea cuanto antes, y mande un mensaje claro a Ortega de que no legitimará un fraude en noviembre».
En la carta escrita el eurodiputado señala que Ortega no tomó en consideración con la aprobación de la reforma del CSE y una legislación electoral, las exigencias planteadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), mismas recomendaciones que fueron igualmente recogidas por el Parlamento Europeo en su resolución sobre Nicaragua en octubre pasado, para garantizar unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en el país.
«En vez de ver un esfuerzo por parte de Ortega llevamos desde finales del año pasado viendo un recrudecimiento de la represión con el combo de leyes represivas», sostiene Bauzá en su carta dirigida al señor Borrell.
Cuestiona al alto representante Borrell
El eurodiputado Bauzá, del Partido Ciudadanos ante el Parlamento Europeo, sostiene que «Ortega no se va a detener hasta que se consume el fraude electoral en Nicaragua. Si algún ingenuo lo dudaba esta semana ha quedado demostrado. Llegados a este punto Josep Borrell debe aclarar de una vez si la Unión Europea piensa ser cómplice del teatro que cocina el FSLN».
Ante ese panorama, en su misiva le hace dos preguntas claves al señor Borrell: ¿Cómo valora el Alto Representante y el Servicio de Acción Exterior la nueva composición del Consejo Supremo Electoral y la reciente reforma electoral aprobada en Nicaragua?.
Además, le cuestiona ¿considera el alto representante y el Servicio de Acción Exterior que la Unión Europea puede reconocer el resultado de las próximas elecciones en Nicaragua si se celebran en las condiciones actuales?.
Ortega no se va a detener hasta que se consume el fraude electoral en Nicaragua. Si algún ingenuo lo dudaba esta semana ha quedado demostrado. Llegados a este punto @JosepBorrellF debe aclarar de una vez si la Unión Europea piensa ser cómplice del teatro que cocina el FSLN. pic.twitter.com/wE7PrgqFn7
— José Ramón Bauzá 🇪🇺 (@JRBauza) May 6, 2021
Sobre esos cuestionamientos Bauzá explicó a este Diario que ha utilizado ese canal ya que es uno de los instrumentos que emplean los parlamentarios europeos para «fiscalizar la labor de la Comisión y el Consejo, y que estas instituciones tienen la obligación de responder en un plazo máximo de seis semanas».
El parlamentario español insistió en que «mantengo mi exigencia de que el Parlamento Europeo debata la situación en Nicaragua el próximo mes de junio».
La resolución del Parlamento Europeo
En octubre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó con el 85 por ciento de los votos la resolución que pide sanciones para la dictadura de Daniel Ortega. 609 diputados, de un total de 694, votaron a favor. Solo 21 en contra.
En el primer punto de la Resolución aprobada, los eurodiputados piden a la Asamblea Nacional de Nicaragua que «rechacen la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros», así como cualquier otra ley similar en el futuro. El escrito indica que de aprobarse «la ley será instrumentalizada por el gobierno de Daniel Ortega para silenciar a los críticos, lo que agravará aún más la ya insostenible situación de derechos humanos en Nicaragua».
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En el segundo punto, instan al Gobierno de Nicaragua a que deje de criminalizar las voces independientes y detenga cualquier intento de controlar y restringir el trabajo de la oposición política, los medios de comunicación, los periodistas y la sociedad civil; pide la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, que se retiren todos los cargos en su contra y que se respeten sus salvaguardias legales fundamentales.
En el tercer punto, condena el uso indebido de instituciones y leyes por parte del régimen nicaragüense con la intención de criminalizar a los opositores políticos; pide al Gobierno de Nicaragua que cumpla en su totalidad los compromisos adquiridos en los acuerdos de marzo de 2019 con la oposición con miras a alcanzar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política en Nicaragua.